Bloomberg Línea — El Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte Zegarra atraviesa su mayor crisis tras el giro de los partidos que, hasta ahora, la habían mantenido en el poder.
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El Congreso de la República comenzó a debatir a las 21:22 (hora local) la admisión de cuatro mociones de vacancia por presunta “incapacidad moral permanente”, en medio de un repunte del crimen organizado y una creciente presión social.
Después de entre 10 y 15 minutos de debate, los legisladores peruanos votaron a favor de iniciar un procedimiento contra Boluarte, lo que podría permitirles destituirla esta misma noche, luego de que la mandataria se presente a las 23:30 al Legislativo para ejercer su defensa.
El punto álgido de la crisis social ha sido el ataque a tiros durante un concierto de la banda Agua Marina, en el Círculo Militar de Chorrillos, la noche del miércoles 8 de octubre, lo que evidenció el deterioro de la seguridad pública y desató un nuevo ciclo de protestas.
El descontento se intensificó al punto de empujar incluso a partidos de derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú a sumarse al pedido de destitución.
Tras la admisión de las mociones, la presidenta o su defensa legal deberán presentarse ante el pleno.
Luego, la vacancia requerirá una votación calificada no menor a 87 votos.
De prosperar, el presidente del Congreso, José Jerí, asumiría el poder interinamente, completando un ciclo de inestabilidad que ya ha visto seis presidentes desde 2016.
Mientras tanto, la Presidencia del Perú desmintió el jueves los comentarios publicados en redes sociales que afirmaban que Boluarte había renunciado al cargo.
A medios nacionales, el abogado personal de Boluarte, Juan Carlos Portugal, también negó que la mandataria esté planeando pedir asilo o fugarse del país. “Si la pregunta conduce a si la presidenta se va a fugar o se va a asilar, lo descarto. La defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia, ella está tranquila con su conciencia”, dijo.
Boluarte, de 63 años, goza de un 3% de aprobación popular, según un estudio reciente de Ipsos, su máximo nivel de rechazo ciudadano desde que inició su mandado en diciembre de 2022, cargo al que accedió por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo.
