Bloomberg Línea — El próximo Gobierno de Perú enfrentará un escenario desafiante para la inversión y el crecimiento, marcado por el reto de preservar la estabilidad macroeconómica en medio de crecientes presiones fiscales, sociales y de seguridad.
La nueva administración tendrá la necesidad de racionalizar el gasto público, resolver la situación de empresas estatales como Petroperú, fortalecer la recaudación tributaria y garantizar estabilidad política para mantener la confianza del mercado y aprovechar el potencial de los commodities.
Perú va a las urnas en medio de la incertidumbre por cuenta de la inestabilidad política que se ha vivido por lo menos en la última década y que llevó a la destitución de dos presidentes en menos de un año.
Para estas elecciones compiten un total 35 candidatos presidenciales, con figuras que van desde la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que ha encabezado los sondeos, hasta el humorista y presentador de televisión Carlos Álvarez (País Para Todos) y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular).
El jefe de estudios económicos en Scotiabank Perú, Ricardo Ávila, dice a Bloomberg Línea que el nuevo gobierno enfrentará el reto de garantizar la consolidación fiscal en un contexto de deuda pública que bordea el 34% del PBI y un déficit en alrededor de 2% del PBI, “llegando a cumplir la meta fiscal en 2025 gracias a los fuertes precios de los metales y una sólida demanda interna que incrementa la recaudación”.
No racionalizar el gasto público, en su opinión, podría traducirse en un deterioro de la credibilidad fiscal, reflejándose en mayores primas de bonos soberanos y de CDS y hasta una reducción en la calificación crediticia que actualmente se encuentra en grado de inversión con perspectiva estable.
“Por el lado fiscal, el próximo Gobierno va a recibir un reto enorme: asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo a Bloomberg Línea Hugo Fabrizzio Perea Flores, economista jefe de BBVA Research en Perú. “Para ello, tendrá que revertir las leyes aprobadas recientemente por el Congreso que implican un aumento significativo del gasto público”.
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Entre estas medidas se refirió al incremento de pensiones y beneficios laborales adicionales para ciertos trabajadores de la administración pública.
“En los últimos años, se han aprobado múltiples iniciativas con impacto fiscal significativo, lo que limita el margen de maniobra del Ejecutivo y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas”, manifestó a este medio Eduardo Ruiz, analista de riesgo global para la Región Andina de la consultora Control Risks.
Explicó que el Congreso ha impulsado aumentos salariales, beneficios para empleados públicos y exoneraciones tributarias sin financiamiento claro, generando presiones estructurales sobre el gasto. De hecho, “el Consejo Fiscal ha advertido que desde 2021 se han aprobado más de 200 leyes con impacto fiscal, triplicando el promedio histórico”.
A finales de marzo, el Consejo Fiscal del Perú advirtió que recientes leyes aprobadas en el Congreso generarían una fuerte presión sobre las finanzas públicas con un costo superior a los S/.11.000 millones (equivalente a un 1% del PIB).
Revertir la presión en el gasto
En visión de BBVA, si no se revierte esta presión de gasto, los déficits fiscales serán mayores y la deuda pública entrará en una trayectoria ascendente que puede llevar a que la ratio de deuda pública sobre PIB se acerque al 50% en 10 años.
“Con estas perspectivas, si la nueva administración no hace algo para anular estas leyes populistas, entonces se corre el riesgo de un recorte del rating crediticio”, según Perea Flores.
“Dada la inacción del actual Gobierno de transición, la siguiente administración tendrá que hacer demandas de inconstitucionalidad sobre estas leyes, las que tienen una alta probabilidad de ser ganadas en el Tribunal Constitucional. Lo que también será necesario es voluntad y apoyo político”, anotó el economista.
Activar el crecimiento potencial
Desde Scotiabank también se refieren al desafío de sostener el crecimiento económico en un entorno externo marcado por menor dinamismo de China (espera una ligera desaceleración hasta el 4,5% para 2026 y 2027, por debajo del 5% de 2025) y tasas de interés internacionales aún elevadas, con el riesgo de incrementarse a raíz del conflicto en Medio Oriente.
Dado que Perú depende en gran medida de exportaciones mineras, la volatilidad de los precios internacionales seguirá siendo un factor clave.
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“La combinación de restricciones fiscales y un entorno externo menos favorable exigirá políticas que fortalezcan la inversión privada y mejoren la eficiencia del gasto público”, dijo el analista Ricardo Ávila.
Detalló que la inversión privada depende principalmente de la estabilidad macroeconómica y de una sólida institucionalidad.
En ese sentido, Ávila señaló que “es importante garantizar un buen manejo en las políticas fiscales, monetarias y regulatorias”.
Señales de inestabilidad en estas políticas podrían frenar decisiones de inversión en el corto y mediano plazo.
La evolución de la inversión privada estaría estrechamente ligada al escenario político.
Si los candidatos que avancen a una eventual segunda vuelta son percibidos como moderados, la inversión podría incluso acelerarse en la segunda mitad del año.
Disciplina fiscal: un activo que debe preservarse
La racionalización del gasto público será clave para sostener las finanzas del Estado.
La solidez fiscal ha sido una de las principales fortalezas de Perú, permitiéndole mantener estabilidad macroeconómica y acceso a financiamiento en condiciones favorables, incluso en momentos de alta presión como la pandemia.
Este manejo responsable ha funcionado como un “bien público” que ha beneficiado a toda la economía.
Preservarlo será fundamental para evitar trasladar costos a futuras generaciones, según el economista jefe de BBVA Research en Perú.
Desde una perspectiva de mercado, “no avanzar en la racionalización del gasto público implica un deterioro progresivo de los fundamentales macroeconómicos y, en consecuencia, un aumento del riesgo país”, advirtió Eduardo Ruiz, analista de Control Risks.
En conjunto, “no avanzar en la racionalización del gasto no solo compromete la sostenibilidad fiscal, sino que debilita las condiciones para el crecimiento, aumentando la vulnerabilidad del país frente a shocks externos”.
Petroperú y su impacto en las cuentas públicas
La situación financiera de Petroperú continúa siendo un foco de preocupación debido a su elevado nivel de endeudamiento y retrasos con proveedores.
La empresa requiere apoyo constante del Estado, lo que implica un uso sostenido de recursos públicos que podrían destinarse a áreas prioritarias.
La ausencia de una solución estructural mantiene este frente como un factor de presión sobre las finanzas públicas y la percepción de riesgo país.
Desde la perspectiva de los inversionistas, Eduardo Ruiz dijo que Petroperú se ha convertido en un foco relevante de riesgo cuasi soberano, más que en un problema corporativo aislado. “Las recientes rebajas de calificación crediticia, incluyendo el downgrade a niveles altamente especulativos, reflejan preocupaciones sobre su alta deuda (más de US$6.000 millones), débil liquidez y dependencia estructural del apoyo estatal”.
En sentido, consideró que los mercados no evalúan a Petroperú de manera independiente, sino como un pasivo contingente del Estado. “La expectativa de rescates recurrentes, como los más de US$5.000 millones en apoyo entre 2022 y 2024, refuerza la percepción de que cualquier deterioro adicional se trasladará a las cuentas fiscales”.
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Mayor recaudación
Desde el punto de vista técnico, BBVA considera que el país aún tiene margen para aumentar la recaudación de impuestos.
Esto pasa, en primer lugar, por una racionalización de los beneficios tributarios, que superan los S/.25.000 millones (poco más del 2% del PIB) y en muchos casos no generan impactos económicos relevantes.
“Se ha hecho un uso exagerado de las devoluciones tributarias o de regímenes especiales de impuesto a la renta sobre actividades sin mayores beneficios o externalidades económicas”, expresó Perea Flores.
En segundo lugar, ve clave un combate más efectivo al incumplimiento tributario.
Según cifras de la SUNAT (el supervisor tributario), los niveles de incumplimiento por pago de IGV (el IVA en Perú) y por Impuesto a la Renta para empresas, equivalen, en conjunto, a poco más del 9% del PIB.
De acuerdo con el economista del BBVA, herramientas como la facturación electrónica, el uso de big data y la inteligencia artificial pueden contribuir a cerrar estas brechas, aunque su implementación requiere respaldo político.
“Me parece que con el combate al incumplimiento tributario se podría elevar rápidamente la presión tributaria, sin incrementar las tasas impositivas”, según el economista del BBVA en Perú. “Pero se requiere de apoyo político, en particular, la racionalización de las devoluciones tributarias o de regímenes especiales de impuesto a la renta”.
En línea con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre las acciones sugeridas por Scotiabank se cuenta una reforma tributaria para ampliar la base fiscal y sostener las finanzas públicas.
La presión tributaria en Perú se mantiene en torno al 15% del PBI, muy por debajo del promedio regional de 21%.
Sin cambios estructurales, Scotiabank señala que el déficit podría ampliarse y limitar la capacidad del Estado para invertir en infraestructura y servicio.
Desde Control Risk consideran que el margen político para implementar una reforma es limitado ante la fragmentación del sistema político, la debilidad de los partidos y los incentivos de corto plazo que reducen la viabilidad de medidas impopulares como aumentos de impuestos o eliminación de beneficios fiscales.
Además, “el Congreso ha mostrado una tendencia a impulsar medidas expansivas más que reformas estructurales, lo que sugiere una baja probabilidad de consenso político”, dijo Eduardo Ruiz.
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Garantizar estabilidad jurídica y política
Asimismo, Perea Flores dijo que el nuevo Gobierno deberá generar un consenso para consolidar un marco de estabilidad jurídica y política, de tal forma que se reduzca la incertidumbre que afecta las decisiones de inversión de largo plazo.
En su visión, si no se logra una mayor estabilidad, no se podrá aprovechar, entre otros beneficios, los altos precios de los commodities que Perú exporta y seguirá con un ritmo de crecimiento económico “mediocre”.
“Perú requiere crecer a mayor ritmo para lograr una rápida reducción de la pobreza y mejoras sensibles en los indicadores sociales y calidad de bienes y servicios públicos para que los ciudadanos sientan que la orientación promercado que ha caracterizado la conducción macroeconómica de las últimas tres décadas hace delivery y se traduce en una mejora del bienestar social”, apuntó Flores.
“Restablecer reglas claras” para mercado de capitales
Los retiros de fondos previsionales han reducido el tamaño y la profundidad del mercado de capitales, haciéndolo menos líquido y más volátil.
Esto encarece el financiamiento de largo plazo y eleva las tasas de interés para empresas y hogares, afectando tanto la inversión como el acceso al crédito.
Los analistas consideran que revertir esta tendencia será complejo sin un mayor respaldo político o sin fortalecer los mecanismos institucionales que limiten nuevas medidas de este tipo.
“Los ocho retiros de fondos de pensiones han totalizado una salida de US$40.000 millones, aproximadamente, ocasionando que el patrimonio administrado por las AFP se ubique en 25% por debajo de los niveles de prepandemia”, comentó Ricardo Ávila, de Scotiabank Perú.
Este menor nivel de stock afecta directamente al financiamiento de largo plazo para proyectos corporativos y de infraestructura, dado que las AFP son importantes inversionistas en dichos proyectos. “El nuevo gobierno debería restablecer reglas claras que fortalezcan el ahorro previsional y promover instrumentos alternativos de inversión para recomponer la liquidez del mercado”, consideró el analista de Scotiabank Perú.
Lidiar con la ola de violencia
Para BBVA, un segundo desafío será enfrentar el ascenso de la criminalidad, factor que está afectando las decisiones de gasto de consumo de las familias, emprendedores y empresas.
“El rápido incremento de la inseguridad está inhibiendo la inversión, distrae recursos e, incluso, ha penetrado el sistema político (la minería ilegal, por ejemplo)”, dijo Perea Flores.
Perú figuró el año pasado entre los países latinoamericanos en los que más incrementó la tasa de homicidios (9%), de acuerdo con un informe publicado por InSight Crime, un centro de pensamiento especializado en el análisis del crimen organizado.
El incremento en la tasa de homicidios de 6,0 a 6,5 por cada 100.000 habitantes en Perú el último año guarda relación con la proliferación de la extorsión y el actuar de estructuras como Los Injertos del Cono Norte, padecida, en especial, por el gremio de transportistas.
“Los casos de otros tipos de extorsión, como los préstamos gota a gota, también han ido en aumento y son un importante motor de la inseguridad”, analiza InSight Crime.
