Bloomberg — Un aspirante conservador a la presidencia en Perú promete un cambio importante en las políticas que representa el mayor temor de la industria minera: revocar permisos clave de exploración y redistribuirlos.
La propuesta es la pesadilla de las corporaciones mineras globales que operan en Perú —el tercer productor mundial de cobre y un productor clave de oro, plata y zinc—, las cuales se enfrentan cada vez más a los mineros informales por el control de territorios ricos en minerales. La industria los condena como mineros ilegales, mientras que los pequeños mineros afirman que la industria acapara tierras durante décadas sin explotarlas.
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“Las áreas inactivas volverán al Estado si no son utilizadas por la industria minera formal”, dijo Rafael López Aliaga, un exalcalde de Lima profundamente católico que practica el celibato y es más conocido como “Porky”. El hecho de que López Aliaga haya hecho esas declaraciones en el foro empresarial anual CADE —la reunión más exclusiva del país para ejecutivos locales— será difícil de aceptar para la industria minera y sugiere que otros candidatos podrían seguir su ejemplo.
La preocupación de que los derechos mineros puedan ser revocados ha sido la mayor preocupación de la industria en conversaciones privadas, pero rara vez se ha discutido públicamente. Si se pone en marcha, podría tener un enorme impacto en la mayor industria de Perú y para empresas clave como Southern Copper Corp, MMG Ltd y First Quantum Minerals, que dicen que algunas de sus concesiones mineras han sido tomadas por mineros ilegales.
López Aliaga es actualmente el favorito en un campo dividido de más de 30 candidatos, con un apoyo de alrededor del 10% según Ipsos. Perú celebrará elecciones generales en abril, en un momento en que una subida histórica de los precios del oro y el cobre ha empujado a cientos de miles de peruanos a abrazar la pequeña minería informal, amenazando a la industria establecida. La pequeña minería se ha convertido en los últimos años en una fuerza política por sí misma, desplazando a ministros de sus puestos y consiguiendo prórrogas en el Congreso para un controvertido permiso para los excavadores informales.
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“Hay un tema que me preocupa especialmente”, dijo Carlos Gálvez, expresidente de la cámara minera peruana SNMPE, que interpelaba a López Aliaga en el escenario del CADE. “Y es la gran proximidad de muchos mineros ilegales a su partido”.
López Aliaga, que lidera el partido Renovación Popular, dijo que eso era una “absoluta mentira” y una “gravísima calumnia”.
Otras propuestas de López Aliaga incluyen la presentación de un arbitraje de US$3.000 millones contra Brookfield Asset Management (BAM), su antiguo enemigo como alcalde, por la explotación de una autopista de peaje en Lima. También propuso que la alicaída petrolera estatal Petróleos del Perú SA sea sometida a un proceso de reestructuración por bancarrota.
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