Bloomberg Línea — La posibilidad de que Roberto Sánchez llegue a la presidencia de Perú ha elevado la atención de los inversionistas sobre el rumbo fiscal, institucional y económico del país andino, en una elección marcada por una diferencia mínima frente a Keiko Fujimori y por un amplio bloque de votantes aún sin definición clara para la segunda vuelta del 7 de junio.
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Con más del 99,9% de las actas contabilizadas, Sánchez logró mantener una ventaja cercana a 18.500 votos sobre Rafael López Aliaga y enfrentará a Fujimori en un balotaje que vuelve a polarizar el escenario político peruano. La excongresista conservadora obtuvo el 17,2% de los votos en primera vuelta, mientras Sánchez consolidó apoyo en regiones rurales y mineras del país.
JPMorgan (JPM) sostuvo que el balotaje representa “un verdadero lanzamiento de moneda”, en momentos en que las encuestas muestran un empate técnico y un elevado porcentaje de votantes indecisos o inclinados al voto blanco o nulo.
Según el banco, el resultado dependerá de la capacidad de ambos candidatos para captar al electorado urbano y moderado, especialmente tras una campaña que ha vuelto a poner en discusión el modelo económico peruano y la estabilidad institucional del país.
El banco destacó que, a diferencia de la elección de 2021, Fujimori llega “en una posición mucho más fuerte”, favorecida por una campaña enfocada en seguridad y criminalidad, además de una menor resistencia entre votantes jóvenes menos vinculados al legado político de Alberto Fujimori.
Dudas sobre el programa económico de Sánchez
La principal preocupación de JPMorgan se concentra en la capacidad de ejecución del programa económico de Sánchez y en sus efectos sobre la inversión privada, particularmente en minería, uno de los pilares de la economía peruana.
El informe señala que Fujimori mantiene una agenda “anclada en la ortodoxia de oferta”, basada en disciplina fiscal, desregulación y promoción de inversión privada. Su programa contempla reducir el déficit fiscal al 1% del PIB y preservar la independencia del Banco Central de Reserva del Perú.
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En contraste, JPMorgan afirmó que Sánchez impulsa “una reorientación fundamental”, con propuestas orientadas a elevar la presión tributaria hasta 25% del PIB, avanzar en una nacionalización parcial de recursos estratégicos y redactar una nueva Constitución.
Para el banco, el problema no radica únicamente en el contenido del programa, sino en la capacidad de implementarlo sin afectar la inversión. JPMorgan advirtió que “la aritmética fiscal y la credibilidad de implementación del programa de Sánchez siguen siendo cuestionables”, mientras sus propuestas podrían generar “parálisis de inversión de corto plazo, especialmente en minería, debido a la incertidumbre contractual y la retórica de nacionalización”.
Ese punto adquiere relevancia en un país donde el cobre y el oro siguen funcionando como amortiguadores macroeconómicos frente a shocks externos. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre y una fuente clave de oro, plata y zinc, factores que han sostenido la estabilidad de su mercado bursátil incluso durante episodios prolongados de inestabilidad política.
Sánchez obtuvo algunos de sus mejores resultados precisamente en provincias vinculadas a grandes proyectos mineros. Superó el 45% de los votos en Cotabambas y Chumbivilcas, zonas donde operan Las Bambas, de MMG Ltd., y Constancia, de Hudbay Minerals, reflejando el respaldo que mantiene entre comunidades que reclaman una mayor redistribución de la riqueza minera.
Congreso fragmentado y límites institucionales
Aun con el avance de Sánchez a segunda vuelta, JPMorgan considera que el marco institucional peruano podría limitar cambios estructurales profundos. El banco resaltó que el retorno a un Congreso bicameral y la ausencia de mayorías absolutas obligarán a cualquier próximo gobierno a negociar alianzas para aprobar reformas relevantes.
El informe sostiene que la agenda de Fujimori “trabaja dentro del marco constitucional existente”, mientras Sánchez busca “un cambio transformacional”, incluida una asamblea constituyente y una reestructuración institucional más amplia.
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Sin embargo, JPMorgan cree que el nuevo equilibrio político reduce las probabilidades de cambios radicales. Según el banco, “la fragmentación del Congreso y la aritmética del Senado bloquean efectivamente la reforma constitucional”, limitando la capacidad de Sánchez para impulsar un cambio de régimen político y económico.
Ese equilibrio institucional también aparece como uno de los principales factores de contención del riesgo político para el mercado. JPMorgan señaló que el Congreso, dominado por fuerzas de centroderecha y derecha, junto con las estrictas reglas de gobernanza del banco central, “deberían moderar el impacto de un gobierno potencialmente menos ortodoxo”.
La firma agregó que esa configuración reduce parte de la preocupación observada en otros mercados latinoamericanos, como el colombiano, y mantiene cierto soporte para los activos peruanos pese al ruido electoral.
Mercado atento al resultado del 7 de junio
El escenario electoral sigue abierto. Una encuesta de Ipsos realizada entre el 23 y el 24 de abril mostró a ambos candidatos empatados con 38%, mientras un 24% permanecía indeciso. Otro sondeo del IEP del 2 de mayo otorgó a Sánchez una ventaja marginal de 32% frente a 31% para Fujimori, aunque el 37% del electorado seguía dividido entre indecisos y votos blancos o nulos.
JPMorgan indicó que el resultado final dependerá de quién logre movilizar a ese segmento de votantes, en medio de un clima político marcado por el desgaste institucional de los últimos años. Perú tendrá en julio a su décimo presidente desde 2016 y ha atravesado cuatro gobiernos desde la elección de 2021.
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Pese a la volatilidad política, el banco mantiene una visión relativamente constructiva sobre algunos activos locales. JPMorgan reiteró su recomendación sobre Credicorp (BAP) tras la reciente caída de sus acciones y sostuvo que la entidad conserva ventajas estructurales y una posición resiliente dentro del sistema financiero peruano.
El mercado seguirá atento no solo al resultado de la segunda vuelta, sino también a la capacidad del próximo gobierno para convivir con un Congreso fragmentado, preservar la estabilidad macroeconómica y evitar nuevos episodios de confrontación institucional en uno de los mayores productores de cobre del mundo.
