Bloomberg Línea — Los mercados financieros observan con cautela el nuevo episodio de tensión fiscal en Washington. A pocos días de que expire la última resolución de gasto aprobada por el Congreso, la probabilidad de un cierre parcial del gobierno estadounidense ha aumentado de forma sustancial.
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La incertidumbre ha ganado terreno entre los inversionistas institucionales, que evalúan los posibles efectos de una parálisis administrativa sobre datos macroeconómicos y decisiones de política monetaria. Durante el cierre gubernamental más reciente, que se extendió por 43 días entre octubre y noviembre de 2025, el impacto sobre los activos fue acotado.
El S&P 500 registró una variación cercana a -0,3% y el dólar subió 1,34%. En un análisis difundido por UBS en ese momento se señalaba que “las clausuras gubernamentales han tenido, históricamente, un impacto limitado en los mercados”.
La firma recordó que en el shutdown de 2013 los principales índices “registraron solo caídas menores y repuntaron rápidamente incluso antes de la reapertura del gobierno”. También indicó que, en 2018, “el mercado accionario tocó fondo al tercer día y para cuando se reanudaron las actividades, el S&P 500 ya había subido un 10%”.
Tensión legislativa y riesgo operativo
El escenario actual volvió a complicarse tras un incidente ocurrido en Minneapolis el fin de semana, cuando un operativo de agentes federales derivó en la muerte de un civil. La situación impactó directamente en las negociaciones presupuestarias debido a que uno de los puntos sensibles es el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según Tom Porcelli y Michael Pugliese, analistas de Wells Fargo (WFC), “las probabilidades de un cierre del gobierno a partir del 31 de enero han aumentado considerablemente”.
En su análisis indican que “uno de los nueve proyectos de ley de asignaciones anuales aprobados por la Cámara es el de Seguridad Nacional”, y que tras el incidente de Minneapolis “algunos senadores demócratas que se esperaba que apoyaran el proyecto de ley presupuestaria han retirado su respaldo hasta que se implementen reformas de política y procedimientos en CBP/ICE”.
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La posible demora en la aprobación afecta no solo al DHS, sino también a agencias clave como el Departamento de Trabajo.
Andrew Hollenhorst, analista de Citi (C), advierte que “una pregunta clave es si los demócratas del Senado se opondrán solo al proyecto de ley de DHS o al paquete que incluye el financiamiento del Departamento de Trabajo, que es responsable de datos clave sobre empleo e inflación”.
Impacto en datos económicos y decisiones de la Fed
Los cierres gubernamentales no solo tienen implicancias políticas. También generan disrupciones operativas que afectan la calidad y disponibilidad de información económica relevante. Durante el cierre de 2025, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y la Oficina de Análisis Económico (BEA) suspendieron temporalmente la publicación de indicadores, dificultando el monitoreo de la economía por parte de la Reserva Federal.
Wells Fargo subraya que “si se produjera un cierre breve, esto retrasaría pero no cancelaría los datos económicos producidos por BLS/BEA que están programados para publicarse en las próximas semanas, como el informe de empleo de enero (previsto para el 6 de febrero) y el informe del IPC de enero (11 de febrero)”. La entidad aclara que si el cierre se extendiera como el del año pasado, “podría haber interrupciones graves que resulten en datos de menor calidad o datos faltantes”.
Las estimaciones de Bloomberg Economics indican que “cada semana que el gobierno está cerrado recorta alrededor de 0,2 puntos porcentuales del crecimiento del PIB real anualizado en ese trimestre”, de acuerdo con la regla de cálculo interna de la Fed. UBS, por su parte, estima que “un cierre completo podría reducir el crecimiento del PIB en aproximadamente 0,1 puntos porcentuales por semana”, aunque aclara que habría una recuperación posterior “asumiendo que los empleados federales reciban el pago retroactivo y que se reanude la tendencia de gasto”.
Citi añade que “si el Departamento de Trabajo cerrara, los problemas de disponibilidad de datos del año pasado se repetirían” y advierte que “la publicación del informe de empleo de enero podría retrasarse y divulgarse poco después de la reapertura del gobierno”.
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Los efectos de este tipo de interrupciones también se hacen sentir en la formulación de política monetaria. Wells Fargo plantea que “otro cierre prolongado dejaría al FOMC en una situación complicada”, dado que “la falta de visibilidad que surge al recibir datos económicos limitados podría llevar a un periodo de inacción”.
Citi coincide en que, a diferencia de 2025, cuando la Fed optó por mantener el ritmo de recortes, ahora “con las tasas en un rango neutral, los responsables políticos se inclinarían por mantenerlas sin cambios a menos que otros datos (como las solicitudes de subsidio por desempleo) indiquen la necesidad de reducirlas”.
La reacción de los mercados en los próximos días dependerá del grado de disrupción legislativa. Aunque la historia sugiere que los cierres gubernamentales no suelen generar caídas prolongadas, el contexto actual incorpora nuevas variables.
UBS ha advertido que “la incertidumbre geopolítica en curso y los riesgos políticos internos podrían provocar episodios periódicos de volatilidad, incluso cuando los mercados mantengan una tendencia alcista”. La atención se centrará en si el Congreso logra evitar una interrupción o si el nuevo cierre vuelve a poner a prueba la capacidad de resiliencia del S&P 500 y el apetito global por activos denominados en dólares.
