Bloomberg — España aprobará el martes una concesión extraordinaria de estatus legal a inmigrantes indocumentados, informó el gobierno en un comunicado.
La medida pretende garantizar derechos y aportar seguridad jurídica a una realidad social ya existente. Alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse, siempre que estuvieran en España antes del 31 de diciembre, no tuvieran antecedentes penales y pudieran acreditar al menos cinco meses de residencia ininterrumpida en el país.
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Con casi 50 millones de habitantes, España es la gran economía de mayor crecimiento de Europa. Se prevé que su PIB crezca un 2,2 % en 2026, frente al 1,2 % de la eurozona en su conjunto, según el Banco de España. Parte de este crecimiento se debe a un mayor consumo privado y al crecimiento demográfico.
Desde la pandemia, los trabajadores extranjeros registrados en el sistema de seguridad social, un indicador de empleo formal, aumentaron un 45%, según muestran datos del gobierno, representando el 14% del total.
Aun así, cientos de miles de trabajadores en España permanecen en situación administrativa irregular. En 2024, más de 600.000 ciudadanos firmaron peticiones para respaldar una iniciativa que exigía la regularización masiva de sus puestos, la cual obtuvo una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados.
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El gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez es un caso aparte en materia de política migratoria. Mientras otros países han endurecido los requisitos de entrada y expulsado a los migrantes indocumentados, Sánchez les ha dado la bienvenida, una postura que también busca contrarrestar el envejecimiento de una de las poblaciones más longevas del mundo.
“Lo diré claro. En España nadie es prescindible. Al contrario, nos falta gente”, declaró Sánchez a principios de mes. “Ante la disyuntiva de ser una nación cerrada y pobre, España se abre al mundo para asegurar la prosperidad”.
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