Bloomberg — Una jueza federal de Washington permitirá que siga adelante una demanda que acusa al multimillonario Elon Musk de ejercer inconstitucionalmente el poder ejecutivo durante el tiempo que pasó en la Administración Trump el año pasado como asesor presidencial.
La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan denegó el lunes la petición del Gobierno de desestimar totalmente un caso presentado por organizaciones sin ánimo de lucro que afirmaban que sus miembros se habían visto perjudicados por los recortes de fondos federales y los despidos masivos de trabajadores de la Administración en cuya dirección, según afirman, Musk desempeñó un papel ilegalmente desproporcionado.
Es una de un puñado de demandas que cuestionan las medidas tomadas por el proyecto del Departamento de Eficiencia Gubernamental el año pasado y que han durado más que el mandato de Musk en el gobierno estadounidense. Dimitió la pasada primavera.
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Chutkan sí accedió a desestimar las demandas que acusaban ampliamente a la oficina del DOGE de orquestar ilegalmente despidos y rescindir subvenciones y contratos, concluyendo que eran demasiado amplias y no estaban vinculadas a acciones específicas de la agencia.
Pero dijo que las organizaciones sin ánimo de lucro podían seguir insistiendo en su argumento de que Musk -o cualquier funcionario al frente de la DOGE- estaba ejerciendo un poder similar al de los funcionarios del gabinete confirmados por el Senado, en violación de la Cláusula de Nombramientos de la Constitución.
Musk encabezó el proyecto DOGE cuando el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y sirvió como la cara pública, a pesar de que la administración ha mantenido que él no era el administrador formal de la oficina.
En esta etapa temprana del caso, escribió Chutkan, la “queja de las organizaciones sin fines de lucro alega ampliamente que el propio jefe de la DOGE toma decisiones y emite directivas sobre asuntos de tanto peso como la terminación de subvenciones federales, contratos y trabajadores”.
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Dan Lenz, asesor jurídico principal para litigios estratégicos del Centro Legal de Campañas, que representa a las organizaciones que presentaron la demanda, dijo en un comunicado que están satisfechos de que el caso siga adelante.
“Como seguimos aprendiendo, el DOGE hizo un daño masivo al gobierno federal y a sus operaciones, con poco que mostrar por ello, y sin ninguna autoridad legal. Esperamos tener la oportunidad de aprender más y presentar nuestras reclamaciones”, dijo Lenz.
Los representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Un caso separado de la Cláusula de Nombramientos relacionado con el DOGE y el supuesto papel de Musk específicamente en el cierre de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional está pendiente ante un juez federal en Maryland.
Anteriormente, el lunes, el Departamento de Justicia pidió al Tribunal Supremo de EE.UU. que bloqueara los esfuerzos de un grupo de vigilancia del Gobierno para obtener información y testimonios sobre la estructura y las actividades de la DOGE.
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