Bloomberg — Un grupo de estados anunció que están demandando a la administración Trump para bloquear una tarifa de US$100.000 para cualquier nueva solicitud de visas H-1B, que permiten a los empleadores en EE.UU. contratar trabajadores extranjeros calificados.
La demanda, que se espera sea presentada el viernes, argumenta que la tasa crea una barrera costosa e ilegal para que los empleadores utilicen el popular programa de visados y que la administración no siguió el proceso de elaboración de normas adecuado al adoptar la política. El caso está dirigido por el fiscal general de California, Rob Bonta, y la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell.
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“Como la cuarta economía más grande del mundo, California sabe que cuando el talento calificado de todo el mundo se une a nuestra fuerza de trabajo, impulsa a nuestro estado hacia adelante”, dijo Bonta en un comunicado. “La administración Trump cree que puede aumentar los costos por capricho, pero la ley dice lo contrario”.
La demanda sería al menos la tercera que impugna la subida de tasas, que Trump anunció en septiembre, pero la primera impugnada por estados de EE.UU. La Cámara de Comercio de EE.UU. demandó en octubre, al igual que una agencia mundial de personal de enfermería y varios sindicatos. Ambos casos están en curso.
El programa de visas H-1B es fundamental para la inmigración basada en el empleo. Permite a las empresas con sede en EE.UU. contratar trabajadores extranjeros con estudios universitarios para ocupaciones especializadas. Trump anunció una reforma del programa en septiembre, argumentando que el abuso de la vía H-1B ha desplazado a trabajadores estadounidenses.
Las visas H-1B se otorgan mediante un sistema de lotería, pero se utilizan principalmente en la industria tecnológica. Según el gobierno estadounidense, entre las empresas con mayor número de visas H-1B se encuentran Amazon (AMZN), Tata Consultancy Services Ltd., Microsoft (MSFT), Meta Platforms Inc. (META) y Apple Inc. (AAPL).
Los fiscales generales que demandaron para bloquear la tarifa argumentaron que sería especialmente perjudicial en sectores públicos clave, incluidos la educación y la atención médica.
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“El intento ilegal de la administración de arruinar este programa dificultará que los neoyorquinos obtengan atención médica, interrumpirá la educación de nuestros niños y dañará nuestra economía”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
Además de California, Massachusetts y Nueva York, los estados que impugnan la tarifa incluyen Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
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