Bloomberg Línea — A horas de que venza el plazo impuesto por un juez federal para facilitar el regreso a Estados Unidos de la estudiante Any Lucia López Belloza, su equipo legal dijo que la administración del presidente Donald Trump trata de incumplir una orden judicial e intenta “engañarla” para que aborde un vuelo que derivaría en otra detención y su eventual deportación a su llegada.
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En noviembre, la estudiante de primer año en Babson College, viajaba de Boston a Austin para sorprender a su familia en el Día de Acción de Gracias, cuando fue detenida por funcionarios federales de inmigración por un supuesto problema con su tarjeta de embarque.
La trasladaron a Texas para luego, dos días después, deportarla a su natal Honduras, a pesar de que su abogado Todd C. Pomerleau logró una orden judicial que bloqueaba su expulsión.
En los meses siguientes, su equipo legal siguió luchando por su regreso, hasta que, el fiscal adjunto Mark Sauter, en representación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció ante los tribunales el “error” cometido por un agente que pensó que la orden emitida por un tribunal de Massachusetts no era válida. “En nombre del Gobierno, queremos pedir sinceras disculpas”, dijo el funcionario.
Estos procedimientos y la posterior disculpa culminaron en una orden del juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Richard G. Stearns, para devolver a López Belloza a Estados Unidos antes del 27 de febrero.
Sin embargo, el jueves 26 de febrero, el gobierno federal presentó una solicitud para desestimar el procedimiento de habeas corpus y la orden de emergencia original que habría impedido su expulsión.
El gobierno argumenta que López Belloza recibió una orden definitiva de expulsión en 2017, cuando ella tenía 11 años, y por lo tanto su “statu quo” en EE.UU. es uno en el que esa orden sigue vigente.
“Al parecer, reparar el daño consiste en engañarla para que suba a un avión esta tarde y luego sea detenida y deportada durante el fin de semana en un procedimiento ficticio”, dijo Pomerleau en una conferencia de prensa este viernes.
“En este momento tiene pendiente una solicitud de residencia permanente para ella y sus padres, con el fin de protegerla bajo la ley, y ni siquiera le permiten volver para que le tomen las huellas dactilares y la dejen en paz. Ya es suficiente”.
El proceso sigue
Según la defensa, en las últimas 24 horas un funcionario de la oficina de Operaciones de Detención y Remoción (ERO) se comunicó con López Belloza en Honduras para coordinar un vuelo este viernes.
“Por primera vez en mucho tiempo sentí verdadera esperanza”, contó la joven en la videoconferencia. “Un oficial me dijo una y otra vez que sería liberada cuando llegara a Estados Unidos. Por un momento le creí. Me imaginé bajando del avión y finalmente siendo libre”.
Sin embargo, esa versión contradice lo presentado por el propio gobierno en la Corte. “He tratado de confiar en lo que dice, especialmente cuando se disculparon por un error que cambió mi vida y la de mi familia”, dijo la joven. “En cambio, he recibido promesas rotas y ataques contra mi familia por hablar”.
La joven dijo sentirse enojada “porque esto no debería pasarle a nadie, sin importar su estatus migratorio. Estoy triste porque nadie debería sentirse tan impotente. Lo único que pido es honestidad y justicia. Pido que me traten como un ser humano con derechos cuya vida importa”.
“Podemos afirmar con seguridad que, por ahora, Any no subirá a ese avión”, reiteró su equipo.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no había emitido comentarios adicionales sobre el vencimiento del plazo fijado por el tribunal. La estudiante permanecerá en Honduras mientras sus abogados continuarán litigando el caso en instancias superiores si es necesario.
El congresista demócrata Greg Casar, miembro del 35º distrito del Congreso de Texas, dijo que “no debe permitirse que “Estados Unidos se convierta en un país donde el gobierno pueda ignorar las órdenes de los jueces y luego negarse a corregir sus errores”, y aseguró que seguirán luchando por su regreso.
