Bloomberg Línea — Las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, dejan hasta ahora un balance dividido, pues mientras los defensores destacan el mayor control fronterizo y la seguridad, sus críticos advierten violaciones de derechos, altos costos políticos y una efectividad limitada.
Por ahora, la política migratoria de Donald Trump ha creado un ambiente de tensión con aliados históricos como México, Brasil y Colombia, mientras la administración defiende los resultados del que es considerado el “mayor programa” de deportación de la historia de EE.UU.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó en su más reciente informe que los cruces ilegales en julio “cayeron al nivel más bajo jamás registrado”, con 24.628 encuentros fronterizos a nivel nacional.
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Sólo en julio, se reportaron 6.177 detenciones de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en todo el país, un 23% menos que el mínimo histórico anterior de junio, lo que refleja que el mensaje de mano dura contra la inmigración ilegal de Trump estaría disuadiendo a más migrantes a no cruzar la frontera sin autorización legal.
No obstante, esta “es una política claramente no acertada desde la perspectiva económica”, dice a Bloomberg Línea la estadounidense Gayle Allard, economista y profesora del IE University, en España. Para EE.UU., “la reducción tan brusca de la inmigración supondrá menor crecimiento de la población y de la población activa, que es uno de los motores del crecimiento económico”.
También supondrá más presión sobre los salarios en el país y, por lo tanto, contribuirá a la inflación, en opinión de la analista.
Según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Dallas, las deportaciones adoptadas por Trump podrían restar alrededor de 0,8 puntos porcentuales al producto interior bruto (PIB) en 2025.
En un escenario de “deportación masiva”, en el que se expulsara a un millón de inmigrantes por año hasta finales de 2027, el crecimiento anual del PIB sería casi 0,9 puntos porcentuales inferior al cierre de 2025, y 1,5 puntos porcentuales más bajo hacia finales de 2027, según las proyecciones del informe.
Entre los principales efectos, los analistas se refieren a un posible aumento de la presión sobre el mercado laboral y desequilibrio en sectores económicos en EE.UU., así como del lado de los migrantes un aumento de la inestabilidad social, mayor vulnerabilidad de las familias, impacto en la cohesión familiar y comunitaria.
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Luces y sombras de la política de Trump
Luz Rocío Corredor, coordinadora en Colombia del programa de Negocios Internacionales de la Universidad de América, señala a este medio que las políticas migratorias de Trump muestran luces y sombras.
“La disminución histórica de los cruces migratorios, ya sea por deportaciones o por la restricción de entradas a Estados Unidos, tiene repercusiones económicas y sociales significativas e inmediatas en las naciones de origen, especialmente en Centroamérica y México”, dijo Corredor a Bloomberg Línea.
Entre los aciertos que destacan sus defensores están el mayor control fronterizo, la reducción de flujos irregulares, la atención a preocupaciones de seguridad nacional y la respuesta a un sector del electorado.
Sin embargo, los críticos advierten que generaron altos costos económicos y sociales en los países de origen, violaciones de derechos humanos, un aumento de la xenofobia y que, en el fondo, su efectividad a largo plazo es limitada porque no atacan las causas estructurales de la migración.
“En términos de control fronterizo, es indiscutible que la administración logró lo que buscaba: julio marcó el nivel más bajo de cruces irregulares en la frontera desde que se tienen registros modernos de CBP. Operativamente, eso es un éxito”, dijo a este medio John Sánchez, abogado y analista en asuntos de migración y derechos humanos.
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Sin embargo, cree que el balance económico es más complejo, ya que “para Estados Unidos, la reducción abrupta de flujos genera déficits de mano de obra en sectores críticos, lo que encarece la producción agrícola y de servicios”.
Sectores como agricultura, hotelería y construcción podrían enfrentar escasez de mano de obra que no ha sido cubierta por trabajadores locales.
El sector agrícola en estados como California y Florida enfrentan déficits de mano de obra estacional, y la construcción y el sector servicios reportan alzas en costos laborales porque no hay suficientes trabajadores para cubrir las vacantes dejadas por migrantes que antes ingresaban de forma irregular.
En consecuencia, los precios de ciertos productos agrícolas podrían aumentar, presionando la inflación de alimentos, de acuerdo al analista John Sánchez.
Para los países emisores, la menor entrada de migrantes y las deportaciones significan menos remesas, más desempleo y mayor presión social, en su opinión.
Perder esta fuente de rentas agravaría la pobreza y el desempleo en estos países, y en el peor de los escenarios podría acercarles a la recesión económica, advierte la economista Gayle Allard.
En términos de estabilidad regional, los analistas advierten que este tipo de choques puede incrementar la migración futura por vías aún más riesgosas, generando un ciclo que ni la economía ni la seguridad fronteriza de EE.UU. pueden sostener indefinidamente.
De acuerdo a Corredor, la caída de los cruces oficiales o regulares puede no eliminar el deseo de emigrar, sino que “empuja a los migrantes a buscar rutas más peligrosas e irregulares, aumentando el riesgo de ser víctimas del tráfico de personas, la violencia y la extorsión”.
Política migratoria deja dudas sobre los resultados
Gayle Allard, profesora del IE University, advierte que los datos sobre la política migratoria de Donald Trump “son muy imprecisos”.
En campaña, el candidato republicano prometió lanzar el mayor programa de deportación de criminales en la historia de EE.UU., pero las cifras muestran que el plan ha impactado a migrantes sin antecedentes.
En los primeros seis meses de 2025 fueron arrestados más de 300.000 inmigrantes indocumentados, de los cuales, el 70% “han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas", según la portavoz republicana Karoline Leavitt,
Sin embargo, datos del Transactional Records Access Clearinghouse (un proyecto de la Universidad de Syracuse) revelan otra realidad.
Al 24 de agosto, el 70,3% de los 61.226 detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no tenían antecedentes penales.
Además, según el proyecto de la Universidad de Syracuse, muchos de los que sí los tenían habían cometido solo delitos menores, incluidas infracciones de tránsito.
En línea con lo anterior, cifras federales recopiladas por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California en Berkeley muestran que un 37% de las detenciones realizadas en julio por ICE fueron de personas sin condenas penales en EE.UU. ni cargos pendientes.
Bloomberg señala que, aunque el Departamento de Justicia ha negado que exista una cuota de detenciones, el ICE está intensificando la aplicación de la ley.
La estadística migratoria también muestra que, en el año fiscal 2025 hasta julio, México lidera las órdenes de deportación (90.910), seguido de Honduras (61.536), Guatemala (59.508), Venezuela (32.083) y Colombia (26.466), según el proyecto de la Universidad de Syracuse.
En julio de 2025, el Tribunal de Inmigración resolvió 70.894 casos y en el 77,5% de los procesos se ordenó la deportación.
En términos globales, Allard explica que las estimaciones preliminares apuntan a que la migración internacional neta a EE.UU. en 2025 será menos de la mitad de lo que fue en el 2024, y la tercera parte de lo que fue en el 2023. “Esto supone una caída de más de un millón en el número de inmigrantes residiendo en EE.UU., la primera caída desde los años 1960″.
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