Bloomberg — Una nueva demanda argumenta que una política de la administración Trump que suspende las tarjetas verdes debido a preocupaciones sobre la dependencia de beneficios públicos es ilegal.
La congelación de visas de inmigrantes para 75 países viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la igualdad de protección bajo la Constitución, según la denuncia presentada en el Distrito Sur de Nueva York.
“Esta administración está tratando de cerrar la inmigración legal de casi la mitad de los países del mundo sin autoridad legal ni justificación”, dijo Anna Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network Inc., la principal demandante en la demanda.
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A partir del 21 de enero, el Departamento de Estado suspendió la emisión de tarjetas de residencia permanente (green card) para países como Brasil, Colombia, Nigeria e Irán mientras revisa las políticas para evaluar la probabilidad de que los inmigrantes utilicen beneficios públicos. La agencia no ha dicho cuánto tiempo podría durar dicha revisión.
Fue el último de una serie de cambios abruptos de política que agregan nuevas prohibiciones o restricciones a la entrada a Estados Unidos para inmigrantes y visitantes extranjeros.
Entre los demandantes individuales que se unen a la demanda se encuentra un endocrinólogo colombiano, al que se le aprobó una visa de trabajo de primera preferencia EB-1A, cuya entrada al país está bloqueada. Otro ingeniero colombiano, que trabaja en el sector de energías limpias, recibió la aprobación para la categoría de tarjeta verde EB-2, “exención por interés nacional”.
Los límites numéricos y los topes por país para las tarjetas verdes basadas en el empleo significan que esos inmigrantes no solo enfrentarán demoras sino que podrían perder su visa bajo el límite de este año mientras el congelamiento esté vigente, dice la demanda.
Otros demandantes son ciudadanos estadounidenses que solicitan traer a sus cónyuges e hijos a Estados Unidos.
La INA permite denegar la entrada a posibles inmigrantes basándose en la determinación de que se convertirán en una “carga pública” o que dependerán de prestaciones públicas. Sin embargo, la demanda argumenta que esta disposición de la ley nunca se ha utilizado como una restricción general para la admisión. Esta base para la prohibición de visas también se basa en una premisa falsa, ya que la mayoría de los solicitantes de visas de inmigrante no son elegibles para recibir asistencia gubernamental y permanecen inelegibles durante años.
La ley federal de inmigración también prohíbe la discriminación categórica por nacionalidad o país en la emisión de visas de inmigrante, argumenta la demanda. La base para la congelación de visas refleja otras declaraciones de funcionarios de la administración Trump basadas en estereotipos raciales, argumenta.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado en claro que los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes para evitar el despilfarro, el fraude y el abuso, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.
“El Departamento está pausando la emisión para evaluar y mejorar los procedimientos de selección y verificación, pero nunca dejaremos de luchar primero por los ciudadanos estadounidenses”, dijo Pigott.
El mes pasado, un juez federal del Tribunal Federal del Distrito de Nevada prohibió a la agencia rechazar solicitudes de visa con base en la política de carga pública para dos hijas adoptivas de un ciudadano estadounidense que interpuso una demanda en ese país. La congelación de visas evade los requisitos específicos de elegibilidad establecidos por el Congreso, según la orden.
Los demandantes están representados por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, la Fundación Democracy Forward, la Sociedad de Asistencia Legal, el Centro de Derechos Constitucionales, el Centro Occidental de Derecho y Pobreza y Colombo & Hurd.
El caso e sCatholic Legal Immigration Network, Inc. v. Rubio, SDNY, No. 1:26-cv-00858, denuncia presentada el 2/2/26.
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