:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/M3ODDTRAZZATTHHWTMCDKEUY6Q.jpg "Una bomba de extracción opera en el campo petrolífero de Inglewood en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el jueves 19 de octubre de 2012")
Bogotá — Más de 60 congresistas radicaron este miércoles un proyecto de ley mediante el cual buscan intentar, por cuarta vez, que se prohíba de manera definitiva la explotación de yacimientos no convencionales y la técnica del fracking en el país.
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El proyecto de ley cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional y tiene como propósito “defender la naturaleza, el agua y la vida de las presentes y futuras generaciones, cerrando definitivamente la posibilidad de extracción de hidrocarburos de este tipo de yacimientos, como medida de acción efectiva para enfrentar la crisis climática”.
La iniciativa busca, además, detener los proyectos piloto de fracking que impulsó el Gobierno anterior en Puerto Wilches, Santander, “con el propósito de experimentar con el agua, la salud y la biodiversidad del Magdalena Medio, pese a la amplia oposición de las comunidades y de líderes y lideresas ambientales que vienen siendo amenazadas e intimidadas por denunciar esta práctica”, dicen los congresistas.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/ZYA3UJ3LBZALVDNZXOTRTI6XDY.jpg "Fracking en Colombia: ingenieros piden una discusión técnica al Gobierno Petro")
De acuerco don los coautores del proyecto de ley, su propuesta pretende “encaminar al país lejos de la dependencia de los combustibles fósiles y en favor de una economía productiva que potencie la vida como eje fundamental de transformación”.
Así mismo indicaron que “es una propuesta coherente con las exigencias de la ciudadanía que logra alejar los peligros que conllevaría la explotación de los yacimientos no convencionales y el Fracking, y al mismo tiempo, garantiza la continuidad de la explotación convencional de petróleo y gas que logre impulsar una transición energética justa”.
Además, en el proyecto de ley se expone que en máximo dos años el Gobierno Nacional deberá formular una política pública de transición energética que incluya un plan de diversificación energética y promoción de fuentes no convencionales de energía renovable que logren de manera gradual y progresiva la sustitución de la explotación de combustibles fósiles.
