:quality(75):focal(2944x1065:2954x1075)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/GLFVGDR4EBECUADP6GAMZXOZKI.jpg "El panel que investigó el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021")
Bloomberg Opinión — La congresista Liz Cheney, una republicana de Wyoming que puede haber destruido su propia carrera política por defender el Estado de derecho y la Constitución de EE.UU., no dudó durante una audiencia del comité del 6 de enero el pasado otoño boreal en identificar a la principal fuerza detrás de la insurrección de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
“La causa central del 6 de enero fue un hombre: Donald Trump”, señaló. “Nuestra nación no puede castigar únicamente a los soldados rasos que asaltaron nuestro Capitolio. Aquellos que planearon anular nuestra elección, y nos llevaron al punto de la violencia, también deben rendir cuentas.”
No debe sorprender, por tanto, que Cheney y otros miembros de su panel bipartidista en el Congreso optaran por exigir responsabilidades al ex presidente cuando recomendaron en su audiencia pública final del lunes que el Departamento de Justicia lo procesara por una serie de delitos, entre ellos insurrección, obstrucción de un procedimiento federal y conspiración para defraudar al gobierno. El resumen de 154 páginas de las conclusiones de la comisión fue implacable y se hizo eco de lo que Cheney dijo hace meses.
“Las pruebas han llevado a una conclusión primordial y directa: la causa central del 6 de enero fue un hombre, el ex presidente Donald Trump, al que muchos otros siguieron”, decía el informe. “Ninguno de los acontecimientos del 6 de enero habría ocurrido sin él”.
Esto es, por supuesto, totalmente cierto. Y el Departamento de Justicia haría bien en aplicar todo el peso de la ley sobre Trump y su alegre banda de conspiradores y matones. Toda la angustia sobre las implicaciones políticas de la decisión del comité -angustia que se deriva tanto de un choque de valores muy diferentes como de la preocupación por el juego limpio- puede ahora dejar paso a las ruedas de la justicia.
Como dejaron claro las indispensables e instructivas audiencias del 6 de enero, el asedio al Capitolio no fue un incidente aislado. Fue sólo una faceta de un ataque premeditado y arrollador contra los pilares de la democracia, que se gestó durante meses.
“Incluso personas clave que trabajaron estrechamente con el presidente Trump para tratar de anular las elecciones de 2020 el 6 de enero admitieron en última instancia que carecían de pruebas reales suficientes para cambiar el resultado de las elecciones, y admitieron que lo que estaban intentando era ilegal”, señaló la comisión en su resumen.
Al servicio del putsch del 6 de enero, Trump insistió rutinariamente en que las elecciones de 2020 que perdió habían sido amañadas, a pesar de que sus propios asesores le decían rutinariamente lo contrario. Presionó a su vicepresidente, Mike Pence, para que saboteara el recuento electoral. Sus abogados presentaron docenas de impugnaciones legales infundadas e infructuosas de los resultados electorales que socavaron la confianza pública en el resultado. Sus agentes políticos intentaron presentar listas de electores falsas como parte de su intento de golpe.
Trump fue advertido en repetidas ocasiones de que se producirían actos violentos en el Capitolio, e hizo caso omiso de las alarmas. Avivó la violencia en un discurso televisado el 6 de enero, y tardó en hacer nada ante la calamidad una vez que estalló. ¿Por qué iba a hacerlo? Semanas antes del 6 de enero, tuiteó una invitación a sus acólitos que, según la comisión y los investigadores del Departamento de Justicia, desencadenó una oleada de actividad extremista centrada en el recuento electoral en el Capitolio: “¡Estad allí, será salvaje!”
Hay 17 hallazgos de irregularidades en el resumen del comité; 15 de ellos se centran en las maquinaciones de Trump. Sin Trump, no hay insurrección del 6 de enero.
La falta de voluntad de Trump para ceder el poder tras perder las elecciones de 2020 ha puesto en marcha una serie de ajustes de cuentas personales y públicos que son necesarios e inciertos a partes iguales. Trump, después de todo, sobrevivió a dos destituciones y a una investigación del abogado especial. Trump también consideraba la presidencia como una tarjeta de salida de la cárcel, e interpretaba los poderes que el Artículo II de la Constitución le otorgaba como absolutos y monárquicos: “Tengo un Artículo II, en el que tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente”, dijo en 2019.
Era inevitable que Trump llevara esa perspectiva al Despacho Oval. Nació en medio de una gran riqueza, y los recursos de su padre le protegieron durante décadas de las consecuencias de sus propias debacles financieras y personales. Se convirtió en una estrella de los medios de comunicación y la televisión, y el ser una celebridad le aisló también de la responsabilidad. Luego aterrizó en la Casa Blanca y no tardó en encontrar la manera de que la presidencia también le sirviera de tapadera, para acciones con repercusiones más dañinas y de mayor alcance que cualquiera de sus anteriores depredaciones.
Ahora Trump está inmerso en investigaciones civiles y penales por fraude en Georgia y Nueva York y en una investigación federal por espionaje, entre otras acciones legales. Su empresa, la Organización Trump, fue condenada recientemente por fraude fiscal. El Departamento de Justicia también ha acusado a unas 900 personas de delitos relacionados con la insurrección del 6 de enero. El fiscal general Merrick Garland nombró recientemente a un abogado especial para examinar tanto el asedio como el supuesto mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump.
Claro, Trump ha salido de arenas movedizas antes, pero nunca ha tenido una pila tan desalentadora de amenazas legales existenciales en su puerta, tampoco. Y el comité del 6 de enero, muy apropiadamente, lo ha convertido en la pieza central de cualquier examen legal y repercusiones relacionadas con la insurrección. Su trabajo ha hecho imposible que el Departamento de Justicia, los votantes y el partido de Trump lo pasen por alto.
La parte pública de este ajuste de cuentas también es directa: Los presidentes no pueden urdir golpes de Estado y no existen fuera del alcance de la ley, aunque sean ricos, poderosos y muy queridos por sus partidarios políticos. El Tribunal Supremo afirmó que es probable que las declaraciones de la renta de Trump vean la luz del día por esa misma razón, pero la transparencia financiera no es más que lo que está en juego en todo esto. La forma en que los presidentes ejercen los poderes de su cargo, y el grado en que honran la democracia, son cuestiones más fundamentales.
En ese contexto, el trabajo de la comisión del 6 de enero -y los retos que sus miembros han planteado a las fuerzas del orden y a los votantes- tiene que ver tanto con erradicar el trumpismo como con pedir cuentas a su progenitor. El país tiene suerte de que la comisión haya estado a la altura de las circunstancias. Otros deberían tomar el relevo.
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