Bloomberg Línea — La jubilación en España registrará nuevos cambios a partir del 1° de enero de 2026 como consecuencia del calendario gradual fijado en la reforma de las pensiones de 2013, que eleva de forma progresiva la edad legal de retiro hasta los 67 años en 2027.
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Desde 2026, quienes deseen jubilarse con el 100% de la pensión contributiva deberán haber cumplido 66 años y 10 meses, salvo que acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización, en cuyo caso podrán retirarse a los 65 años.
Para quienes no alcancen ese umbral de cotización, la edad legal ordinaria se situará en los 66 años y seis meses. El requisito mínimo para acceder a una pensión contributiva no varía y se mantiene en 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años anteriores al momento de la jubilación.
Mientras que de la jubilación parcial, en los casos en los que no exista contrato de relevo, la edad mínima exigida será la edad legal ordinaria que corresponda en cada situación.
La reducción de jornada podrá situarse entre el 25% y el 75%, siendo esta última cifra el nuevo límite general tras la última reforma de la Seguridad Social.
Cuando sí exista contrato de relevo, en 2026 la jubilación parcial será posible a partir de los 62 años y 10 meses para quienes acrediten 33 años o más de cotización, y desde los 64 años y ocho meses para quienes no alcancen ese periodo cotizado.
Jubilación anticipada
En cuanto a la jubilación anticipada, la normativa permite adelantar el retiro hasta un máximo de 24 meses respecto a la edad legal ordinaria cuando se trata de una decisión voluntaria, y hasta 48 meses en los supuestos de jubilación anticipada involuntaria.
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En 2026, la jubilación anticipada voluntaria será posible a partir de los 64 años y 10 meses siempre que se acrediten al menos 35 años cotizados, aunque quienes alcancen los 38 años y tres meses podrán acceder incluso desde los 63 años.
En los casos de despido u otras causas ajenas a la voluntad del trabajador, el retiro podrá adelantarse hasta los 62 años y 10 meses con 33 años cotizados, o hasta los 61 años si se acreditan 38 años y tres meses de cotización.
Tal y como explicó Borja Encinas Goenechea, profesor titular de la Universitat d’Extremadura, en el blog Ruta 67 de CaixaBank, la jubilación anticipada supone siempre la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión.
En la modalidad voluntaria se exige haber cotizado al menos 35 años, que la pensión resultante sea superior a la mínima y que la edad de acceso no supere en más de dos años la edad legal correspondiente; y en la modalidad involuntaria, el periodo mínimo de cotización es de 33 años y no se exige que la pensión supere la mínima, aunque sí es obligatorio acreditar que el cese laboral se produjo por causas ajenas a la voluntad del trabajador y estar inscrito como demandante de empleo durante al menos seis meses.
Existen, además, supuestos especiales de jubilación anticipada sin penalización, reservados a colectivos con trabajos especialmente peligrosos, como mineros, bomberos, personal de vuelo o determinados cuerpos de seguridad, así como a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o del 45% en determinados casos.
El usuario debe considerar que las penalizaciones dependen del número de meses de anticipo y del total de años cotizados, y se aplican de forma permanente, lo que implica que la pensión será menor durante toda la vida del pensionista. Por este motivo, se recomienda analizar con detalle el impacto económico antes de tomar la decisión.
¿Cómo se calcula la pensión anticipada?
La cuantía de la pensión pública en la jubilación anticipada se calcula a partir de la base reguladora y la tasa de sustitución, sobre las que posteriormente se aplican los coeficientes reductores.
La base reguladora se obtiene del promedio de las bases de cotización del trabajador actualizadas por inflación. En 2025, se tuvieron en cuenta los últimos 25 años cotizados, pero a partir de 2026 entra en vigor un sistema dual que permitirá elegir entre ese mismo periodo o un cálculo sobre los últimos 29 años, eliminando los 24 meses con peores cotizaciones. Este sistema transitorio se mantendrá hasta 2037 y desaparecerá de forma gradual en favor del segundo método en la década siguiente.
La tasa de sustitución, por su parte, depende del total de años cotizados y determina el porcentaje de la base reguladora que se percibe como pensión.
Alcanzar el 100% exigirá cada vez carreras laborales más largas, en línea con el objetivo de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
En este contexto, la jubilación anticipada en 2026 se consolida como una opción posible, pero cada vez más condicionada por requisitos estrictos y penalizaciones económicas que obligan a una planificación cuidadosa del retiro.
