Buenos Aires — El gobierno de Javier Milei busca por estos días que la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las nuevas revelaciones en el caso $Libra no aplaquen sus ambiciones reformistas ni lo desvíen de su objetivo de transformar a la Argentina a través del orden macro. Para ello, el Ejecutivo anunció este martes que definió la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso y anticipó que no desistirá en la búsqueda de modificar las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario para “compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.
La decisión fue oficializada por el propio Adorni a través de un mensaje publicado en redes sociales. Allí, adelantó que el nuevo paquete de reformas incluirá una modificación del Código Penal con foco en endurecer las penas, y nuevas leyes relativas a proteger la propiedad privada. Entre ellas, Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana.
Además, Adorni aseguró que el Gobierno avanzará con la Ley de Glaciares, y planteará modificaciones de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario “para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”.
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Nueva ofensiva por las leyes de discapacidad y financiamiento universitario
Tras haber informado el lunes que el Sector Público Nacional volvió a sostener el ancla fiscal en febrero, acumulando así superávits primario y financiero de 0,4% y 0,1% respectivamente en el primer bimestre, el Gobierno insiste en su intento por modificar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, aprobadas por el Congreso en 2025 y ratificadas por ambas cámaras tras el veto presidencial de Milei.
El oficialismo ya había intentado modificar esas leyes en diciembre pasado a través del Capítulo XI del Presupuesto 2026, aunque no tuvo éxito.
Por eso, y envalentonado con la aprobación de la Reforma Laboral en febrero, el Gobierno buscó negociar cambios a la norma vigente de financiamiento universitario en lugar de intentar derogar la ley, que si bien está vigente, aun no se está cumpliendo.
Al enviar el nuevo proyecto al Congreso, aseguró que el objetivo es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento” del Presupuesto 2026.
Según había calculado la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de financiamiento universitario iba a tener para 2025 un impacto fiscal de ARS$1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB.
En lo que respecta a la ley de emergencia en discapacidad, cuyo impacto fiscal estimado por la OPC para 2025 oscilaba entre 0,22% y 0,42% del PBI, el Gobierno debió reglamentarla a principios de febrero después de que la Justicia ordenara su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.
En diciembre, tras intentar sin éxito derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, Milei había asegurado que no vetaría su propia ley de Presupuesto pero anticipó que acomodaría las partidas necesarias para cumplir con el déficit cero.
En esa búsqueda, ayer el Ministerio de Economía informó que había logrado el equilibrio de las cuentas públicas en febrero a pesar de que la recaudación acumula siete meses consecutivos de caída en términos reales gracias a que recortó el gasto primario un 8,8% interanual en términos reales.
“Dado que no hay perspectivas de una recomposición significativa de los ingresos tributarios -la merma se acentuaría cuando entre en vigencia el FAL aprobado en la reforma laboral- la clave para alcanzar a lo largo del año el superávit primario de 1,5% del PIB establecido en el Presupuesto 2026, será seguir achicando el gasto primario y conseguir abundantes recursos extraordinarios (léase privatizaciones)“, analizó un informe de la consultora Equilibra.
