Buenos Aires — Desde que asumió la Presidencia de la Nación, el 10 de diciembre de 2023, el Presidente Javier Milei no ha ahorrado palabras a la hora de describir la difícil situación económica en la que se encontraba el país. Y esta vez, sus cuestionamientos parecen ser avalados por una importante entidad financiera, que en un informe sobre la República Argentina se refirió a las “cargas pesadas” que recibió el actual Gobierno de la gestión anterior.
JPMorgan & Chase, el banco en cuestión, calificó de “buen comienzo” a los primeros pasos de la presidencia de Milei. Sin embargo, advirtió por los riesgos de una balanza comercial muy negativa del año 2023, reservas netas también negativas en el Banco Central, una abultada deuda comercial y un acuerdo caído con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Publicado hace menos de una semana, el banco afirmó en su informe que el Gobierno está “comenzando con el pie derecho, el banco central acumula reservas y la brecha cambiaria se reduce. Tras los cambios iniciales de política, el BCRA ha comprado reservas por US$3.000 millones desde el 10 de diciembre”.
“Incentivos políticos mal diseñados” afectaron el saldo comercial
El informe de JPMorgan destaca que la balanza por cuenta corriente, basada en el efectivo, acumuló un déficit de US$6.500 millones hasta noviembre, lo que supone un fuerte retroceso con respecto al superávit de US$2.400 millones registrado en el mismo periodo del año anterior.
Según los analistas de JPMorgan, la caída se explica en parte por la sequía que afectó a la producción agrícola, pero “se vio exacerbada por unos incentivos políticos mal diseñados que llevaron a los agentes a sobrefacturar las importaciones y acaparar cosechas en un contexto de ampliación de la brecha cambiaria”.
Además, destaca el banco, en 2023 se produjeron pagos de intereses más elevados, que ascendieron a US$9.100 millones de dólares hasta la fecha registrada, frente a los US$6.500 millones de 2022.
El banco estadounidense destacó que “la abultada herencia exterior” dejada por la anterior administración se refleja en el stock de deuda comercial acumulado en los dos últimos años. El informe reseña que la brecha de la balanza comercial entre base caja y base devengada se amplió en el contexto de un aumento considerable de la deuda comercial, ya que la administración anterior limitó los pagos de importaciones en medio de la escasa liquidez de divisas.
“Los datos hasta noviembre mostraron que los pagos atrasados han aumentado en US$17.900 millones hasta la fecha, con un aumento de la deuda comercial de US$26.700 millones de dólares desde el 21 de diciembre”, detalla el estudio.
El balance del Banco Central, deteriorado
“La nueva administración recibió un banco central con un balance de divisas muy erosionado, como demuestran unas reservas netas negativas de -US$11.000 millones”, menciona el documento de la entidad financiera.
También destaca que, en cuanto a los pasivos en divisas, la administración anterior utilizó US$5.000 millones del swap del Banco Popular de China para pagar las importaciones y hacer frente al servicio de la deuda con los tenedores de bonos y el FMI. “Aunque no hay información pública sobre las condiciones contractuales de reembolso, a menos que exista un mecanismo para refinanciar esta deuda, este uso significa que habrá menos dólares disponibles para que el BCRA reconstruya las reservas de divisas”, subrayó JPMorgan.
El acuerdo con el FMI, caído
Por último, los analistas de JPMorgan puntualizaron: “Otra pesada carga dejada por la administración saliente es el, caído de facto, acuerdo con el FMI. En nuestra opinión, es probable que la administración Milei renegocie completamente el programa”.
“Cabe destacar que la amortización de capital de diciembre con el FMI por valor de US$900 millones se cumplió gracias a un préstamo puente proporcionado por la CAF (que debería reembolsarse este mes), pero los próximos vencimientos por un valor de US$1.900 millones en enero, requieren una negociación firme”, agregaron.
Aún así, los autores del informe consideran que los retrasos administrativos no deberían ser un impedimento para desbloquear un desembolso de US$3.000 millones pendiente de la revisión retrasada del 23 de noviembre.
