Bloomberg — Manifestantes locales han ocupado una terminal de exportación de Cargill Inc. en la región amazónica de Brasil en plena cosecha de soja, intensificando un enfrentamiento que ha afectado a los envíos de uno de los principales centros de exportación del país y provocando la condena de grupos comerciales.
Los manifestantes, miembros de grupos indígenas, irrumpieron en las instalaciones del puerto de Santarém durante la noche del viernes en el estado de Pará, según el diario Folha de S.Paulo.
El incidente se produce en medio de las protestas de 14 tribus indígenas de la región contra el lanzamiento de una licitación pública para el dragado del río Tapajós y contra un decreto firmado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva que allana el camino para la privatización de la gestión de tres ríos que atraviesan la Amazonia y que suman unos 4.000 kilómetros (2.500 millas).
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“Instamos a las partes directamente implicadas a que den prioridad a la seguridad, entablen un diálogo constructivo y trabajen para encontrar una solución que permita reanudar las operaciones de forma segura y seguir transportando alimentos allí donde se necesiten”, dijo Cargill en un comunicado.
La terminal del estado brasileño de Pará forma parte de un conjunto de puertos amazónicos que transportan más del 40% del maíz y la soja de Brasil.
El país está actualmente cosechando soja, y la actividad en los puertos de la región es clave para mantener el flujo de las exportaciones en esta época del año. Los manifestantes bloquearon previamente las carreteras y los accesos terrestres a la terminal de Cargill, deteniendo la descarga de soja de los camiones, y también cerraron brevemente la entrada al aeropuerto de Santarém, uno de los principales centros de transporte de la región.
“El intento de intimidar a empresas y trabajadores mediante la violencia supera cualquier límite democrático”, afirmó en un comunicado la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, la mayor asociación manufacturera de Brasil. “Actos de esta naturaleza afrentan el derecho a la propiedad, amenazan puestos de trabajo, ponen vidas en riesgo y erosionan la seguridad jurídica que sustenta la inversión y el desarrollo”.
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