Nueva York — Nueva York se convirtió en el escenario de una apuesta del Gobierno colombiano que podría parecer contradictoria: convertir la minería en una herramienta para proteger el medioambiente, combatir la deforestación y atraer inversiones que impulsen el crecimiento económico del país.
“La minería formal y comercial a gran escala representa una alternativa real para combatir la deforestación y la degradación ambiental que genera la minería ilegal”, aseguró Stewart Bailey, Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer de AngloGold Ashanti en diálogo con Bloomberg Línea durante la Milagro Week en Nueva York.
El planteamiento fue uno de los mensajes de la agenda del día dos, en donde representantes del Gobierno y del sector privado coincidieron en defender la posibilidad de desarrollar proyectos mineros que combinen rentabilidad económica, generación de empleo y protección ambiental.
La apuesta busca reactivar una actividad que el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella considera fundamental para alcanzar sus objetivos de crecimiento, especialmente por las oportunidades que ofrece la demanda internacional de minerales críticos.
El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la necesidad de recuperar sectores como la minería, los hidrocarburos y la infraestructura, que, según afirmó, perdieron protagonismo durante la administración de Gustavo Petro.
“Cuando se hacen bien, de manera sostenible, ellos sí enfrentan los desafíos de la deforestación”, aseguró a Bloomberg Línea el funcionario que hoy encabeza la agenda económica del Gobierno.
La minería como respuesta a la degradación ambiental
La discusión sobre el papel ambiental de la minería ocurre en un país donde la deforestación, la explotación ilegal de minerales y la contaminación de fuentes hídricas continúan representando desafíos.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Colombia perdió 113.608 hectáreas de bosque durante 2024, frente a las 79.256 hectáreas registradas en 2023.
La cifra representó un aumento de la deforestación, aunque se mantuvo como la segunda más baja de los últimos 24 años.
Entre los factores asociados a la pérdida de bosques están el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la expansión de infraestructura y la minería ilegal.
En este contexto, Bailey planteó una distinción entre las operaciones formales y las actividades extractivas que funcionan al margen de las autoridades.
“La minería ilegal se ha expandido enormemente en todo el mundo”, advirtió el ejecutivo, quien señaló que estas operaciones carecen de mecanismos de rendición de cuentas y dejan importantes pasivos ambientales.
El vicepresidente Restrepo también defendió el papel de la minería formal en la conservación de los recursos naturales.
“El sector de minerales críticos es un sector que cuando se hace formalmente, permite transformar un territorio y permite cuidar de nuestros páramos, de nuestras aguas, de nuestros océanos, de nuestras selvas”, afirmó.
Quebradona, una apuesta de US$2.500 millones
Uno de los proyectos que ejemplifican las oportunidades económicas que el sector busca presentar a los inversionistas internacionales es Quebradona, desarrollado por AngloGold Ashanti.
Mateo Restrepo, presidente de la compañía en Colombia, explicó que el proyecto contempla inversiones por US$2.500 millones y busca abrir las puertas del país a la minería de cobre.
“Si nos insertamos en la minería de cobre, es insertarnos en la economía del siglo XXI, es insertarnos en la cadena de minerales críticos”, aseguró.
Según el cronograma presentado por la compañía, durante 2027 se avanzaría en el proceso de licenciamiento ambiental, mientras que las inversiones comenzarían en 2028 y se extenderían durante cuatro años.
Las proyecciones económicas del proyecto incluyen exportaciones anuales superiores a US$1.500 millones y aportes de más de COP$1,5 billones por año entre impuestos y regalías.
Adicionalmente, la empresa estima que podría generar alrededor de 3.000 empleos directos de alta calidad.
Para el Gobierno, el cobre representa una oportunidad de participar en las cadenas internacionales de suministro de minerales necesarios para la transición energética.
Restrepo, el vicepresidente, aseguró que Colombia utiliza solamente el 4% de sus capacidades mineras y destacó el potencial de minerales como el cobre, el litio y las tierras raras.
La protección ambiental, desde el diseño de las minas
Para AngloGold Ashanti, la sostenibilidad no debe limitarse al cumplimiento de requisitos ambientales, sino que tiene que formar parte del diseño y la operación de los proyectos.
“La gobernanza ambiental y social es la base que necesita cualquier proyecto minero moderno en la actualidad”, explicó Bailey.
El ejecutivo sostuvo que las compañías deben garantizar una licencia social para operar, construida a partir de las relaciones con las comunidades, las autoridades y la sociedad.
En Quebradona, según explicó, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza estarán presentes desde el diseño de la planta hasta la gestión de relaves y la infraestructura asociada.
Pero el componente ambiental no es el único. Bailey también destacó la necesidad de que las operaciones generen beneficios económicos para las poblaciones de sus áreas de influencia.
Esto incluye oportunidades de empleo, participación de proveedores locales en las cadenas de valor y mejoras en la calidad de vida durante el ciclo de vida de los proyectos.
“Es fundamental que el proyecto genere beneficios reales y tangibles”, afirmó.
Sobre las relaciones comunitarias de Quebradona, Bailey aseguró que los estudios internos muestran respaldo al proyecto, aunque reconoció que todavía existen oportunidades para fortalecer la licencia social.
Menos trámites para recuperar la inversión minera
La estrategia presentada por el Gobierno en Nueva York también contempla cambios regulatorios para facilitar la llegada de capital a sectores extractivos.
El vicepresidente Restrepo destacó el modelo RUGE, incluido en la denominada Ley de Rescate, que contempla incentivos para la inversión y mecanismos de estabilidad jurídica.
También aseguró que el Ejecutivo ha avanzado en la simplificación de procedimientos ante la Agencia Nacional de Minería y en la facilitación del licenciamiento ambiental.
“Cuando pensamos en el crecimiento del 6%, esto necesita el desarrollo del sector minero”, señaló.
Por su parte, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, destacó los avances de una ley de competitividad, permisos y eliminación de trámites que el Gobierno espera sacar adelante antes de finalizar el año.
El funcionario también mencionó las conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos, que considera relevante para los exportadores en medio de la revaluación del peso.
Desde el sector privado, Mateo Restrepo aseguró que los incentivos regulatorios constituyen una señal favorable para acelerar las inversiones de AngloGold Ashanti.
“El RUGE lo que permite es un marco normativo que incentiva las inversiones”, explicó.
La posición del Gobierno quedó expresada en las palabras del vicepresidente Restrepo, quien defendió la minería como parte de la estrategia de crecimiento económico y sostenibilidad.
“Lo estamos buscando entonces como un camino de crecimiento, pero también como un camino de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente”, afirmó.
Viene ronda minera
La estrategia del Gobierno colombiano para reactivar la minería contempla la apertura de rondas permanentes de exploración, la formalización de pequeños mineros y la recuperación ambiental de territorios afectados por la extracción ilegal de minerales.
Luis Madriñán, viceministro de Minas, dijo a Bloomberg Línea que actualmente hay alrededor de 25 proyectos en curso para las nuevas rondas mineras, una cifra que podría aumentar a medida que se incorporen nuevas oportunidades de exploración.
“Vamos a abrir rondas mineras permanentes, vamos a fortalecer el Servicio Geológico Colombiano para que pueda llevar a cabo una forma de exploración en asociación con empresas”, señaló.
Según Madriñán, Colombia apenas conoce el 4,36% de su territorio en materia minera y la meta del Gobierno es elevar ese conocimiento al menos al 25% durante su administración.
Las oportunidades de exploración incluyen minerales como cobre, oro, plata, zinc, tungsteno, tantalio y fosfatos, además de iniciativas relacionadas con el carbón colombiano y su participación en mercados internacionales.
Formalización minera como herramienta
Otro de los componentes de la estrategia es la formalización de comunidades mineras que actualmente operan en territorios afectados por la extracción ilícita de minerales.
Madriñán explicó que el Gobierno busca atraer empresas capaces de instalar plantas de procesamiento polimetálicas de última generación, mientras las comunidades se organizan para desarrollar actividades mineras dentro de la legalidad.
De acuerdo con sus cifras, los procedimientos utilizados actualmente por estos mineros permiten recuperar apenas entre el 35% y el 40% del mineral, mientras que las nuevas plantas podrían elevar esa proporción a un mínimo del 85%.
“Estas plantas que llegan a las zonas degradadas por minería nos ayudan a hacer la recuperación ambiental del pasivo ambiental que nos dejaron los ilegales y la extracción ilícita de minerales”, afirmó.
El funcionario aseguró que esta estrategia contará con un régimen especial expedito y será la principal prioridad del Gobierno en materia minera durante el próximo año.
Adicionalmente, anunció el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad del oro mediante tecnologías que permitan identificar su procedencia geográfica y combatir la comercialización de minerales extraídos ilegalmente.
“Ya tenemos la capacidad de saber si un gramo de oro viene de Chocó, de Antioquia, Santander, del Quindío, de cualquier lugar”, sostuvo Madriñán.













