Bogotá — El próximo 7 de mayo vence el plazo que tiene el Congreso de la República para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de Petro para el cuatrienio 2022-2026, por lo que el Gobierno, en cabeza de Planeación Nacional, empieza esta semana una carrera contra el tiempo: todavía hay artículos que generan polémica y no convencen al legislativo.
“El artículo 207 eleva las contribuciones pagadas por los empresarios de los sectores de energías renovables no convencionales a las comunidades, eso se multiplica por cinco. Lo que lleva entonces a que, sumado a lo que ya se tenía de ajuste de la reforma tributaria, se desmonten los beneficios para ese sector”, le dijo a Bloomberg Línea el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA.
En esa línea, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que “se destruye la transición energética subiéndole los impuestos a las energías alternativas y limpias del 1% al 6%, el impuesto al carbón ya está en el 4%. De manera que producir energías limpias va a ser más costoso que usar carbón”.
Asimismo el exministro señaló que hay varios artículos que van en línea con facilitar y simplificar, en buena medida, la contratación pública cuando involucra a grupos o instituciones de economía popular. Con lo que también ha coincidido Viviane Morales, exfiscal general, quien ha expresado que es máxima la revelancia que cobra para la democracia la aplicación de los principios de la contratación pública porque, de lo contrario, los sistemas caen en corrupción y en intereses políticos.
La congresista Valencia también alertó que este Plan de Desarrollo “va a a entregar las zonas de reserva forestales, que las tenemos que proteger por nuestra biodiversidad, en concesiones para que las exploten los campesinos durante 30 años”.
Otro de los asuntos que ha generado controversia es la cantidad de facultades extraordinarias que recibiría el presidente Gustavo Petro:
“El Gobierno quiere tener las facultades para decidir la tarifa del SOAT (artículo 193) y quiere que todas las entidades públicas, obligatoriamente, se afilien a Positiva Compañía de Seguros (artículo 88), que es una empresa estatal, lo que rompe la libre competencia y además desdibuja el marco jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado”, agregó la senadora.
Al respecto, el exministro Restrepo refirió que se “deben eliminar al máximo las facultades extraordinarias. Deben estar circunscritas y con razones muy claras de por qué se adoptan”.
Los ojos de los congresistas también están puestos en el artículo 307, mediante el cual se podría hacer ajustes a la contratación para tomar decisiones frente al Metro de Bogotá, dándole prioridad a la iniciativa subterránea, que siempre ha defendido el jefe de Estado.
Este punto dice: “Para proyectos férreos en sistemas de transporte público masivo de pasajeros, que cuenten con convenio de cofinanciación, la Nación podrá cofinanciar dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo un monto superior de 70% de los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo beneficio establezca esta como la mejor alternativa, aplicando únicamente los requisitos que defina el Gobierno Nacional en relación con los citados en el artículo 2 de la Ley 310 de 1996″.
Sobre esta última recta en el legislativo, el director de Planeación, Jorge Iván González, manifestó que vuelven a debatir luego de reunirse durante días con congresistas, escuchando y tomando atenta nota de sus observaciones y nuevas propuestas, alineadas con las bases del Plan y con el ánimo de construir entre todos una hoja de ruta.
“A través de esta propuesta de Plan Nacional de Desarrollo se busca que en el país se piense hacia las grandes transformaciones con proyectos estratégicos que impacten la totalidad de nuestro territorio”. Por lo que se propusieron cinco grandes transformaciones: “ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional”.
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