Supersalud ordenó la intervención forzosa de la EPS Sanitas: lo que viene

Bogotá — La Superintendencia Nacional de Salud, en su rol de inspección, vigilancia y control, tomó posesión este martes de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordenó la medida de intervención forzosa para administrar esta entidad durante un año.

VER +

Este es el hueco fiscal que abriría la reforma a la salud de Petro

De acuerdo con ANIF, el mayor impacto de la reforma a la salud se daría en los primeros tres años de implementación con un monto de COP$338 billones y con ingresos por debajo de COP$332 billones, lo que sugiere de entrada un déficit de COP$6,3 billones

Lo anterior, debido al incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el Comité de Medidas Especiales desarrollando al interior de la Supersalud.

“Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de esta entidad van a continuar, tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud, y de que no tienen que incurrir en trámites administrativos o burocráticos”, destacó la Superintendencia.

Asimismo, indicó que esta intervención es con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población, por lo que envían un mensaje de tranquilidad al destacar que esto no es una liquidación o un proceso que acabará con EPS Sanitas.

Con esta intervención, Juan Pablo Rueda deja de ser el presidente de esta entidad prestadora de salud y queda al frente de la misma el funcionario interventor designado por la Supersalud.

La medida del Gobierno Petro generó diferentes opiniones. El senador Jota Pe Hernández reaccionó en contra, expresó que “como no pudo destruir las EPS mediante trámite legislativo, como el Congreso no le entregó los recursos de la salud, entonces decide Petro dictatorialmente intervenir Sanitas. La estrategia asfixiante que anunció, la ha ejecutado quedándose ya con 24,4 millones de afiliados”.

Al respecto, María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, manifestó que esta intervención deja muchas preguntas y preocupaciones: garantizar la buena atención a los 5,7 millones de pacientes, las garantías a la empresa, el respeto a la propiedad privada y el respeto a las leyes y la Constitución.