Bloomberg Línea — Desde orillas políticas disímiles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, han rechazado un informe del comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).
En ambos países —aunque guardando las formas, las proporciones y el contexto—, la CED expuso que funcionarios públicos habrían contribuido en la desaparición forzada de personas. La progresista Sheinbaum y el derechista Noboa, de posturas antagónicas y relación diplomática nula, coincidieron en algo: los cuestionamientos al reporte.
La CED documentó que en México hay “indicios fundados” de desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, y aunque sostuvo que no hay pruebas de una política federal para perpetrar estos delitos, también aseguró que información fundamentada “apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos o a su autorización” en estos casos.
Sus estimaciones apuntan a la existencia de 4.500 fosas, que contienen más de 6200 cadáveres y 4600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados.
En ese contexto, la CED solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México.
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Pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó el documento el 2 de abril, Sheinbaum hizo lo propio este lunes, durante su conferencia de prensa matutina. La razón: el informe del CED no tuvo en cuenta información enviada por el país, omitiendo avances del país en esta materia desde 2018, según ella.
“Varios temas no fueron considerados por esta comisión, por eso se rechazó el documento”, señaló la mandataria mexicana.
Sheinbaum cuestionó que el informe hubiese sido elaborado tomando como referencia solamente cuatro de los 32 estados de México: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
Además, expuso que la definición de desaparición forzada abordada por el CED difiere de la establecida por la ONU y que los datos recopilados son principalmente del periodo que comprende de 2009 a 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ni el suyo.
“Ya nada más eso es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis que están haciendo”, enfatizó Sheinbaum. “No tiene nada que ver con los gobiernos de la Cuarta Transformación, el Estado nunca puede usar la desaparición como un mecanismo de control”.
¿Qué dijo Noboa sobre Ecuador?
El CED expresó en su informe la alarma por las denuncias de por lo menos 51 desapariciones forzadas en Ecuador, “incluidas víctimas menores de edad, presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, durante operativos realizados entre 2024 y 2025″.
Estos crímenes habrían sido perpetrados durante una militarización sin precedentes gracias a más de una veintena de estados de excepción decretados por Noboa desde enero de 2024 con la intención de combatir las bandas delincuenciales y aduciendo a un supuesto “conflicto armado interno”, cuya existencia ha sido negada por la ONU.
Estos hechos habrían afectado principalmente a ciudadanos afroecuatorianos en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Los Ríos.
Noboa se pronunció sobre el informe el 1 de abril, en conversación con el diario El Mercurio, aduciendo una supuesta inclinación ideológica de la ONU, con todo y que el CED también se pronunció sobre la situación de desapariciones en países bajo gobiernos progresistas. Para muestra, un botón: México.
“Creo que la ONU debería dejar de tener una inclinación ideológica y simplemente enfocarse en la vida, enfocarse en las personas. Garantizar la vida a la mayoría que no comete crímenes y también revisar la situación de los que cometen crímenes sin parar″, comentó.
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