Bloomberg — La campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los cárteles de la droga que introducen de contrabando grandes cantidades de gasolina y diésel estadounidenses en México podría estar a punto de jugarle en contra.
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La operación, que ha permitido recuperar casi 617.000 barriles de combustible, también derivó en la detención de un oficial naval de alto rango, en la destitución del fiscal general de Sheinbaum y en un renovado escrutinio sobre las acusaciones de que el dinero del comercio ilegal de combustible termina financiando campañas políticas.
Dicha investigación puso de manifiesto cómo el combustible introducido clandestinamente en México para evadir impuestos está profundamente integrado en la cadena de suministro del país, lo que priva al gobierno de más de US$11.000 millones en ingresos anuales y se ha convertido en la mayor fuente de ingresos de los cárteles después de las drogas. Mientras tanto, las repercusiones dejan ver las divisiones dentro del partido gobernante de México y amenazan con convertirse en el mayor escándalo de los primeros años del mandato de la presidenta.
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“Este podría ser el punto de inflexión” para la popularidad de Sheinbaum, afirmó Juan Carlos Villarreal, politólogo mexicano.
La magnitud del contrabando de combustible desde EE.UU. a México es asombrosa, ya que, según las autoridades, no solo involucra a grupos del crimen organizado, sino también a unas 500 empresas y ocho diferentes puertos.
Aunque México extrae más crudo que la mayoría de los miembros de la OPEP, sus refinerías, obsoletas y en mal estado, no han logrado satisfacer la demanda interna de diésel y gasolina. Por ello, el país importa más del 60% de estos combustibles, principalmente desde EE.UU. Y traer combustible a México no es barato.
El gobierno impone un gravamen de entre MXN$5,5 y MXN$7 (entre 30 y 39 centavos de dólar estadounidense) por cada litro de combustible importado, lo que supone aproximadamente una cuarta parte del precio que pagan los mexicanos en las gasolineras.
Esto crea una lucrativa oportunidad para introducir combustible de forma ilegal en México en camiones o cisternas y luego venderlo a un precio inferior al de los proveedores que cumplen la ley y pagan impuestos. Los contrabandistas etiquetan sus cargamentos de gasolina y diésel como lubricantes y otras sustancias que no están sujetas a dichos impuestos. Cuando llegan a los puertos, sobornan a funcionarios de aduanas y muestran documentos falsos o códigos QR falsos vinculados a sitios web falsos de la agencia tributaria.
Aproximadamente uno de cada tres litros de combustible vendidos en México procede de fuentes ilegales, según una estimación de la mayor asociación de distribuidores de combustible y operadores de estaciones de servicio del país. El contrabando se ha vuelto tan común que ha dado lugar a su propia jerga mexicana: “huachicol fiscal”. La frase se refiere al “contrabando fiscal de combustible”, utilizando una palabra indígena de la época colonial española que se refiere a los estafadores que diluían el alcohol para aumentar sus ganancias.
En algunos casos, el combustible llega a estaciones de servicio legítimas, donde los clientes pueden no tener idea de que están comprando gasolina de contrabando. En otros, vendedores ambulantes lo ofrecen al borde de la carretera. A lo largo de las autopistas mexicanas, luces intermitentes guían a los automóviles hacia el combustible barato y los “huachicoleros” caminan junto al tráfico, ofreciendo gasolina en bidones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras cuando asumió el cargo en enero, como parte de su esfuerzo por detener el flujo de fentanilo y otras drogas hacia EE.UU. Una de sus exigencias clave hacia Sheinbaum es que tome medidas enérgicas contra los puntos por donde entra y sale el fentanilo de México, según David Saucedo, consultor de seguridad con sede en Ciudad de México.
“Lo que quieren los estadounidenses en el fondo”, dijo Saucedo en una entrevista, “es despojar a los cárteles del control de los puertos”.
Sheinbaum, ex jefa de gobierno de Ciudad de México elegida presidenta en 2024, comenzó a intensificar su lucha contra el contrabando a principios de este año. La operación dio un giro en septiembre, cuando los agentes detuvieron a un vicealmirante de la Marina y a otras 13 personas por presuntamente aceptar sobornos en relación con un buque cisterna incautado con 63.000 barriles de diésel estadounidense falsamente etiquetados como lubricantes para evitar los impuestos de importación.
La detención del vicealmirante Manuel Farías, que supervisaba la seguridad en un puerto de Puerto Vallarta, desató la indignación.
Está casado con la sobrina de un exsecretario de Marina nombrado por el predecesor y mentor de Sheinbaum: el presidente Andrés Manuel López Obrador. El hermano de Farías, el contralmirante Fernando Farías Laguna, también fue acusado en el caso. Se desconoce su paradero.
Los críticos de Sheinbaum aprovecharon los cargos para afirmar que la participación de militares de tan alto rango demuestra que su partido gobernante tiene vínculos con el contrabando.
El mes pasado, Sheinbaum destituyó al fiscal general de México, que había estado al frente de la investigación. El fiscal general Alejandro Gertz Manero había sido nombrado por López Obrador, y el equipo de Sheinbaum lo culpó de filtrar información sensible relacionada con el caso de contrabando de combustible, según personas familiarizadas con el asunto. Pero la gota que colmó el vaso, según estas personas, fue la gestión del fiscal general de la investigación sobre Raúl Rocha Cantú, un empresario mexicano y copropietario de la franquicia de Miss Universo en México, por su presunta participación en el contrabando de combustible y armas en el país.
La presidenta y sus asesores no estaban contentos, según las personas, porque Gertz Manero otorgó a Rocha Cantú la condición de testigo protegido en el caso, lo que le protege, parcialmente, de ser procesado.
Si bien Sheinbaum ha negado que los miembros de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de tendencia de izquierda, hayan cometido irregularidades, la prensa mexicana ha publicado una serie de artículos en los que se detallan nuevas incautaciones y sospechosos relacionados con el contrabando.
“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad”, dijo la presidenta en septiembre. “Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”.
Los analistas políticos advierten que presionar demasiado podría acabar exponiendo la corrupción dentro de Morena.
“Si Sheinbaum toma medidas más drásticas, tendrá un costo político”, afirmó Rodrigo Villegas, fundador de la consultora de riesgos Suass Group, en entrevista. “Por otro lado, si no hace nada, corre el riesgo de que Estados Unidos ejerza más presión para que resuelva el problema”.
Los opositores políticos de Sheinbaum y López Obrador, comúnmente conocido como AMLO, alegan que el dinero procedente del contrabando de combustible se ha convertido en una fuente de financiación clave para su partido. El año pasado, el Partido Acción Nacional (PAN), de tendencia conservadora, presentó una denuncia ante la fiscalía federal alegando que los ingresos del contrabando de combustible han financiado las campañas políticas de Morena en al menos once de los 32 estados del país.
Los dirigentes de Morena niegan las acusaciones. Sin embargo, un miembro del partido advirtió durante una entrevista reciente que el riesgo de que el dinero del contrabando de combustible llegue a las arcas electorales es real.
“Lo que tenemos que hacer es parar esto porque puede usarse para todo, incluida la parte del financiamiento de actividades políticas electorales”, dijo en octubre el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar.
A principios de este año, otro legislador del PAN, Federico Döring, presentó una denuncia ante los fiscales federales en la que alegaba que el hijo de AMLO, un alto dirigente de Morena, nombró a otros funcionarios del partido para facilitar el contrabando de combustible que beneficiaba a las campañas políticas. El medio de comunicación investigativo mexicano Codigo Magenta siguió unos meses más tarde con una serie de reportajes en los que se hacían acusaciones similares, citando documentos y grabaciones de audio no publicados.
Andrés Manuel López Beltrán negó dichas acusaciones y las desestimó como una difamación política.
Mientras tanto, la ruptura de Sheinbaum con el fiscal general sugiere que se están produciendo fisuras dentro del partido Morena entre sus partidarios y los que siguen siendo leales al expresidente. Aunque AMLO respaldó firmemente la candidatura de Sheinbaum para sustituirlo, sus partidarios dentro del partido no la han apoyado de forma unánime desde que asumió el cargo.
Esas divisiones se han hecho especialmente evidentes en el Congreso mexicano, donde los grupos más cercanos a AMLO han retrasado algunas de las principales propuestas de Sheinbaum sobre cuestiones como la seguridad y los aranceles a China, que acabaron siendo más suaves de lo inicialmente propuesto porque algunos legisladores no querían complicar las relaciones con Pekín.
“No es el gobierno contra el gobierno, es el gobierno que entra contra el gobierno que no se quiere ir”, afirmó Aldo Muñoz, profesor de ciencias políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, en entrevista.
La oficina de Sheinbaum, la Secretaría de Marina de México y la Fiscalía General no respondieron a las solicitudes de comentarios.
AMLO había puesto a la Marina de México a cargo de la seguridad portuaria y aduanera en 2021, diciendo que ayudaría a combatir la corrupción y el contrabando. Cuando se detuvo a oficiales de esta institución en relación con el buque cisterna lleno de diésel, los partidos de oposición se lanzaron al ataque.
“Nos parece que es el escándalo de corrupción más grande de la historia de México”, dijo el senador Raymundo Bolaños, miembro del PAN, en una entrevista.
Aunque el mandato de seis años de Sheinbaum no expira hasta 2030, podría enfrentarse a un referéndum de destitución después de su tercer año en el cargo, gracias a una reforma constitucional promulgada por AMLO para permitir a los votantes evaluar el desempeño de los presidentes a mitad de su mandato. Esto aumenta la presión sobre ella en lo que respecta a la opinión pública.
Hay indicios de que esto está afectando la popularidad de Sheinbaum entre los votantes. Ella sigue siendo tremendamente popular, con un índice de aprobación del 60,5 % en la edición de diciembre de Latam Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News. Sin embargo, esa cifra ha bajado desde el 65,6 % de hace tres meses. Y la última encuesta, reveló que los mexicanos siguen sintiendo inquietud por la corrupción y el crimen organizado.
Mientras tanto, las repercusiones políticas continúan.
“Estos escándalos pueden reflejar reajustes internos dentro de la coalición gobernante”, afirmó Pablo Reyes Moctezuma, cofundador de la empresa de seguridad DataInt. “Morena no es un bloque monolítico. Dentro del gobierno federal hay coaliciones que se están reajustando, y estos escándalos de corrupción son una señal de la lógica de eso”.
--Con la colaboración de Carolina Millán, Maya Averbuch y Gonzalo Soto.
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Esta historia fue actualizada a las 9:30 (Ciudad de México). Corrige primer párrafo para especificar que las medidas tomadas le están jugando en contra y no rindiendo frutos.
