Ciudad de México — La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del jueves la Ley de Infraestructura con la que la presidenta Claudia Sheinbaum busca reactivar la inversión en México, mediante la incorporación de múltiples esquemas y vehículos financieros, entre ellos los fideicomisos públicos y privados.
Los diputados del oficialismo aceleraron la aprobación de la Ley de Infraestructura, la cual anunció Sheinbaum hace tan solo una semana en la 89 Convención Bancaria, donde la mandataria dijo que envió al Congreso dicha Ley para generar mecanismos para la inversión pública-privada, tras reconocer que al país le falta crecer.
Con 359 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, fue aprobada en lo general la expedición de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Los diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra de la Ley de Infraestructura y la reforma a la LFPRH al considerar que las propuestas conceden al Gobierno un sesgo discrecional en la selección de proyectos de infraestructura y los recursos que se van a comprometer.
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Durante la discusión en lo particular del dictamen, la mayoría oficialista aprobó eliminar un artículo transitorio que propusieron el PAN y PRI, con el que buscaban asegurar la disciplina presupuestal de los proyectos de inversión en infraestructura.
El dictamen aprobado fue turnado al Senado para su discusión y aprobación, con lo que habrá sido avalado por el Congreso y pasaría al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y promulgación.
Ley de Infraestructura: el contenido
La Ley de Infraestructura nace con 141 artículos y 12 títulos, y establece la creación de vehículos financieros, a fin de canalizar capital privado, banca de desarrollo y ahorro institucional hacia infraestructura pública, sin que sea gasto público y sin que genere deuda y afecte al déficit fiscal.
Asimismo, la Ley contempla la creación de la figura Vehículos de Propósito Específico, que define como las sociedades, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica, que permitan generar una coordinación entre los sectores público, privado o social, en materia de infraestructura.
También se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano de alto nivel presidido por la titular del Ejecutivo Federal, con participación de 12 dependencias y 9 invitados permanentes, para la coordinación transversal de la inversión en infraestructura.
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Armando Albores, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, dijo al fundamentar ante el Pleno la iniciativa que la Ley busca ordenar lo que está fragmentado, como las fibras, CKD’s, empresas mixtas, fideicomisos, entre otros, que operan cada uno con reglas, registros y controles distintos.
“México necesita invertir mucho más en infraestructura y necesita movilizar todos sus recursos públicos, privados y sociales para lograrlo. La infraestructura que el país demanda no puede depender de una sola fuente; se necesitan todas”
Armando Albores, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena y cercano a Sheinbaum, dijo desde la tribuna que la Ley de Infraestructura es un paso adelante en la multiplicidad de esquemas y vehículos financieros, y la corresponsabilidad entre lo público y privado para levantar la inversión.
Indicó que la creación de nuevos vehículos financieros permitirá constituir fideicomisos y bursatilizar activos, al tiempo que se aíslan riesgos, es decir, se establecen financiamientos que no computarán como deuda pública.
“Esa multiplicidad de fondos que están en fideicomisos, en bancos y en los sistemas de ahorro en el país no invierten no por falta de interés, sino porque estaban exigiendo una legislación de este tipo. Se garantizará una distribución justa del retorno de utilidades tanto para el privado como para la inversión que el Estado tiene que realizar”
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena
Sheinbaum presentó a inicio de febrero el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con la apuesta de invertir MXN$5,6 billones, principalmente en energía, durante su periodo presidencial, a través de diversos esquemas de financiamiento que permitan potenciar la inversión pública.
El anunció llegó luego de que el 2025, el primer año de su sexenio, la inversión pública se contrajo -28,4% real, lo que implicó la peor caída de gasto en obras tres décadas, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda.
Para 2026, el Presupuesto para inversión pública es de poco más de MXN$900.000 millones, pero con los esquemas de financiamiento que se implementarán, Sheinbaum estima que habrá una inversión adicional de MXN$722.000 millones, lo que representa un aumento equivalente a 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Reviven los fideicomisos que renegaba AMLO
La Ley de Infraestructura establece la creación de fideicomisos como un mecanismo de financiamiento para los proyectos. Sin embargo, diputados de oposición cuestionaron que Morena apoye ese esquema cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) renegaba de ellos.
AMLO, como se le conoce al expresidente, ordenó extinguir más de 100 fideicomisos de distinta índole, incluyendo un fondo reconocido para atender desastres naturales, y decía que quien defendía fideicomisos era corrupción.
Héctor Téllez, diputado del PAN, cuestionó que, para incentivar la inversión, la Ley plantea figuras financieras que “tanto denostaban” como son las asociaciones público-privadas, los fideicomisos y las inversiones mixtas.
Nancy Olguin, también diputada del PAN, rebatió a sus correligionarios de Morena que ellos avalaron la eliminación de fideicomisos con AMLO “diciendo que eran cajas negras”, no obstante, en la Ley de Infraestructura se crean los Vehículos de Propósito Específico que operarán a través de fideicomisos públicos o privados.
Gildardo Pérez, diputado de Movimiento Ciudadano, mencionó que la iniciativa presidencial introduce esquemas financieros como los fideicomisos, “y hay que recordar que el partido en el poder (Morena) es muy malo para administrar los fideicomisos”.
Yerico Abramo, diputado del PRI, celebró que el Gobierno de Sheinbaum tome el fideicomiso como una posibilidad para que la inversión detone carreteras, termoeléctricas y otras obras que sirvan para la comunicación y el mejoramiento de la movilidad en el país, sin embargo, consideró que falta transparencia.
Reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
De acuerdo con la mayoría ofciialista y la Secretaría de Hacienda, la reforma a la Ley de Presupuesto están en línea con la disciplina fiscal y la transparencia, aunque diputados de oposición no lo ven así.
La reforma mandata la presentación de compromisos plurianuales para el ejercicio presupuestado y los siguientes cinco años y establece el registro presupuestario conforme a los pagos asociados a los contratos de inversión estratégica, con carácter preferente.
Asimismo, se establece proteger los gastos relacionados con los proyectos para el desarrollo frente a ajustes por disminución de ingresos y se incluye explícitamente los contratos de inversión estratégica como contratos plurianuales.
Se agrega un nuevo artículo 35 Bis de flexibilidad regulada, en el que se autoriza, por excepción y con autorización de la Secretaría de Hacienda, el inicio de procedimientos de contratación antes de contar con la suficiencia presupuestaria definitiva, debiendo tramitarse las adecuaciones previo al fallo.
Otro cambio es la redefinición del gasto corriente estructural, con la reforma se excluyen de su definición los programas sociales universales constitucionales y los servicios personales de educación, salud y seguridad pública.
Grisel Galeano, procuradora Fiscal de la Federación, dijo a diputados durante una participación en la dictaminación de la Ley de Infraestructura en comisiones, que el propósito de las reformas a la LFPRH es armonizar su contenido con el marco constitucional vigente y con la necesidad de planear proyectos de inversión de largo plazo, sin modificar los principios fundamentales de disciplina fiscal.
En particular -defendió- la modificación al concepto de gasto corriente estructural no altera la forma en que se determina el déficit público, no modifica la medición de los Requerimientos Financieros del Sector Público y no cambia el registro de la deuda pública, los cuales continúan rigiéndose por lo dispuesto en la propia LFPRH, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“El ajuste propuesto tiene como finalidad reconocer que existen erogaciones de carácter permanente derivadas de obligaciones constitucionales y legales del Estado que deben considerarse estructurales para efectos de la aplicación de la regla de crecimiento del gasto, sin que ello implique reclasificarlo, generar espacio fiscal adicional o debilitar los controles presupuestarios”
Grisel Galeano, procuradora Fiscal de la Federación
Emilio Suárez, diputado del PRI, dijo que la exclusión de ciertos rubros de gasto corriente estructural, dígase programas sociales y servicios personales, debilitan la transparencia y distorsionan la lectura real de las finanzas públicas.
Humberto Ambriz, también legislador del PRI, acusó que la reforma modifica la forma en que se calcula el gasto corriente estructural, además de pretender que el gasto de empresas como Pemex y CFE no contabilicen de la misma manera dentro del balance presupuestario. “El resultado: una reducción artificial del gasto público, una simulación del déficit real y una narrativa ficticia de la estabilidad”.
Gabriela Siller, economista jefe de Banco Base, dijo en una nota de análisis que la redefinición del concepto de gasto corriente estructural “es una mala noticia” porque ahora el crecimiento del gasto corriente total (y el gasto total) puede ser más acelerado, “le están sacando la vuelta al límite máximo de gasto corriente estructural”.
La estratega consideró que esta es una señal de que el Gobierno de Sheinbaum no piensa “por ningún motivo” limitar el crecimiento del gasto en programas sociales para lograr la consolidación fiscal. “Esto implica un riesgo para la calificación crediticia de la deuda soberana de México”.
