Ciudad de México — La nueva Ley de Infraestructura de la presidenta Claudia Sheinbaum busca agilizar proyectos mixtos con esquemas de inversión flexibles, sin embargo, existe el riesgo de que esos mecanismos introduzcan opacidad en las finanzas públicas de México, concluye un reporte económico de Banamex.
El Congreso se apresuró a aprobar el marco legal al que le apuesta Sheinbaum y su equipo hacendario para materializar una inversión de MXN$5,6 billones durante su periodo presidencial como parte del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.
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Pero la creación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar y la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) conllevan riesgos para la credibilidad de las finanzas públicas al flexibilizar mecanismos de inversión y el uso del presupuesto para proyectos.
Así lo concluye un reporte de Banamex elaborado por Arely Medina, economista de investigación en la Dirección de Estudios Económicos, quien recuerda que la propuesta de flexibilizar el marco fiscal ocurre cuando el gasto público sufre presiones estructurales.
“La Ley busca redefinir el papel del Estado en la promoción de proyectos estratégicos, sin embargo, lo hace en un contexto en el que el margen fiscal es acotado y la flexibilización de métricas fiscales junto con esquemas extrapresupuestarios, introducen riesgos de opacidad”
Reporte económico de Banamex
Ley de Infraestructura, entre la flexibilidad y los riesgos
El nuevo esquema de inversión -que desplaza a la Ley de Asociaciones Público Privadas, las APPs- plantea mayor flexibilidad, participación más activa del Estado en financiamiento y riesgos, estructuras contractuales menos estandarizadas y el uso de vehículos financieros que quedarían fuera del presupuesto (off-balance).
Se proponen cuatro posibles tipos de inversiones mixtas: inversión pública predominante, inversión privada predominante, esquema de coinversión y esquema con vehículos financieros especializados que utilizarán fideicomisos o instrumentos de inversión que permitan canalizar recursos y diferir el impacto fiscal.
“El uso creciente de instrumentos extra presupuestarios y esquemas de financiamiento fuera de balance eleva la opacidad en la medición del esfuerzo fiscal, al tiempo que puede incrementar la acumulación de pasivos contingentes”
Reporte económico de Banamex
El reporte señala que “la rigidez” de las APPs respondía a su diseño como instrumentos de disciplina fiscal y gobernanza para evitar sobrecostos, limitar la acumulación de deuda contingente y reducir espacios de discrecionalidad y posible corrupción.
Pero ahora, con la nueva Ley, la mayor “flexibilidad” podría traducirse en la práctica en una “relajación excesiva” de estos controles, facilitando la ejecución de proyectos en el corto plazo, pero posiblemente a costa de una menor visibilidad y control sobre los compromisos fiscales de largo plazo.
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¿Deuda oculta?
La reforma a la LFPRH agregó un nuevo artículo, el 35 Bis de flexibilidad regulada, en el que se autoriza, por excepción y con autorización de la Secretaría de Hacienda, el inicio de procedimientos de contratación antes de contar con la suficiencia presupuestaria definitiva.
Durante la discusión en el Congreso este nuevo artículo fue cuestionado por la oposición.
Raymundo Bolaños, senador del opositor Partido de Acción Nacional, PAN, advirtió que iniciar proyectos de contratación sin contar con suficiencia presupuestaria, rompe el principio de responsabilidad hacendaria. “Estamos frente a un mecanismo de endeudamiento”.
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La senadora del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Claudia Anaya, pidió al Pleno que se suspendiera la discusión de la Ley, ya que, en su opinión, la nueva Ley de Infraestructura abre riesgos a un “crecimiento desbordado” del gasto corriente que genera riesgos en consolidación fiscal y los esquemas de inversión “le dan la vuelta” a los registros contables de deuda.
Medina anotó en el reporte que, tradicionalmente, el marco fiscal establece que no deben adquirirse compromisos sin contar con recursos aprobados. Sin embargo, con la adición de ese artículo a la Ley implica que, aunque formalmente no se trate de deuda inmediata, se generarán obligaciones de facto.
“Las estas modificaciones al marco jurídico tienen riesgos. Podrían implicar un desanclaje de las expectativas fiscales al debilitar algunas métricas fiscales y ampliar la discrecionalidad en la clasificación del gasto”
Reporte económico de Banamex
La estratega de Banamex dijo que los riesgos se amplifican en un entorno de debilitamiento de las finanzas públicas: incrementos modestos de los ingresos tributarios que no compensan las presiones de gasto en rubros como pensiones, costo financiero y apoyos a empresas públicas.
Además, la permanencia de déficit públicos elevados se está traduciendo en una tendencia al alza de la deuda pública -que aumentó de 43,6% del PIB en 2018 a 53,2% del PIB en 2025- que de continuar podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y la calificación crediticia del soberano.
