Bloomberg — Los legisladores mexicanos aprobaron cambios a una controvertida reforma judicial de 2024 que ordenaba la elección popular de los jueces federales, un esfuerzo para abordar las preocupaciones de los inversionistas y las empresas que dicen que la reforma ha socavado la confianza en la segunda economía más grande de América Latina.
El Senado votó a última hora del jueves a favor de aprobar el paquete de retoques propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, retrasando un año, hasta 2028, la próxima ronda de elecciones judiciales. El proyecto de ley también restablece un examen de conocimientos para los candidatos judiciales, crea un comité para revisar las calificaciones y establece evaluaciones anuales de desempeño para los nuevos jueces.
En una votación posterior a primera hora del viernes, los senadores respaldaron un proyecto de ley que permitiría anular las elecciones mexicanas en caso de injerencia extranjera, incluyendo “apoyo financiero, ciberataques, campañas coordinadas de desinformación o presión diplomática”. Ambas ya habían sido aprobadas por la Cámara Baja.
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Es poco probable que la legislación judicial satisfaga a los críticos que argumentan que la reforma ha debilitado la independencia del poder judicial, ha politizado los tribunales y ha dejado a magistrados inexpertos a cargo de litigios complejos.
“La reforma trata más de simplificar el proceso electoral que de abordar la cuestión de fondo”, dijo Marco Oviedo, estratega principal de XP Investimentos. “No resuelve el problema de la selección de los profesionales más cualificados para los puestos judiciales”.
La elección de jueces fue un objetivo de larga data del predecesor y compañero de partido de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien la caracterizó como una forma de erradicar la corrupción en un poder judicial contra el que a menudo luchó.
Esto ha contribuido a las luchas de Sheinbaum por reactivar una economía aletargada: La inversión agregada en México ha disminuido desde que se aprobó la ley de reforma, ya que las empresas sopesan el riesgo de un poder judicial que ahora se percibe cada vez más alineado con el gobierno y menos capaz de garantizar el Estado de derecho.
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México celebró sus primeras elecciones con el nuevo sistema el año pasado, cuando los votantes eligieron a 881 nuevos jueces federales, incluida toda la Corte Suprema. La votación se enfrentó a la reacción de los opositores que argumentaron que la compleja papeleta y la baja participación electoral daban ventajas a candidatos en gran parte desconocidos respaldados por el partido Morena de Sheinbaum.
Desde entonces, el Poder Judicial se ha enfrentado a quejas de que las decisiones se han visto empañadas por errores manifiestos o sesgos percibidos, y las empresas evitan cada vez más los tribunales en favor del arbitraje o la mediación.
Sheinbaum se ha opuesto, argumentando que la revisión haría que el sistema de justicia fuera más representativo del pueblo mexicano. Ella propuso cambios a principios de este mes después de que los principales aliados en el Congreso pidieran alteraciones para abordar las preocupaciones.
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Según el proyecto de ley aprobado el jueves, la próxima ronda de elecciones tendrá lugar en 2028, en lugar del año que viene. Pero sin reformas más sustantivas, es probable que se produzcan muchos de los mismos problemas, dijo Luis de la Calle, economista y gerente fundador de la consultora De la Calle, Madrazo, Mancera.
“Esto no es suficiente y no va a satisfacer a nadie”, dijo. “Se necesita una reforma mucho más profunda. Creo que deberíamos aprovechar este año extra para proponer cambios más profundos.”
Cuando propuso la legislación, Sheinbaum dijo que las elecciones judiciales de 2028 se celebrarían junto con una revocación presidencial, una votación que daría a los mexicanos la oportunidad de determinar si se le debe permitir terminar su mandato de seis años.
AMLO, como se conocía a su predecesor, celebró una revocación de mandato en 2022, argumentando que era una forma de rendición de cuentas democrática. Los críticos, sin embargo, consideraron la votación de baja participación como una estratagema para energizar a su base para la segunda mitad de su único mandato.
Sheinbaum sigue siendo ampliamente popular, y poner su nombre en la papeleta junto a los candidatos judiciales podría influir en los resultados, dijo María Emilia Molina, ex juez federal.
“La elección judicial debería ser un ejercicio cívico no partidista”, añadió.
