Tras semanas de discusión pública sobre el rumbo de Petroperú, el Gobierno de Perú empezó a delinear un esquema de reorganización que apunta a sostener la continuidad de la empresa sin recurrir a nuevos rescates financieros generalizados ni modificar su carácter estatal.
En ese marco, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, expuso en el ciclo televisivo Panorama los ejes de la estrategia oficial y defendió las decisiones adoptadas desde el inicio de la actual gestión.
VER MÁS: El mercado apuesta por un rescate “tipo Pemex” para la estatal Petroperú
Uno de los puntos centrales fue la definición sobre la propiedad de la petrolera. Miralles descartó de manera explícita cualquier proceso de privatización y sostuvo que la prioridad fue enfrentar una situación que consideró insostenible. “Petroperú no se privatiza, no se vende. Lo que nosotros hemos hecho es encontrar una situación que no podía seguir y hemos tomado medidas desde el primer día”, afirmó.
En esa línea, advirtió que la empresa arrastraba pérdidas y compromisos financieros que comprometían su funcionamiento: “Si no hacíamos nada, Petroperú era inviable”.
Según detalló la ministra, la deuda de Petroperú ronda los US$5.000 millones y, hasta octubre de 2025, la empresa acumuló una pérdida neta de 1.611 millones de soles.
En ese contexto, el Ejecutivo decidió no repetir esquemas aplicados en años anteriores, que incluían transferencias directas o garantías estatales para cubrir pasivos. “Una empresa que no produce utilidades, ¿cómo va a pagar sus deudas?”, planteó Miralles al justificar el cambio de enfoque.
No obstante, el Gobierno sí habilitó una transferencia excepcional bajo el Decreto de Urgencia 010, por un monto de 240 millones de soles. La ministra aclaró que se trata de un mecanismo condicionado, orientado a la reorganización y no al pago automático de deudas.
Según explicó, a diferencia del pasado, ahora se establecen exigencias concretas en términos de metas y mejoras operativas. En sus palabras, la empresa “no puede seguir funcionando así” y debe encarar cambios estructurales.
Entre las herramientas previstas figura la creación de fideicomisos para proteger activos estratégicos y, al mismo tiempo, facilitar la participación de capital privado en determinadas áreas.
Miralles señaló que Proinversión fue encargada de elaborar un plan de promoción de activos que será presentado hacia finales de este mes. Ese esquema contempla identificar bienes que puedan ser incorporados a fideicomisos, manteniendo la propiedad estatal, pero permitiendo que inversores compartan riesgos con el Estado.
Dentro de ese universo de activos, la nueva refinería de Talara ocupa un lugar destacado. La ministra sostuvo que se trata de una inversión de gran escala cuyo potencial no fue plenamente aprovechado. A su entender, una gestión más eficiente, combinada con la participación privada, podría transformar a Talara en una unidad de negocio productiva. En declaraciones públicas, afirmó que “el potencial de Talara no ha sido explotado adecuadamente” y que, bajo nuevas condiciones, podría aportar tanto a Petroperú como a la economía del país.
Los plazos del proceso también fueron precisados. El plan preliminar de Proinversión se conocería hacia el cierre del mes en curso, mientras que para junio se proyecta la firma de los primeros contratos con capital privado en líneas de negocio consideradas estratégicas.
De acuerdo con Miralles, ya existe interés de empresas nacionales e internacionales, un escenario que se habría reforzado tras la aprobación del decreto de urgencia. En ese sentido, aseguró que la norma fue bien recibida por inversionistas y acreedores, que interpretan un compromiso del Estado con el pago de las deudas y la protección de los activos.
Más allá de las decisiones financieras, la ministra hizo referencia a problemas estructurales que, según el diagnóstico oficial, contribuyeron a la crisis de la petrolera. Entre ellos mencionó debilidades en la gobernanza y un elevado gasto en beneficios laborales.
De acuerdo con sus datos, el 55% del gasto en personal se destina a beneficios, algunos de los cuales consideró desalineados con la situación de la empresa. Enumeró, entre otros, la escolaridad financiada hasta los 29 años para hijos de trabajadores, pasajes para estudios fuera de la residencia y bonos adicionales por vacaciones.
La situación económica de Perú
En paralelo a la situación de Petroperú, Miralles se refirió al contexto macroeconómico del país. Confirmó que el crecimiento económico superó el 3% en 2025 y que la proyección oficial para 2026 es de 3,2%. Reconoció que el proceso electoral introduce incertidumbre y suele afectar la inversión pública, pero señaló que el Ejecutivo está impulsando medidas para destrabar inversiones y mejorar los marcos normativos.
Aunque admitió que un crecimiento de entre 4,5% y 5% sería deseable, sostuvo que, en el contexto regional, el desempeño previsto para Perú se ubica entre los más altos.
La ministra también abordó el financiamiento y la continuidad de grandes obras públicas ejecutadas bajo el esquema de gobierno a gobierno, como la nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa. Indicó que algunos proyectos no contemplaron inicialmente el total de la inversión necesaria y que el presupuesto aprobado resultó insuficiente. Aun así, afirmó que la estrategia oficial apunta a priorizar obras avanzadas y vinculadas a la competitividad.
VER MÁS: Bonos de Petroperú caen a mínimo de dos años ante versiones de una posible quiebra
En conjunto, la hoja de ruta presentada por el Gobierno combina una reorganización profunda de Petroperú, la preservación de su carácter público y una mayor exigencia de eficiencia, con la apertura a esquemas de participación privada. Según Miralles, el objetivo es que la empresa recupere un rol relevante en el desarrollo nacional sin repetir prácticas que, en el pasado, resultaron insostenibles.
