Bloomberg Línea — El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció el domingo 18 de octubre que firmará un decreto para establecer, por primera vez y con coordenadas oficiales, los límites marítimos que el país considera propios alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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El anuncio lo hizo desde un buque de la Armada durante una visita al territorio insular, al asegurar que sobre esas aguas no existe un solo metro en disputa.
El documento se publicará el 30 de noviembre, fecha en la que se conmemora el aniversario de la isla, y sus referencias se incorporarán a las cartas náuticas oficiales de Colombia. La decisión reabre un litigio que parecía cerrado.
En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ratificó la soberanía colombiana sobre las islas, pero otorgó a Nicaragua una amplia zona económica exclusiva en el Caribe, y en julio de 2023 rechazó la pretensión de Managua de extender su plataforma continental.
Horas después del anuncio de mandatario colombiano, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, remarcó en un mensaje en X que el fallo de 2012 es “inaplicable en su literalidad” y que la decisión que ahora toma el Ejecutivo se debió adoptar hace 48 años, cuando el Congreso aprobó la ley que lo ordena.
El decreto recogerá las líneas de base que esa norma manda trazar alrededor de las tres islas y del resto de formaciones insulares y arrecifales, y que ningún gobierno materializó desde entonces, según las autoridades.
Y aunque la medida no modifica las fronteras fijadas por la justicia internacional, tiene el potencial de reactivar la disputa que Colombia y Nicaragua arrastran.
Un decreto pendiente
La Ley 10 de 1978, aprobada por el Congreso con el respaldo del entonces presidente Alfonso López Michelsen, ordenó trazar líneas de base rectas alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Las correspondientes al territorio continental se definieron en 1984, pero el trazado insular quedó pospuesto por décadas y nunca entró en vigencia.
Con el pasar de los años, los gobiernos colombianos evitaron delimitar con coordenadas precisas esa frontera marítima, un vacío que ha alimentado la controversia con Nicaragua.
Ahora, el nuevo decreto prevé recoger las 12 millas náuticas de aguas territoriales, unos 22,2 kilómetros, en torno a las tres islas y los islotes y arrecifes que completan el conjunto, y la Armada Nacional será la encargada de ejecutar el trazado con su infraestructura tecnológica.
“Vamos a cartografiar lo que es nuestro”, dijo De la Espriella. El decreto forma parte de una estrategia integral que, según el Gobierno, busca fortalecer la soberanía, proteger a los pescadores y promover la inversión en el archipiélago.
¿Qué busca Colombia?
Las líneas de base son las referencias geográficas desde las que un Estado mide la extensión de sus espacios marítimos. Desde ellas se proyecta el mar territorial, que puede alcanzar hasta 12 millas náuticas —unos 22,2 kilómetros—, sobre el cual el país ejerce soberanía sobre las aguas, el espacio aéreo, el lecho marino y su subsuelo, con la salvedad del paso inocente de embarcaciones extranjeras.
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Definir dónde se ubican esas líneas determina, en consecuencia, cuánto mar corresponde a cada nación. El planteamiento que ahora recupera el Gobierno se conoce como doctrina Gaviria, por el diplomático e internacionalista colombiano Enrique Gaviria Liévano (1939-2020) que la formuló.
El instrumento propone que los límites no se tracen alrededor de cada isla por separado, sino como un perímetro único que una los puntos extremos del archipiélago y de todos sus territorios insulares para la consolidación de un archipiélago de Estado.
Con esa figura, el mar que quede dentro pasaría a ser agua interior y el archipiélago se defendería como un solo territorio.
Aplicada esa interpretación permitiría a Colombia reclamar mares que hoy pertenecen a Nicaragua y que se ubican entre la isla de San Andrés y el cayo de Quitasueño.
Al respecto, el ministro Lara dijo en X que “Colombia llegó a La Haya con la tarea mal hecha”, y agregó que, cuando los jueces miraron el mapa “no vieron un territorio que Colombia hubiera administrado y defendido como una sola cosa, porque nunca nos tomamos el trabajo de demostrarlo”.
Este planteamiento choca, sin embargo, con obstáculos jurídicos relevantes. El presidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, Walter Arévalo Ramírez, dijo a El País de España que cerrar el espacio marítimo que la Corte otorgó a Nicaragua entre San Andrés y Providencia y las islas del norte sería una contradicción directa con la sentencia de 2012.
El experto recordó que las líneas de base archipelágicas no fueron el centro del debate en 2012 ni en 2023: ni se negaron ni se aceptaron.
Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reserva ese régimen para los estados archipelágicos, como Japón, y no para estados continentales con islas, como Colombia. El punto a favor de Bogotá es que no es parte de esa Convención adoptada en 1982 y en vigor en 1994.
Los fallos de La Haya
El diferendo llegó a la justicia internacional el 6 de diciembre de 2001, cuando Nicaragua demandó a Colombia ante la CIJ y pidió declarar inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, alegando que se suscribió bajo ocupación militar de Estados Unidos.
Ese tratado había fijado la frontera en el meridiano 82: soberanía colombiana hacia el oriente, con el archipiélago, y nicaragüense hacia el occidente.
En diciembre de 2007, la Corte validó el tratado y confirmó que la soberanía sobre las tres islas principales era colombiana, pero dejó abiertos el estatus de los cayos y la delimitación marítima. La sentencia definitiva llegó en 2012.
El tribunal ratificó de manera unánime la soberanía colombiana sobre todas las islas, cayos y arrecifes, pero al trazar la nueva frontera marítima otorgó a Nicaragua derechos soberanos sobre una vasta extensión de aguas.
Con ello, Colombia perdió cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de su área marítima histórica, en torno al 43% de su espacio en el Caribe.
El entonces presidente Juan Manuel Santos rechazó el fallo y una semana después Colombia denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el Pacto de Bogotá, el instrumento que la sometía a la jurisdicción obligatoria de la Corte.
Con esa denuncia, concretada en 2013, la CIJ perdió competencia para dirimir nuevos conflictos limítrofes entre los dos países.
El último capítulo se escribió en julio de 2023, cuando la CIJ rechazó la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas sobre el mar territorial y el espacio marítimo de Colombia.
Tras esa decisión se cerró el litigio, aunque la delimitación fijada en 2012 quedó intacta, por la soberanía sobre las islas se ratificó ratificada, pero las aguas circundantes quedaron bajo jurisdicción nicaragüense.
Un diálogo con margen estrecho
De la Espriella acompañó el anuncio con una política de defensa integral del territorio: reforzar la vigilancia marítima, combatir actividades ilegales y proteger a los pescadores del archipiélago.
También propuso convertir a San Andrés en un centro de colaboración con los países vecinos en seguimiento marítimo, búsqueda y salvamento, protección de arrecifes y lucha contra el crimen organizado.
El presidente habló además de un diálogo de buena fe con Nicaragua sobre el fallo, pero con la premisa de que los límites colombianos son inalienables y no se cederá ni una milla náutica. El margen para esa negociación es reducido.
Su administración rompió relaciones diplomáticas con Managua en julio de 2026, cerró la embajada y calificó de tiranía al régimen de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el que Colombia arrastra una relación hostil desde el regreso de Ortega al poder en 2007.
El propio decreto no contempla ningún tipo de diálogo con Nicaragua, según explicó Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano.
