Bloomberg — Nicolás Maduro comparecerá de nuevo el jueves ante un tribunal federal de Manhattan, mientras Estados Unidos sigue adelante con un amplio caso de conspiración por narcotráfico y narcoterrorismo contra el derrocado líder venezolano, un caso cargado de implicaciones regionales y geopolíticas.
Los fiscales afirman que Maduro, detenido por el ejército estadounidense el 3 de enero, desempeñó un papel clave en una conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos. También alegan que Maduro y otros se asociaron con grupos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras y que intentó enriquecerse durante sus más de veinticinco años en el gobierno.
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La comparecencia presencial ante el tribunal del jueves será la primera desde el 5 de enero para Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, quien también fue acusada en el caso. Ambos se han declarado inocentes y permanecen detenidos sin derecho a fianza.
Durante la audiencia, los abogados defensores de la pareja y los fiscales informarán al juez federal Alvin Hellerstein sobre las gestiones para que el caso avance. Es probable que el juez discuta con los abogados el calendario de la fase previa al juicio, incluyendo el plazo para las solicitudes de Maduro y Flores para desestimar los cargos o limitar las pruebas que se pueden utilizar en su contra.
En uno de los primeros puntos de conflicto que ya ha surgido, el depuesto presidente venezolano ha afirmado que Estados Unidos le está impidiendo recibir del gobierno de Caracas el dinero que necesita para pagar su defensa legal.
El abogado estadounidense de Maduro, Barry Pollack, declaró ante el tribunal que la ley venezolana exige que el gobierno pague los honorarios legales de Maduro, y que las autoridades venezolanas están dispuestas a hacerlo. Afirmó que Estados Unidos está violando inconstitucionalmente el derecho de Maduro a elegir a su propio abogado, lo que exige el sobreseimiento del caso.
Si a Venezuela no se le permite enviar fondos, Pollack ha solicitado que se le permita retirarse del caso en favor de un abogado de oficio.
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Según la fiscalía, el dinero del gobierno venezolano no puede utilizarse debido a las sanciones estadounidenses contra el país. Maduro y Flores siguen teniendo libertad para usar su propio dinero para pagar a sus abogados, afirmó Estados Unidos en un documento presentado ante el tribunal.
En la audiencia de enero, Pollack le dijo a Hellerstein que anticipaba una gran cantidad de documentos legales “voluminosos y complicados” por parte de la defensa, incluyendo el argumento de que Maduro goza de inmunidad judicial por ser el exlíder de una nación soberana.
Hellerstein, de 92 años, preside el caso y se encargaría del juicio si este llegara a juicio con jurado, aunque eso podría ocurrir dentro de un año o más.
El caso es Estados Unidos contra Maduro, 11-cr-00205 , Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).
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