En cuanto al fondo, la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada de invalidar gran parte del régimen arancelario global del presidente es bienvenida. Sin embargo, la sentencia del tribunal, por muy sólida que sea desde el punto de vista constitucional, no puede por sí sola reparar el daño que ya ha causado el giro proteccionista de Estados Unidos, ni evitar que se avecine algo peor.
Evitar mayores daños dependerá enteramente de la administración y el Congreso. A menos que opten por priorizar la estabilidad, la situación podría desembocar rápidamente en una crisis.
En una votación de 6 a 3, el tribunal consideró que el presidente se había extralimitado en sus funciones al imponer una avalancha de elevados aranceles el año pasado.
Falló que la ley invocada por la Administración, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, no facultaba explícitamente tales medidas al conferir el poder de “regular” el comercio.
Sin embargo, otras cuestiones cruciales quedaron sin resolverse, entre ellas si la Casa Blanca puede sustituir los aranceles por otras herramientas legales o si puede seguir declarando las llamadas emergencias para justificar medidas ejecutivas expansivas.
Los planes para sustituir los aranceles ya están en marcha.
Como respuesta al fallo, el presidente ha declarado que impondrá un nuevo arancel global del 15% en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 y que pondrá en marcha investigaciones con vistas a establecer más gravámenes recurriendo a diferentes autoridades. Por lo tanto, las perspectivas no están más claras que antes.
Concretamente, las empresas que han pagado los aranceles, ahora ilegales, solicitarán una compensación. Si se concederán reembolsos y cómo se gestionarán se ha remitido a los tribunales inferiores, con unos US$170.000 millones de ingresos públicos en juego.
Independientemente del resultado de este nuevo litigio, los cálculos fiscales del Gobierno, que ya eran cuestionables, por decirlo suavemente, quedan ahora descartados.
Es probable que los déficits presupuestarios, que actualmente están muy por encima del 5% del Producto Interno Bruto, sigan creciendo a pesar de los más de US$250.000 millones al año que se esperan recaudar en concepto de aranceles.
La pérdida de esos ingresos crea un enorme déficit, y es poco realista pensar que se pueda subsanar incluso recurriendo de la forma más amplia posible a otras fuentes de ingresos. En otras palabras, la economía se enfrenta a un nuevo y potencialmente enorme shock fiscal.
Como si todo esto no fuera suficientemente preocupante, existe otro peligro mientras el gobierno reflexiona sobre esta dolorosa derrota.
Si el intento del presidente de reimponer los aranceles por otros medios encuentra mayor resistencia por parte de la corte, una posibilidad abierta dada la estrechez del fallo de la semana pasada, podría volcar su ira contra los jueces, de la misma manera que ha intentado intimidar a la Reserva Federal. En ese caso, la corte podría verse envuelta en una disputa sobre quién está al mando.
El revés del gobierno en materia de aranceles podría convertirse en una emergencia fiscal (real, no imaginaria), un duro golpe económico y una crisis constitucional, todo a la vez.
Es de vital importancia que prevalezcan las mentes más sensatas.
La administración debería, como mínimo, suavizar su enfoque comercial, buscando nuevos acuerdos con sus socios comerciales y prescindiendo de cualquier amenaza arancelaria adicional.
Debería colaborar con el Congreso para empezar a restablecer el control fiscal con una disciplina ordenada del gasto, aumentos generalizados de los ingresos y un objetivo viable y bipartidista para los déficits futuros. Y debería esforzarse por contener su furia ante una Corte Suprema que acaba de desestimar su política emblemática.
Ahora mismo, tal consejo podría parecer pedir el cielo y la tierra. Antes de descartarlo, considere la alternativa.
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