Bogotá — Luego de que en un artículo publicado en Semana se informara que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se retiraría del proyecto de Hidroituango ante la posibilidad de cambio de contratistas en este, la Superintendencia Financiera solicitó que Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregué mayor información al respecto.
Desde la delegatura para emisores de la Superfinanciera se solicitó a través de un documento oficial que EPM entregue “información veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado de valores (...) sobre la veracidad de lo mencionado en la citada nota, precisando los riesgos derivados de la posible terminación del contrato y la cesión de este a un tercero, así como su impacto en situación financiera y jurídica de la sociedad”.
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Desde la Superfinanciera se solicitó que se precisen entre otros aspectos, los cuatro puntos que se citarán a continuación:
- Efectos jurídicos y contables en la situación general de la sociedad de llegarse materializar una cesión de los contratos asociados a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
- Efectos financieros sobre la sociedad, particularmente sobre el flujo de caja y el perfil de riesgo de liquidez.
- Efectos sobre los contratos de operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, extranjeras y multilaterales, así como la potencial activación de covenants de aceleración y otras condiciones relevantes pactadas en estos contratos.
- Afectación en el cronograma previsto para la finalización del proyecto e impactos financieros derivados de obligaciones futuras de prestación del servicio.
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Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pidió la siguiente información a Empresas Públicas de Medellín:
- Análisis de los riesgos derivados de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, con la matriz de riesgos actualizada donde se contemple esta posible cesión.
- Cómo podría afectar el cronograma de entrega de la obra y el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme asociadas al proyecto Hidroituango, en caso de cederse los mencionados contratos o en caso de que se obligue a la cesión y no se encuentre a un cesionario.
- Cuáles son los efectos en la financiación del proyecto que pueden derivarse de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, incluyendo pero sin limitarse al retiro del BID del proyecto.
- Las estrategias de mitigación de los riesgos asociados a la liquidez del proyecto por un eventual retiro del BID y del impacto en el riesgo crediticio que esto pueda tener.
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La respuesta de EPM
En comunicación publicada en información relevante de la Superfinanciera, EPM emitió un comunicado en el que indica que la compañía emprendió un “plan de acción con el que busca encarar la eventualidad de que algunos contratistas del proyecto no puedan o no quieran continuar con su ejecución”.
EPM continuó diciendo que “la empresa se ve obligada a ser previsiva ante el anuncio de la Contraloría General de la República de vincular en su investigación a 26 personas naturales y jurídicas por su presunta responsabilidad fiscal en las pérdidas por $4,3 billones. A lo anterior se suma la declaratoria de reorganización empresarial que ante la Superintendencia de Sociedades vienen surtiendo algunos consorciados”, como Conconcreto.
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La compañía asegura que “siempre ha estado interesada en la continuidad del proyecto hidroeléctrico. Por tal razón, le propuso al consorcio que, si es de su interés y teniendo presente que es su derecho, postule lo más pronto posible empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución del proyecto”.
Así mismo, comentó que “en el mismo acto de aprobación de la cesión, se prorrogaría el plazo del contrato con el fin de continuar las obras con las cesionarias. Para definir esta opción, las partes acordaron una nueva reunión el próximo martes, 26 de octubre”.
Por último, la empresa explicó que “el cambio de alguno de los contratistas o consorciados actuales del proyecto no es una situación que obedezca a la voluntad de EPM. Esto sería consecuencia de la eventualidad que el fallo de responsabilidad fiscal quede en firme, lo que llevaría a los contratistas actuales a perder la capacidad jurídica y financiera”.
