:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/K55WJMUFO5GBVD66R63QWY3PDE.jpeg "Superintendencia de Sociedades de Colombia")
Bogotá — La Superintendencia de Sociedades colombiana informó este viernes que han sido impuestas nuevas multas contra los administradores de las sociedades de Centros Poblados, al que le fueron adelantados unos $70.000 millones para un contrato de conectividad rural cuyos avances fueron nulos.
La entidad impuso multas por $300.000.000 a los administradores de las sociedades ($100.000.000 a cada uno), por no atender los requerimientos de la Superintendencia, obstaculizando el desarrollo de su labor investigativa.
Las multas recaen sobre los administradores de ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S., integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados.
La Superintendencia de Sociedades indicó que la Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales de la Delegatura de Supervisión Societaria inició las averiguaciones correspondientes desde agosto de 2021.
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Esto con el fin de determinar si se configuran vínculos de subordinación sobre dichas sociedades.
Hasta el momento dio apertura formal a cuatro investigaciones administrativas para determinar si se configuran situaciones de control o grupo empresarial sobre sociedades vinculadas con la Unión Temporal Centros Poblados.
Además, “la Superintendencia ha venido adelantando, en el marco de sus competencias administrativas, todas las acciones que la ley y las disposiciones reglamentarias permiten en relación con estas sociedades”.
En septiembre del año pasado, la entonces ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiana (MinTIC), Karen Abudinen, se adelantó a la moción de censura y confirmó su renuncia luego de un año y cuatro meses en el cargo presionada por el escándalo del contrato de conectividad a escuelas rurales del país.
La ministra fue cuestionada por otorgar un contrato para conectar escuelas rurales del país a Centros Poblados, un oferente que supuestamente no tenía la experiencia requerida y al que además le fueron entregados $70.000 millones de adelanto.
Para esta inversión, considerada la más importante del Estado en los próximos 10 años en materia de conectividad rural, se dividió el contrato en dos regiones. La zona A fue adjudicada a Claro y la B a Centros Poblados.
Desde 2020 cursaban tanto una acción de tutela (11001-33-42-049-2020-00350-00) como una acción popular (25000234100020200087400) para tratar de impedir la firma de los contratos, el desembolso de anticipos y/o la suspensión del proyecto de conectividad.
Tras la polémica por el contrato de conectividad rural que le costó el puesto a la exministra Karen Abudinen, la firma de telecomunicaciones ETB asumirá la región B.
Sergio González, presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), dijo que “en diciembre del año pasado se firmó un memorando de entendimiento. En este momento se están desarrollando los trámites de temas presupuestales del Ministerio y toda la documentación necesaria para la firma del contrato que, esperamos, se dé hacia mediados de marzo; luego el acta de inicio será el punto cero para la ejecución del contrato”.
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