La semana estuvo marcada por pronósticos pesimistas sobre la economía de Latinoamérica. El Banco Mundial redujo las proyecciones de crecimiento para la región durante los próximos dos años: 2,3% este año y 2,2% en 2023. Según el organismo, el desarrollo de las economías será “mediocre” e “insuficiente” para abordar la pobreza.
Sumado a las estimaciones internacionales, las tasas de inflación del mes de marzo se conocieron por estos días en México (7,45%); Colombia (8,53%); Chile (9,4%); Ecuador (2,64%); entre otros países. En la mayoría de las naciones el IPC sorprendió y alcanzó niveles récords, no experimentados desde hace años.
El alto costo de la vida, que se apodera de las agendas de los Estados, ya comenzó a golpear la estabilidad política de la región. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo enfrenta una crisis debido a protestas impulsadas por los sectores agrarios y de transportes que reclaman el aumento de los precios de fertilizantes y combustibles producto de la guerra en Ucrania. Los ánimos continúan crispados, pese a que el presidente peruano anunció una rebaja temporal del impuesto a las gasolinas y diésel y un reajuste del salario mínimo.
¿Qué pasó con la Ley eléctrica de AMLO?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el jueves la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras desestimar una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición el año pasado.
La validación de la ley, que busca que el control del mercado eléctrico regrese a manos estatales, causó confusión por los votos de los 11 ministros, lo que derivó en un debate sobre lo discutido.
De acuerdo con expertos consultados por Bloomberg Línea, lo que la Corte resolvió es que la Ley Eléctrica sigue vigente y no cambia, se mantiene como está y pervive, por lo que no habrá ninguna sentencia sobre declarar constitucional o inconstitucional la Ley de referencia. Sin embargo, los juicios de amparo en curso y los nuevos que se interpongan cobran mayor importancia, cuando la mayoría de los magistrados votó en contra de los artículos fundamentales.
Una reactivación multimillonaria
A pocos días de cumplir un mes de Gobierno, el presidente Gabriel Boric anunció un plan económico para enfrentar la inflación e impulsar 500.000 empleos en Chile. El ambicioso paquete consta de 21 medidas, entre ellas el aumento del salario mínimo hasta 400.000 pesos chilenos; la ampliación del subsidio IFE Laboral; congelación de la tarifa del transporte y mecanismos para la contención de los precios de combustibles.
La preocupación de los economistas y empresarios pesa sobre la ausencia de iniciativas para potenciar la inversión e impulsar el crecimiento económico dentro del plan, sin embargo. El costo fiscal será de US$3.726 millones, dando prioridad a las mujeres y pequeñas y medianas empresas.
El anuncio coincide con el avance de un proyecto en el Congreso que impulsa un nuevo retiro de fondos de pensiones, lo que presionaría más la inflación; y además con una acelerada pérdida de popularidad del mandatario chileno en sondeos de opinión.
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