:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/TA44TJP5DVB4TD5KDJ4YQWHQAI.jpg "El presidente Guillermo Lasso vetará una ley de la Asamblea")
Quito — Al Gobierno de Ecuador no le gustó nada que la Asamblea derogara la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del Coronavirs, que había entrado en vigor el 29 de noviembre de 2021. Y es por ello que desde el propio Poder Ejecutivo salieron a decir que la norma será vetada, tan solo horas después de haber sido sancionada.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/GERDY6J32BEVRL5DE26HDZKT3A.jpg "Ecuador: Legislativo deroga la reforma tributaria de Lasso tras un año de vigencia")
“El Presidente vetará, por inconstitucional y demágogica”, aseguró desde su cuenta de Twitter el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott.
El funcionario sostuvo que “los proyectos de ley en materia fiscal sólo puede presentarlos el Presidente (según el artículo 135 de la Constitución” y afirmó que “exigir más gastos y eliminar su financiamiento” es “remar en contra del bienestar ciudadano”.
Lejos de ser una expresión aislada de un funcionario, el posteo fue retuiteado por el mismísimo Guillermo Lasso desde su cuenta.
Que había pasado
Horas antes de la reacción del Ejecutivo, la Asamblea Nacional de Ecuador había derogado la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia covid-19, más conocida como reforma tributaria que entró en vigencia a finales de noviembre de 2021 y cuya expectativa de recaudación era US$ 1.900 millones.
De qué se trata la reforma tributaria
El 29 de noviembre de 2021 fue publicada en el Registro Oficial del país la ley tributaria con la intención de procurarle mayores ingresos al fisco. El FMI había condicionado el desembolso de US$700 millones a emisión de la ley y, tras su aprobación, el dinero llegó a las arcas fiscales.
En ese momento, se había acordado con el Fondo una reforma que rinda alrededor de US$1.300 millones, pero tal como se aprobó la norma ese monto ascendió a casi US$1.900 millones. Esto se explica porque la ley entró en vigencia tal como la envió el presidente Guillermo Lasso luego de que el Legislativo no se pusiera de acuerdo para aprobarla o archivarla.
