Un paquete de 200 leyes comenzó a regir este mes en el estado de Florida, donde su gobernador Ron DeSantis puso especial foco en el status migratorio. Sin embargo, estas nuevas normas podrían tener un impacto económico y fiscal considerable para el Estado.
La ley “SB 1718″ que ataca la inmigración a través de distintas áreas es una de las más cuestionadas y ya está teniendo impacto en la composición poblacional de Florida, lo cual repercutirá en su economía.
Los aspectos más relevantes de la ley antiinmigración de DeSantis:
- Considera ilegal que cualquier persona emplee, contrate o reclute a una persona que no esté autorizada para trabajar según la ley federal de inmigración. Las penas alcanzan hasta 15 años de prisión.
- Se penalizarán a aquellas personas que transporten inmigrantes a Florida.
- Los empleadores deberán utilizar el sistema E-Verify, una plataforma en línea operada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que permite a los empleadores verificar si alguien está legalmente autorizado para trabajar en el país.
- Los hospitales deberán recopilar información sobre el estado migratorio.
- Invalida las licencias de conducir de otros estados para inmigrantes indocumentados.
- Aumenta los fondos para reubicar o transportar a los inmigrantes a otras partes de los EE.UU.
- Amplía la autoridad del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) para llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración.
Según KFF, organización sin fines de lucro que investiga políticas sanitarias, la composición del estado de Florida es de 1,8 millones de inmigrantes no ciudadanos, incluidos inmigrantes indocumentados y presentes legalmente, que representan más del 8% de la población del estado. Una mayor cantidad de residentes de Florida vive en familias inmigrantes, que a menudo incluyen personas de estatus migratorio mixto, incluidos niños nacidos en los EE.UU.
Las consecuencias
Reportes diarios en medios de comunicación dan cuenta que aún antes de comenzar a regir la ley el éxodo de familias latinas de Florida se estaba haciendo notar.
Esto tendrá una implicancia directa en la fuerza laboral del Estado, sobre todo en áreas como la construcción, los servicios y la actividad industrial.
De acuerdo al reporte de diferente medios de comunicación ya se dieron diversas situaciones en torno al empleo. Las empresas locales de servicios de alimentos en el estado informaron que no solo perdieron empleados de mucho tiempo como resultado de la nueva ley, sino también clientes que ahora tienen miedo de ir a lugares públicos. Las industrias de la agricultura y la construcción también se han visto afectadas, con informes de sitios de construcción abandonados en el Estado.
“La nueva ley tendrá efectos sustanciales en el mercado inmobiliario de Florida y en la economía en general. La escasez de empleados de construcción provocará retrasos en la finalización del proyecto, y los prestamistas y bancos privados pueden dejar de financiar nuevos proyectos de construcción. Si otros estados siguen el ejemplo de Florida, el desarrollo económico podría disminuir”, indican desde Fort Knox Capital.
KFF, por su parte, dio cuenta que casi las tres cuartas partes de los inmigrantes no ciudadanos no mayores trabajan, una proporción similar a la de sus contrapartes ciudadanos. Los inmigrantes no ciudadanos representan el 11% de la fuerza laboral general de adultos no mayores del estado, pero representan una mayor proporción de trabajadores en ciertas industrias, representando casi cuatro de cada diez (37%) de los trabajadores agrícolas del estado y casi una cuarta parte (23%) en la construcción, junto con los trabajadores de servicios (14%) y transporte (14%). Los impactos de la pérdida de trabajadores en estas industrias pueden tener un efecto dominó mayor en la economía del estado y más allá.
El impacto en la verificación de empleo
El uso del sistema E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de los nuevos empleados por parte de las empresas establece que si un empleador no utiliza el sistema tres o más veces en dos años, el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO, por sus siglas en inglés) tendría que multar al empleador con US$1.000 por día y suspender las licencias comerciales correspondientes hasta que se proporcione evidencia de cumplimiento. Estas sanciones podrían tener un impacto significativo en la economía de Florida, estimándose una pérdida de Us$12.6 mil millones en un año, indica un informe de Florida Policy Institute.
Seis industrias clave en Florida serían especialmente afectadas por estas disposiciones: construcción, servicios profesionales, científicos, de gestión, administrativos y de gestión de residuos, servicios de alojamiento y alimentación, arte, entretenimiento y recreación, comercio minorista y agricultura. Estas industrias emplean a 391.000 trabajadores indocumentados, lo que representa aproximadamente el 10% del empleo en estas áreas. Además, los trabajadores indocumentados en estas industrias ganaron US$12,6 mil millones en salarios en 2019 y contribuyeron con impuestos estatales y locales por cerca de US$923 millones en el mismo año.
La pérdida de trabajadores indocumentados tendría un impacto significativo en el PIB de Florida, ya que estas seis industrias representaron el 25% del PIB estatal en 2019, generando US$275 mil millones. La falta de mano de obra tendría como resultado una pérdida del 10% de la fuerza laboral y los salarios asociados. Como consecuencia, se estima que el PIB de Florida podría disminuir en US$12,6 mil millones en un solo año, lo que equivale al 1,1% de la economía estatal.
