Bloomberg Opinión — Estados Unidos tiene un problema de pobreza y desventaja económica heredada reconocido desde hace tiempo, aunque no por falta de intervenciones políticas. Su red de seguridad social es amplia y abarca múltiples programas, como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP o “cupones para alimentos”), la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) y otros muchos subsidios para ayudar a pagar el cuidado de los niños, la vivienda, la energía y otros gastos. En total, estos programas reciben más de 1 billón de dólares de gasto federal al año.
Sin embargo, son mucho menos eficaces de lo que deberían. Esto se debe, en parte, a que muchas políticas individuales están mal diseñadas o no reciben toda la financiación del Congreso. Pero la complejidad general del sistema también tiene su parte de culpa. Esto hace que las prestaciones sean costosas de administrar y más difíciles de gestionar para muchos de los que reúnen los requisitos para recibir ayuda. Según un nuevo estudio, menos de la mitad de la ayuda prometida por siete grandes programas de lucha contra la pobreza llega a las personas que deberían recibirla. Poner remedio a este fracaso debería ser una prioridad.
Los investigadores del Instituto Urbano midieron los pagos a través de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SNAP, el TANF, el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, los subsidios del Fondo para el Cuidado y Desarrollo de la Infancia, el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos y las viviendas públicas y subvencionadas. El déficit es notable: Si cada uno de estos programas se financiara en su totalidad y participara el 100% de los beneficiarios, los pagos se duplicarían, pasando de US$220.000 millones al año a US$447.000 millones. Eso bastaría para reducir la tasa de pobreza del 14,7% al 10,1%, y la pobreza infantil del 15,2% al 8,5%.
En el mejor de los casos, todo el sistema volvería al tablero de dibujo y se simplificaría y armonizaría internamente, prestando especial atención a las interacciones involuntarias de los diversos programas federales y estatales. Por ahora, hay pocas esperanzas de que se produzca tal revisión. Pero aún es posible avanzar si Washington colabora con los gobiernos estatales y municipales para introducir mejoras basadas en las mejores prácticas.
Para empezar, debería utilizarse la tecnología para simplificar la solicitud de prestaciones y su renovación. Muchos hogares con rentas bajas disponen de teléfonos inteligentes pero no de ordenador personal, por lo que las aplicaciones adaptadas a móviles (con la posibilidad de cargar documentos como fotos) serían de gran ayuda. Las agencias podrían utilizar mensajes de texto para avisar a los beneficiarios existentes de cuándo deben actuar para mantener su cobertura, un paso obvio que dista mucho de ser universal.
Las solicitudes conjuntas, que permiten a los beneficiarios inscribirse en varios programas a través de un proceso racionalizado, también impulsarían la participación. (Illinois, por ejemplo, ayuda a los solicitantes a inscribirse en SNAP, Medicaid y otras ayudas diversas a través de un único portal). Además, las derivaciones a otros programas deberían estar más automatizadas, ya que la elegibilidad para una forma de ayuda a menudo indica la elegibilidad para otras.
Hay que reconocer que estas medidas son soluciones provisionales para un sistema que está demasiado fragmentado y que, en consecuencia, es menos eficaz de lo que debería. Hará falta un esfuerzo sostenido y una reforma global para acercarse al 100% de participación y seguir avanzando en la lucha contra la pobreza. Pero una mejor gestión, un enfoque más centrado en el usuario y un uso más inteligente de la tecnología serían un buen comienzo.
Editores: Clive Crook, Timothy Lavin
