Bloomberg Línea — La designación por parte de EE.UU. de algunos grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, CJNG, Tren de Aragua y MS-13 como organizaciones terroristas ha elevado los riesgos de incumplimiento para las empresas que operan en América Latina, dijeron especialistas de la consultora Control Risk.
Las empresas en la región ahora deben alinear sus operaciones no solo con regulaciones locales sino también con el marco legal estadounidense, en un contexto de mayor escrutinio para evitar cualquier forma de “apoyo material” a organizaciones terroristas y criminales, expusieron especialistas de la consultora en un seminario web.
“El principal desafío para las empresas es que ahora deben afrontar no solo riesgos de seguridad, sino de cumplimiento significativamente mayores”, dijo a Bloomberg Línea Edmundo Sandoval, director asociado de Análisis de Riesgos Globales en Control Risks. “Ya no basta con cumplir con los marcos regulatorios domésticos: también deben asegurar consistencia con la regulación estadounidense en la materia”.
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Explica que esto resulta particularmente retador debido a “la ambigüedad existente” en dicho marco, especialmente en lo relativo a qué conductas serán consideradas como apoyo material a esos grupos.
A comienzo del año pasado, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157 para designar cárteles y otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados.
Algunas designaciones incluyen al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en México; la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) y el venezolano Tren de Aragua.
Ya desde el anuncio, la medida generó confusión y en febrero del año pasado los bancos en México dijeron desconocer las implicaciones por la designación a cárteles como terroristas en EE.UU.
Según Control Risk, hasta ahora la administración Trump ha utilizado la designación para impulsar acusaciones contra individuos más que contra empresas. Entre tanto, para las empresas, el foco ha sido “la disuasión más que la aplicación directa de sanciones”, de acuerdo con la presentación de los especialistas de Control Risks.
En general, los ajustes requeridos, particularmente para empresas multinacionales, consistirán en reforzar procesos de cumplimiento que ya existen, más que en la adopción de estructuras completamente nuevas.
Cualquier vínculo con las organizaciones terroristas extranjeras puede desencadenar fuertes sanciones financieras y/o penas de prisión, advierten los especialistas.
“Si bien ejemplos históricos de sanciones bajo marcos similares sugieren que el umbral será más alto que el pago de extorsiones oportunistas, esto es algo que solo podrá confirmarse una vez que se presenten los primeros casos”, dijo Edmundo Sandoval.
Control Risk considera que las implicaciones para las empresas de la región son significativas, dado que la penetración de los grupos del crimen organizado en la región ha ido mucho más allá de los mercados ilícitos.
Sandoval señala que estas organizaciones se han insertado en mecanismos lícitos de las economías locales e incluso en ámbitos de la política local.
Esto incrementa sustancialmente la necesidad de reforzar los protocolos corporativos de cumplimiento, integridad institucional y conducta ética con terceros.
Asimismo, hace imperativo que los procesos de debida diligencia no se limiten a las interacciones directas de las empresas, sino que se extiendan a cualquier esquema de tercerización, a lo largo de toda la cadena de valor y también a la interacción con terceros no comerciales, incluidas aquellas del ámbito político.
De acuerdo con un informe publicado el año pasado por el Banco Mundial, el crimen organizado y la violencia están agravando el ya frágil panorama económico de Latinoamérica y el Caribe.
Aunque la población de Latinoamérica representa aproximadamente el 9% del total del mundo, esta registra un tercio del total de los homicidios, de acuerdo con el reporte Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, publicado este lunes por el Banco Mundial.
En América Latina y el Caribe, el crimen organizado ejerce una gobernanza sobre los territorios, reemplaza funciones estatales, financia sus actividades mediante extorsión y debilita la democracia a través de la captura del Estado.
“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
¿Alcance limitado?
Las designaciones de grupos criminales como terroristas por parte de EE.UU. es un “show político” y tiene un alcance limitado frente a la naturaleza de estos grupos, opinó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA.
El exfuncionario de la DEA señaló que las herramientas legales vinculadas a este tipo de designaciones ya existen desde hace décadas en la legislación estadounidense, particularmente en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Estas medidas incluyen la incautación de cuentas bancarias en Estados Unidos, sanciones contra ciudadanos estadounidenses que brinden “apoyo material” a estos grupos y restricciones para impedir su ingreso al país.
“Ya tenemos décadas haciendo eso”, dijo Vigil. “Entonces eso nada más es puro teatro político”.
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Desde su perspectiva, la estrategia responde a un intento de Donald Trump de militarizar la lucha los esfuerzos el narcotráfico, algo que considera un error. “El Ejército de Estados Unidos no está capacitado para combatir las drogas”, sostuvo en entrevista con Bloomberg Línea.
Según explicó, a diferencia de organizaciones como ISIS, Al-Qaeda o Boko Haram, los cárteles en Latinoamérica no operan bajo una ideología política o religiosa, sino que están motivados fundamental por el lucro. “Los cárteles nada más se enfocan en las ganancias”.
Vigil considera que las nuevas medidas sí pueden generar impactos en el sector privado en América Latina. Según explicó, la designación de estos grupos ha venido acompañada de otras medidas como presiones comerciales y arancelarias como instrumentos políticos.
Para Vigil, la aplicación de estas normas puede resultar compleja en la práctica, debido a la dificultad para identificar vínculos entre empresas y organizaciones criminales en contextos donde el crimen organizado ejerce presión sobre actores económicos.
“Es difícil identificar a empresas que tengan vínculos con los narcos”, afirmó. A parte de eso, “muchas empresas están amenazadas por los cárteles para lavar su dinero del narcotráfico”.
En ese contexto, considera que estas políticas pueden terminar generando mayor incertidumbre para las empresas que operan en América Latina, especialmente en sectores expuestos a la influencia del crimen organizado.
“Él (Trump) no sabe cómo combatir las drogas. Ha puesto tropas, pero mire lo que pasó con el exmandatario de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022): fue condenado a 45 años de prisión y luego, hace unos meses, Donald Trump anunció que le daría el indulto“, manifestó Vigil. “Entonces, quienes creen que realmente está combatiendo el narcotráfico están totalmente equivocados”.
Los sectores más expuestos
La consultora Control Risk dice que los mayores riesgos identificados se centran en sectores como el de hidrocarburos, particularmente en el retail y el transporte de combustibles.
También ven riesgos en el sector minero, logística y comercio exterior, con un énfasis especial en el ámbito marítimo‑portuario.
“Si bien estos riesgos no implican necesariamente la imposibilidad de realizar inversiones o expansiones, sí hacen crucial que las evaluaciones de amenazas y riesgos, tanto en materia de seguridad como de cumplimiento, formen parte integral de cualquier estudio de viabilidad comercial”, dijo el analista Edmundo Sandoval.
Una de las conclusiones de la evaluación de Control Risk es que el riesgo no es homogéneo, ya que varía entre jurisdicciones, sectores e incluso entre empresas dentro de una misma industria.
Por ello, señalan que es indispensable realizar evaluaciones específicas de amenazas y riesgos que permitan entender con precisión la posición de cada operación. “Solo a través de este ejercicio es posible empoderar a los tomadores de decisiones y diseñar estrategias que aseguren la continuidad operativa en el largo plazo”.
Una vez realizadas las evaluaciones de amenaza y riesgo, se debe proceder a una revisión puntual de los procesos internos de cumplimiento y debida diligencia, con especial énfasis en cubrir no solo al personal y a los socios directos, sino también a las terceras partes.
Control Risk señala que no existe una respuesta estándar aplicable a todas las empresas. “Lo más importante es comprender a cabalidad la exposición específica de cada operación comercial y ajustar las estrategias en función de ese diagnóstico”, remató Sandoval.
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