Bloomberg — El presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetará un proyecto de ley aprobado por el Congreso de Brasil que reduciría la condena que el exmandatario Jair Bolsonaro debe cumplir tras ser declarado culpable de planear un golpe de Estado en 2022, luego de su estrecha derrota electoral.
“Quiero decirles -con todo respeto al Congreso- que en el momento en que llegue a mi escritorio, lo vetaré”, dijo Lula a periodistas en Brasilia este jueves. “Esto no es un secreto para nadie”.
El Senado de Brasil aprobó la legislación el miércoles por la noche, dando el visto bueno final a la propuesta que la cámara baja aprobó a principios de este mes. La ley beneficiaría no solo a Bolsonaro, sino a todos los brasileños condenados por delitos relacionados con el intento de insurrección del 8 de enero de 2023 que siguió a la elección de Lula.
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La medida reduciría la condena de 27 años de cárcel que Bolsonaro recibió en septiembre a 20 años y nueve meses, según los cálculos de la cámara baja. También limitaría el tiempo que el líder derechista pasaría en un llamado “régimen cerrado” a dos años y cuatro meses, por debajo de los seis a ocho años a los que se enfrenta actualmente.
“Haré lo que entiendo que debe hacerse, porque él tiene que pagar por el intento de golpe, por el intento de destruir la democracia de este país”, dijo Lula en una entrevista con un canal de televisión local la semana pasada.
Es probable que el veto exacerbe las tensiones entre Lula y el Congreso, en un momento en el que ambas partes ya han batallado por un nombramiento para el Tribunal Supremo y otras cuestiones. Para aumentar las tensiones, los partidarios de Lula organizaron grandes manifestaciones contra la legislación el pasado domingo.
La legislación también podría no apaciguar a los partidarios de Bolsonaro, incluyendo a su hijo Flavio, que han presionado por una amnistía amplia e incondicional para el ex presidente y otros involucrados en el intento de insurrección.
Flavio, senador, dijo a principios de este mes que cuenta con el respaldo de su padre para presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año, una decisión que hizo mella en las esperanzas de los inversores de que el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, desafiara a Lula en su lugar.
Flavio dijo después que estaba abierto a negociar su candidatura con los legisladores centristas, pero que el precio de abandonar su candidatura presidencial sería asegurar la libertad de su padre y su elegibilidad para presentarse en 2026.
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Independientemente de la decisión de Lula, el caso podría llegar al Tribunal Supremo, que ha condenado a más de 800 personas por delitos relacionados con los disturbios del 8 de enero. Si la apelación llega al tribunal, los magistrados podrían declarar inconstitucional la medida del Congreso.
El juez Alexandre de Moraes, que supervisa los casos relacionados con la intentona golpista, criticó la idea de reducir las penas durante un juicio celebrado el martes.
“Eso enviaría un mensaje a la sociedad de que Brasil tolera, o tolerará, nuevos coqueteos con el autoritarismo”, dijo. “La respuesta del Estado debe ser firme y castigar a quienes intentaron destruir la democracia de Brasil”.
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