Bloomberg Línea — El alza del impuesto predial para 2026 desató protestas del campesinado colombiano que ha visto cómo en algunos casos su obligación fiscal aumentó más del 100%, lo cual desató un nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y mandatarios locales, a la vez que pone en jaque la base electoral de la izquierda colombiana.
VER MÁS: ¿De qué se trata el proyecto que busca incrementar el valor del impuesto predial?
“Gustavo Petro utiliza una narrativa polarizada, dividiendo entre buenos y malos, para evitar asumir responsabilidades sobre el aumento del predial, que es una decisión del Gobierno Nacional, no de los alcaldes”, explicó el analista político Carlos Arias.
En 2022 el Gobierno tramitó ante el Congreso su Plan Nacional de Desarrollo el cual, en sus artículos 43 al 45, aborda la “consolidación del catastro multipropósito y tránsito hacia el sistema de administración del territorio”.
En dicho PND quedó establecido que “el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación coordinarán la elaboración de una propuesta de ley que permita poner límites al crecimiento del impuesto predial unificado derivado del reajuste del avalúo catastral”.
Aunque el PND obligaba a presentar una ley que impusiera topes al incremento predial, la cual no pasó en el Congreso, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) emitió este 14 de abril la resolución 0384 de 2026 que permite a las direcciones territoriales ajustar los porcentajes de incremento de valores catastrales mediante actos administrativos de carácter general.
Protestas en áreas rurales
Las protestas en Colombia por el incremento del impuesto predial en 2026 surgieron principalmente por la actualización de los avalúos catastrales realizada en cientos de municipios, lo que provocó aumentos significativos en el valor de los predios y, en consecuencia, en el impuesto a pagar.
En varios casos, ciudadanos y campesinos denunciaron incrementos considerados excesivos, que en algunos municipios llegaron a duplicar o incluso multiplicar varias veces el valor del predial.
Este descontento se extendió por departamentos como Santander, Boyacá, Norte de Santander y Cundinamarca, donde propietarios argumentaron que los nuevos avalúos no reflejaban su realidad económica.
Las manifestaciones incluyeron bloqueos de vías, especialmente en Santander, donde se registraron protestas campesinas que afectaron la movilidad y el transporte de bienes, generando pérdidas económicas y riesgos de desabastecimiento.
Los manifestantes exigieron revisar los avalúos, congelar o reducir los cobros y garantizar mayor transparencia en el proceso.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional defendió la actualización catastral como un mecanismo para corregir el rezago histórico en los valores de los predios y culpó a los gobiernos municipales de los cobros por impuesto predial.
VER MÁS: Gobierno Petro defiende proyecto de predial y niega que busque subir el impuesto
Amenaza a alcaldes
En un intento por desmarcar al Gobierno de su responsabilidad en los incrementos del impuesto predial, el presidente Petro aseguró que la actualización catastral no es la responsable del alza y que son los alcaldes los llamados a rebajar tarifas.
“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, advirtió Petro en su cuenta de X, en donde agregó que “hay prioridades y la solución del avalúo catastral no está en la nación sino en los municipios”.
En Colombia los alcaldes no son subordinados del presidente, por lo cual la advertencia desató críticas de mandatarios locales.
“Sobre el catastro: sus medidas tienen al país en paro campesino, con el Centro Oriente paralizado y un descontento creciente. Los gobernadores damos la cara mientras el Gobierno Nacional no aparece”, le replicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Pero también atrajo críticas de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien aseguró que, “no evada su responsabilidad, presidente. Usted es uno de los causantes de este problema”.
Además, agregó que la amenaza de destitución es ilegal. “Hoy amenaza a alcaldes con destituciones inconstitucionales en lugar de asumir la responsabilidad. Eso no es liderazgo: es cobardía política”, indicó Valencia.
El choque de Petro con mandatarios locales se da a apenas un mes y medio de las elecciones presidenciales de primera vuelta.
Para Arias, Petro se ha caracterizado por buscar enfrentar bandos, ricos vs pobres; empresarios vs trabajadores y por ello “dependiendo de cómo mueva esa narrativa, de los alcaldes contra el presidente o los alcaldes contra el pueblo y los campesinos, va a verse afectada esa base electoral campesina de los votantes”.
