Bogotá — El presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, se comprometió a comenzar a deportar a los migrantes indocumentados como parte de una campaña de seguridad más amplia, una política que podría afectar a cientos de miles de venezolanos que residen en el país sin permiso de residencia.
La policía iniciará las operaciones ya esta misma semana, según afirmó el presidente durante una reunión del Consejo de Seguridad celebrada este fin de semana en Barranquilla.
“Los colombianos deben ser lo primero, lo segundo y lo tercero”, afirmó De la Espriella en unas declaraciones que se emitieron el lunes. “Que comiencen las operaciones coordinadas para localizar a los inmigrantes ilegales, en primer lugar a aquellos que cometen delitos y, a continuación, a aquellos cuya situación no está regularizada”.
La retórica de “Colombia primero” del líder conservador marca un giro en un país donde la inmigración no ha sido un tema político nacional de primer orden, a pesar de la llegada de millones de venezolanos que huyen del colapso económico de su país.
Además, acerca a De la Espriella a su aliado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, y a políticos conservadores de otros países de América Latina que se han comprometido a aplicar medidas de inmigración más estrictas.
Colombia ha soportado la mayor parte de la crisis migratoria de Venezuela, ya que millones de personas han cruzado la frontera —de 1.400 millas (2.250 kilómetros)—, cuyo control es escaso, para huir del hambre y la represión política. Actualmente hay unos 2,8 millones de venezolanos viviendo en Colombia, de los cuales más de medio millón carecen de estatus migratorio regular, según datos de la agencia de migración.
De la Espriella afirmó que la campaña de represión se aplicará a los migrantes «procedan donde procedan». Sin embargo, prácticamente todos los inmigrantes en situación irregular del país proceden de Venezuela.
Los sucesivos gobiernos colombianos han intentado regularizar su situación, dada la facilidad con la que pueden cruzar la frontera. En 2021, el expresidente conservador Iván Duque creó un programa de protección temporal que ofrecía estatus legal a más de un millón de venezolanos.
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