Bloomberg Línea — Las vigencias futuras alcanzaron un máximo histórico tanto en pesos como en porcentaje del PIB, luego de que las autorizaciones pasaran de COP$186 billones en 2025 a COP$255 billones en 2026, un incremento real de 37,1%, el mayor desde 2015.
De acuerdo con Corficolombiana, el aumento estuvo explicado, en buena medida, por la aprobación de COP$82 billones en nuevos proyectos de inversión, de los cuales cerca del 40% deberá pagarse durante los próximos cuatro años.
Las vigencias futuras son el principal mecanismo de financiación de los grandes proyectos de infraestructura vial de la historia reciente del país y permiten comprometer recursos de presupuestos futuros para ejecutar obras que tardan varios años, pese a que el presupuesto público se aprueba anualmente.
El análisis resalta que el incremento de las autorizaciones se concentró en el último año del Gobierno, un comportamiento que considera llamativo.
También recuerda que el sector transporte fue uno de los de menor ejecución presupuestal durante el cuatrienio y que, al cierre de junio de 2026, apenas había ejecutado el 11,5% de su presupuesto de inversión, el porcentaje más bajo entre los cinco sectores con mayores apropiaciones.
“Esto sugiere que buena parte de la agenda de inversión no se gestionó de manera constante a lo largo del mandato, sino que se concentró en la etapa final del periodo, cuando ya quedaba poco margen para ejecutar lo que se estaba comprometiendo”, señala Corficolombiana.
En total, durante el último año se aprobaron vigencias futuras para más de 50 proyectos de inversión. “El mayor corresponde a la construcción y mejoramiento de la vía Estanquillo–Popayán, bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP), con vigencias futuras por COP$19,8 billones”, destacó la firma.
Además, añade que en transporte también sobresalen el Tren Zipaquirá–Bogotá, con COP$15,2 billones, y la vía Pasto–Estanquillo, con COP$2,2 billones.
Sin embargo, el análisis identifica un cambio frente a años anteriores, pues además de los proyectos de transporte se autorizaron COP$38 billones para iniciativas de otros sectores, entre ellas Colombia Solar, con COP$7,2 billones, y el programa de mejoramiento de infraestructura de educación superior, con COP$5,9 billones.
Sobre este cambio, el documento afirma que “este viraje en los proyectos de última hora amerita revisar el rigor técnico con el que se autorizaron estos compromisos de largo plazo”.
Añade que “vale la pena preguntarse si esta última ola de autorizaciones, concentrada al final del mandato, estuvo respaldada por evaluaciones suficientemente rigurosas de costo-beneficio, madurez y rentabilidad económica y social”.
El análisis también advierte que la mayor parte de la carga de estos compromisos recaerá sobre la siguiente administración.
Entre 2027 y 2030, el próximo Gobierno deberá desembolsar, en promedio, COP$25,2 billones anuales por concepto de vigencias futuras, de los cuales cerca de COP$8 billones al año corresponden a autorizaciones aprobadas durante el último año.
Como porcentaje del PIB, estos pagos promediarían 1,2% anual, equivalente a una presión fiscal adicional de 0,4 puntos del PIB por año frente a la senda prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025.
El documento explica que este resultado también obedece a un cambio en el tipo de vigencias futuras utilizadas. Mientras que hasta 2022 predominaban las asociadas a proyectos de alianzas público-privadas (APP), en 2026 las vigencias futuras excepcionales crecieron 89%, frente a un aumento de 9,7% en las APP y una reducción de 55,1% en las ordinarias. Como consecuencia, las excepcionales representan ahora el 63% del total de autorizaciones.
“Las vigencias futuras excepcionales tienen una particularidad importante: permiten comprometerse a pagar una obra sin tener que comprometer recursos desde el primer año, por lo que todo el costo queda para más adelante”, indica el análisis.
En el balance del cuatrienio, Corficolombiana señala que se aprobaron vigencias futuras por COP$197 billones. Aunque precisa que no fue el Gobierno que más autorizó este mecanismo en términos históricos, sí identifica un patrón diferente.
“Comprometió relativamente poco de su propio presupuesto, pero le dejó al siguiente Gobierno la mayor carga de vigencias futuras de la que se tenga registro”.
En cifras, autorizó COP$85 billones con cargo a su propio periodo y dejó compromisos por COP$51 billones que deberán ser asumidos por la siguiente administración.
“La discusión de fondo gira alrededor de la eficiencia del gasto público y de la calidad de las decisiones de inversión”, afirma el documento.
También señala que “más que el volumen de recursos comprometidos resulta fundamental evaluar la calidad de los proyectos, su grado de madurez, su retorno esperado y su contribución a una asignación eficiente de los recursos públicos”, al tiempo que considera prioritario preservar y fortalecer este mecanismo de financiación.
