Bogotá — La Corte Constitucional dio un nuevo espaldarazo a la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, al declarar ajustada a la Constitución la mayor parte de la Ley 2381 de 2024.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de 7 a 1, después de más de ocho horas de discusión.
El fallo evita que la reforma sea hundida por completo, pero mantiene abierta una revisión sobre nueve artículos o apartes de la norma.
La Corte ordenó devolver esos puntos a la Cámara de Representantes para que sean nuevamente tramitados y se subsanen los problemas de procedimiento identificados en el trámite legislativo.
La corporación ya había devuelto la reforma al Congreso en 2025, al considerar que en su aprobación original no se había garantizado una deliberación adecuada en la Cámara. En esa oportunidad, el Legislativo tuvo que repetir parte del trámite.
Ahora, el Congreso tendrá un plazo de 30 días hábiles para cumplir las órdenes de la Corte y volver a discutir los puntos cuestionados.
La decisión deja en firme el núcleo de la reforma pensional. Entre los elementos que permanecen están los cuatro pilares del nuevo sistema: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.
También se mantiene el cambio estructural que busca que Colpensiones y los fondos privados dejen de operar como sistemas que compiten entre sí y pasen a complementarse dentro de un esquema de pilares.
El fallo representa así una victoria para el Gobierno anterior, que convirtió la reforma pensional en una de sus principales banderas legislativas.
Sin embargo, la reforma todavía deberá superar el último trámite ordenado por la Corte. Los artículos devueltos deberán ser discutidos nuevamente por la Cámara, mientras el resto de la ley queda respaldado por el alto tribunal.
La decisión también posterga la entrada en vigor del nuevo sistema pensional. Según la información conocida tras el fallo, las normas avaladas comenzarán a aplicarse el 1 de abril de 2027.
De esta manera, la Corte evitó tumbar una de las reformas estructurales del gobierno Petro, pero volvió a poner bajo revisión del Congreso algunos de sus componentes por razones relacionadas con el trámite legislativo.
