Bogotá — ANIF, tanque de pensamiento económico colombiano, propuso seis medidas para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano el pasado 10 de agosto.
Las cifras preliminares citadas por ANIF estiman pérdidas de COP$24,5 billones en edificaciones y COP$5,5 billones en infraestructura, equivalentes a cerca de 1,6% del PIB en pérdidas económicas directas. Según la entidad, las afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó incluyen daños en viviendas, edificaciones, hospitales, vías y aeropuertos.
En ese contexto, y en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno, ANIF planteó movilizar recursos públicos y privados de manera ágil, sin recurrir a tributos permanentes ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Revisar recursos del Presupuesto
La primera propuesta consiste en revisar los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación de 2026 que todavía no hayan sido ejecutados.
ANIF estima que el monto máximo susceptible de revisión asciende a COP$20,1 billones, excluyendo sectores que requieran redirección de recursos por la tragedia.
La entidad plantea dar prioridad a los sectores cuya ejecución presupuestal de inversión sea inferior a 20%. También propone que, durante la aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2027, se prioricen las entidades encargadas de la gestión del riesgo y de las labores de atención, búsqueda, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.
Usar recursos de regalías
La segunda medida apunta al Sistema General de Regalías (SGR).
Con cifras a corte de julio de 2026, ANIF propone liberar COP$3,7 billones correspondientes a proyectos que no cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal y, por tanto, no respaldan procesos contractuales.
Además, plantea focalizar hacia proyectos de reconstrucción COP$10,1 billones del recaudo del SGR que todavía no han sido asignados a proyectos de inversión.
La propuesta también contempla permitir que los municipios afectados aprueben directamente proyectos de atención de la emergencia y reconstrucción de infraestructura, aunque estos no estén incluidos en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo, siempre que cumplan criterios de asignación relacionados con los daños y la población afectada.
Crédito para microempresarios
ANIF también propone habilitar líneas de crédito con garantía para microempresarios afectados, a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG).
La propuesta, basada en la experiencia de la emergencia por Covid-19, contempla coberturas de entre 60% y 90% del valor del crédito, además de posibles periodos de gracia iniciales definidos por la Superintendencia Financiera.
De acuerdo con estimaciones de ANIF, si entre 30% y 80% de las microempresas ubicadas en la zona de emergencia solicitaran estos créditos, las capitalizaciones del Gobierno Nacional al FNG estarían entre COP$90.000 millones y COP$240.000 millones.
Ampliar Obras por Impuestos
Otra de las medidas consiste en extender temporalmente los mecanismos de Obras por Impuestos y Obras por Regalías a los territorios afectados.
La propuesta busca permitir que empresas financien proyectos de reconstrucción en ciudades afectadas que actualmente no califican para estos mecanismos, entre ellas Pereira, Manizales y Cali.
En el caso de Obras por Impuestos, ANIF plantea que el CONFIS apruebe una asignación extraordinaria para la reconstrucción. Para 2026, el cupo fue establecido en COP$1,145 billones, de los cuales quedarían disponibles cerca de COP$269.000 millones.
Anticipo voluntario sobre el impuesto de renta
ANIF también propone crear un Anticipo Solidario para la Reconstrucción.
El mecanismo permitiría que los contribuyentes del impuesto de renta realicen voluntariamente un pago adicional de hasta 10% del impuesto liquidado en su declaración.
Ese monto sería descontado en su totalidad en la declaración del año siguiente. Según la propuesta, no se trataría de un nuevo impuesto, sino de un anticipo voluntario destinado a proporcionar liquidez inmediata al Gobierno.
Para garantizar la trazabilidad y el reconocimiento del aporte como crédito tributario, ANIF plantea que el Gobierno expida un Certificado de Anticipo Solidario para la Reconstrucción.
Flexibilizar rentas de destinación específica
La sexta propuesta consiste en evaluar una flexibilización temporal del uso de algunas rentas de destinación específica durante la emergencia económica.
ANIF menciona entre ellas las asociadas al ICBF, SENA y otras entidades, siempre que ello sea permitido por el marco constitucional y legal aplicable.
El objetivo sería liberar recursos para atender las necesidades prioritarias derivadas de la emergencia.
ANIF señala que, en conjunto, las seis medidas buscan movilizar recursos públicos y privados para la reconstrucción de las zonas afectadas, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni recurrir a cargas tributarias permanentes. La entidad ubica estas propuestas en línea con las lecciones de la experiencia del Eje Cafetero de 1999.
