Quito — A partir del sismo de Balao, el Gobierno ecuatoriano tomó la decisión de implementar un bono de arrendamiento de emergencia para auxiliar a las familias cuyos hogares se han visto afectadas por la tragedia.
Para ello, se reformará el Decreto Ejecutivo 405, expedido el 21 de abril de 2022, el mismo que en su artículo 18 establece los lineamientos a seguir por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en los casos de emergencias, desastres naturales, casos fortuitos de fuerza mayor.
El propio Lasso anunció el nuevo bono de arrendamiento por emergencia
“Hoy, hemos creado un bono de arrendamiento de emergencia y vamos a adquirir al sector privado casas ya construidas para dar soluciones más rápidas a quienes han perdido las suyas. Hay 192 casas afectadas y 89 viviendas destruidas”, aseguró el presidente, Guillermo Lasso.
Lasso indicó que el bono será un mecanismo de atención temporal a los damnificados por desastres ocasionados por fenómeno de origen natural, cuya vivienda resulte “colapsada” o “inhabitable” y que se encuentre comprendida dentro del ámbito de una zona declarada en estado de emergencia.
Así también, informó que se declarará el Estado de Excepción sin restricción de derechos a escala nacional, a fin de acelerar la contratación pública de las estructuras afectadas.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda , como ente rector del hábitat y vivienda en Ecuador, será la entidad que establecerá los lineamientos para la entrega de estos incentivos.
“Este incentivo de arrendamiento por emergencia se ha creado para brindar una respuesta inmediata a las familias que más lo necesitan, cuyas viviendas resultaron afectadas”, explicó Gabriela Aguilera, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda.
La funcionaria añadió: “El bono se aplicará temporalmente, mientras se proceden con los procesos precontractuales y contractuales para la construcción, reconstrucción, reparación y/o adquisición de viviendas, según se requiera”.
Según el comunicado oficial, el Gobierno del Ecuador “continuará ejecutando acciones y tomando decisiones ante los hechos ocurridos”, a fin de que la ayuda llegue a los damnificados “de manera rápida, oportuna y efectiva”, garantizando “el derecho de las familias ecuatorianas a disponer de una vivienda adecuada y segura”.
