Bloomberg — El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado a tiros en Ciudad de Guatemala, lo que reavivó la preocupación por la seguridad de los funcionarios de justicia que se enfrentan a poderosos intereses políticos y criminales en el país.
Según la policía, el abogado de 43 años y exjefe de impuestos fue baleado junto con otro hombre en el complejo deportivo Campo Marte el sábado. La policía arrestó a dos sospechosos.
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Los fiscales, jueces y abogados vinculados a la campaña anticorrupción de Guatemala han sufrido represalias durante años en forma de procesos penales, encarcelamiento o exilio, lo que pone de manifiesto la fragilidad de un sistema de justicia que el presidente Bernardo Arévalo ha convertido en una prioridad de su gobierno.
En mayo, Arévalo nombró a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general para reemplazar a Consuelo Porras, una adversaria de larga data sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países por presunta corrupción y por perseguir a figuras destacadas en la lucha contra la corrupción y los derechos humanos. Porras ha negado haber cometido delito alguno.
Arévalo condenó el asesinato de Solórzano Foppa el sábado en una publicación en X, pidiendo que los autores del ataque y quienes lo ordenaron sean llevados ante la justicia.
“Quienes creen que el terror puede intimidar al pueblo de Guatemala y al gobierno que dirijo están equivocados”, afirmó.
Solórzano Foppa trabajó durante más de una década en el Ministerio Público de Guatemala y dirigió investigaciones criminales durante el período en que la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por la ONU, llevaron a cabo importantes casos de corrupción. Entre ellos se incluyó una investigación por fraude aduanero que contribuyó a la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina en 2015.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó este año que Guatemala cumplió con el 11% de sus criterios de integridad fiscal, en comparación con un promedio del 52% en la OCDE, y con el 8% de sus criterios de integridad judicial, frente al 45% en el conjunto de la OCDE.
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