Bloomberg Línea — Un tribunal de Honduras dejó sin efecto el martes los cargos de lavado de activos y fraude contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), en relación con su primera campaña presidencial, con lo que el exmandatario quedó sin procesos judiciales pendientes, nueve meses después de ser indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
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El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, dijo a periodistas que, tras valorar los delitos de lavado de activos y fraude en el caso conocido como Pandora II, el juez determinó que no existió trazabilidad del dinero destinado a la campaña política y dictó el sobreseimiento definitivo. Además, señaló que quedaron sin efecto las medidas cautelares y que se entregó la carta de libertad.
El expresidente fue extraditado a Estados Unidos en 2022, acusado de convertir a Honduras en un “narcoestado”. En 2024, un tribunal federal lo declaró culpable de narcotráfico y delitos de armas y lo sentenció a 45 años de prisión.
Trump le concedió el indulto el 1 de diciembre de 2025, tras una campaña de su familia y operadores políticos estadounidenses, entre ellos Roger Stone.
Tras el fallo del martes, Hernández, de 57 años, dijo a simpatizantes en Tegucigalpa que “hoy se cierra este episodio de persecución política, pero debo decir que estoy golpeado por lo que mi familia ha sufrido”.
Exmandatarios absueltos
El caso de Hernández es al menos el tercero en lo que va de 2026 en cerrarse a favor de un expresidente latinoamericano, después de fallos similares en Costa Rica y Perú, y uno en Colombia a finales de 2025.
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En Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió el 21 de octubre de 2025 al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, al revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta en primera instancia —la primera contra un jefe de Estado en la historia del país—.
No obstante, en agosto, la Fiscalía General de la Nación determinó que continuará con la investigación en su contra, después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pidiera que el proceso fuera remitido a esa corporación por considerar que algunos de los hechos investigados podrían estar relacionados con su condición de expresidente de la República.
En Perú, el Tribunal Constitucional anuló el 31 de julio el proceso por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado en abril de 2025 a 15 años de prisión por aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas, y ordenó su excarcelación inmediata.
La decisión se produjo semanas después de que la justicia archivara el proceso similar contra la actual mandataria, Keiko Fujimori.
En Costa Rica, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) fue absuelto el 29 de mayo del delito de peculado en el caso Reaseguros, una de las causas más extensas del país, abierta hace 25 años, tras un juicio que se extendió de agosto de 2025 a mayo de 2026. Junto a él fueron absueltos otros cinco exfuncionarios.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato en las elecciones del 4 de octubre, llegó a ser condenado por al menos tres casos de corrupción en el marco de la operación Lava Jato, con penas de hasta 12 años de prisión, aunque el Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias y cerró los casos en 2021.
Sin embargo, no todos los fallos han favorecido a los exmandatarios. El 29 de agosto, un tribunal de Ecuador condenó a cinco años de prisión al expresidente Lenín Moreno (2017-2021) por el delito de cohecho en el caso de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, adjudicada a la china Sinohydro, y le prohibió ejercer cargos públicos de por vida.
La lista de presidentes latinoamericanos con problemas judiciales no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas, desde condenados por corrupción hasta procesados por intentos de golpes de Estado. Perú llegó a tener cuatro exmandatarios presos simultáneamente en la cárcel de Barbadillo, mientras que en Uruguay ninguno de los mandatarios del período democrático ha sido investigado, imputado o condenado.
