Bloomberg — México entregó a las autoridades estadounidenses un nuevo grupo de reclusos con presuntos vínculos con cárteles de la droga, la última señal de cambios en la cooperación en materia de seguridad con Washington bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Los 37 presos enfrentan procesos judiciales en EE.UU. “debido a sus vínculos con organizaciones criminales y por representar un riesgo para la seguridad pública”, dijo la Secretaría de Seguridad de México en un comunicado enviado vía mensaje de texto.
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La administración de Sheinbaum pidió al Departamento de Justicia que se comprometiera a no aplicar la pena de muerte en sus casos, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en un mensaje en X. Lo mismo solicitó en dos traslados anteriores de reos.
“La acción se realizó conforme a la ley de seguridad nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, agregó García Harfuch.
Desde febrero del año pasado, el gobierno de Sheinbaum ha enviado a las autoridades estadounidenses a 92 presos acusados de estar vinculados con cárteles de la droga, en el último grupo incluido. Una entrega anterior incluyó al narcotraficante Rafael Caro Quintero, implicado en el asesinato de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la década de 1980.
Los prisioneros fueron transportados en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana bajo una fuerte seguridad proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, quienes portaban armas largas, según un video compartido por la Secretaría de Seguridad.
Los 37 prisioneros fueron enviados a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, dijo García Harfuch. El grupo incluía a Armando Gómez Nuñez, conocido como “Delta 1”, líder de Los Deltas, parte del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. Pedro Insunza Noriega, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva, también fue extraditado.
Sheinbaum ha estado sometida a una intensa presión para que tome medidas enérgicas contra el tráfico transfronterizo de drogas, especialmente de fentanilo, ya que el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles punitivos a los productos mexicanos si no se logran más avances.
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La presión sobre gobiernos latinoamericanos como México y Colombia para que adopten una postura más firme contra el crimen organizado podría apoyar las economías de esos países a medio y largo plazo, afirmó Jimena Zúñiga, analista de geoeconomía para América Latina y economista para Argentina de Bloomberg Economics.
“Si no se controla, la delincuencia relacionada con las drogas puede expandirse, amenazar la autoridad del Estado y convertirse en macrocrítica, como demostró la experiencia de Colombia a finales de los ochenta y principios de los noventa”, afirmó Zúñiga. “En los últimos años, los grupos relacionados con la droga han ampliado el control territorial en muchas economías latinoamericanas, lo que subraya este riesgo”.
El Grupo Bilateral de Implementación de Seguridad de EE.UU. y México tiene previsto reunirse el 23 de enero para seguir repartiendo acciones para contrarrestar a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas a través de la frontera compartida, según un comunicado publicado por el Departamento de Estado la semana pasada.
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