Ciudad de México — El robo de combustible a la empresa estatal Petróleos Mexicanos, conocida como Pemex, creció 14% durante el primer año de Gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, según su reporte financiero más reciente enviado a la Comisión de Bolsa Valores en Estados Unidos, conocida como SEC.
La compañía mexicana reportó una pérdida de MXN$23.491 millones, unos US$1.300 millones, por la extracción ilegal de combustibles durante 2025 frente a los MXN$20.529 millones que registró en 2024 por este delito.
Pemex estimó que el promedio de combustible robado fue de 19.600 barriles diarios en 2025, un incremento de 15% comparado con el año previo.
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“Durante 2025, experimentamos un aumento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos”, informó la empresa en el documento.
Pemex identificó 11.774 y 10.591 tomas ilegales a oleoductos en 2024 y 2025, respectivamente.
El año pasado, la petrolera estatal reportó una pérdida neta por MXN$81.655 millones, unos US$4.545 millones, presionada por el desempeño de sus divisiones de exploración y extracción y transformación de energia, según el reporte.
Las autoridades mexicanas han realizado múltiples operativos para identificar y confiscar el combustible ilegal, pero han sido insuficientes ante la sofisticación y amplitud de las redes ilegales del país en los últimos años, además de la posibilidad de que los propios trabajadores de Pemex y representantes del Gobierno participen en el delito.
“Estamos expuestos al riesgo de que algunos de nuestros empleados o funcionarios públicos participen, o sean percibidos como participantes, en el mercado ilícito de combustibles”, escribió Pemex en el documento.
El gigante petrolero dijo que ha implementado iniciativas para proteger a trabajadores, instalaciones, activos y valores, desde vigilancia y patrullaje de las Fuerzas Armadas a los sistemas de transporte por ductos, hasta la coordinación con otras autoridades como la Fiscalía General de la República, el Sistema de Administración Tributaria, Unidad de Inteligencia Financiera y la autoridad reguladora Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente entre otras.
Pemex dijo que también ha incorporado herramientas tecnológicas para localizar centros de extracción clandestinos, atención de quejas ciudadanas, fortalecimiento de sistemas de monitoreo y fugas, mayor seguridad alrededor de los ductos.
”Las medidas que hemos tomado en conjunto con el Gobierno mexicano para reducir el mercado ilícito de combustibles no han dado como resultado una mejora sostenida”, admitió la empresa en el reporte enviado a la autoridad financiera.
La lucha contra el robo de combustible, un delito conocido coloquialmente como huachicol, se intensificó en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) con resultados mixtos.
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El cierre abrupto de ductos en los primeros días de 2019 provocó compras de pánico y desabasto en múltiples puntos del país con largas filas de automóviles en estaciones gasolineras.
Aunque hubo un descenso en las cifras de robo, también enfrentó uno de los episodios más sangrientos para la compañía en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde murieron 137 personas por la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex, que incluso fue custodiado por policias y militares antes del accidente.
Con López Obrador, la empresa estatal dejó de publicar las cifras mensuales de tomas clandestinas en su sitio web, mientras el Gobierno se enfocó en difundir la disminución en barriles diarios.
El huachicol es un delito que se remonta a la década de los años 90 con el expresidente priista Ernesto Zedillo (1994-2000), pero comenzó a agravarse en la administración derechista de Felipe Calderón (2006-2012) y se exacerbó durante la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien abrió el mercado de combustibles a la iniciativa privada.
