Bloomberg Línea — El Gobierno venezolano encara el último trimestre del año con el ingreso de los trabajadores nuevamente en el centro de la agenda, en momentos en que el salario mínimo legal permanece congelado desde marzo de 2022 y la política de remuneraciones ha girado en los últimos años hacia las bonificaciones.
Durante la instalación de la 82ª Asamblea Anual de Fedecámaras, la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que las conversaciones entre Gobierno, empresarios y trabajadores tendrán un punto de definición el próximo mes.
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“En el mes de noviembre vamos a tener resultados de las mesas de consenso laboral y social”, dijo Rodríguez ante representantes del sector privado, sin precisar qué medidas podrían derivarse de esas conversaciones ni confirmar un nuevo monto para el salario mínimo.
La declaración mantiene abierta la expectativa sobre un eventual ajuste de los ingresos antes de finalizar el año, aunque por ahora no permite afirmar que habrá un aumento del salario base.
El antecedente más reciente ayuda a entender por qué. En abril, Rodríguez elevó el llamado ingreso mínimo integral a US$240 mensuales, pero el salario mínimo permaneció en Bs. 130. Días después, el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, explicó que el incremento se realizaría por la vía de las bonificaciones y no del salario, con el argumento de evitar una mayor presión sobre la inflación.
¿Qué significa hoy un ingreso mínimo de US$240?
La diferencia entre salario mínimo e ingreso mínimo integral es central para entender la discusión.
El salario mínimo legal continúa establecido en Bs. 130 mensuales, una cifra fijada en marzo de 2022 por el entonces presidente Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses en enero. En aquel momento, la cifra en bolívares equivalía a unos US$30; actualmente representa menos de US$1 al tipo de cambio oficial.
Los US$240 corresponden al ingreso mínimo integral, no al salario base.
En el caso de los trabajadores activos de la administración pública, el esquema quedó compuesto por Bs. 130 de salario mínimo, más US$200 correspondientes al bono de guerra —posteriormente denominado Ingreso Integral de los Trabajadores— y US$40 de bono de alimentación o cestaticket, calculados y pagados en bolívares a la tasa oficial.
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Así, el aumento anunciado en abril llevó el ingreso de referencia de unos US$190 a US$240, pero sin modificar la base salarial sobre la que se calculan prestaciones sociales, vacaciones, utilidades y otros beneficios laborales.
Ese diseño explica la diferencia entre lo que un trabajador puede recibir efectivamente cada mes y el salario que figura como referencia legal.
También significa que un eventual anuncio en noviembre tendrá que observarse no solo por su monto, sino por qué parte del ingreso tendría carácter salarial y cuál llegaría nuevamente mediante bonificaciones.
La inflación sigue condicionando el ingreso
La discusión se produce además en una economía donde los precios continúan aumentando.
La inflación en Venezuela volvió a desacelerarse en septiembre y se ubicó en 8,4%, una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al 8,9% registrado en agosto, según los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Con el dato de septiembre, la inflación acumulada durante los primeros nueve meses de 2026 alcanzó 225,3%, mientras que la variación anualizada se ubicó en 465,5%, de acuerdo con cálculos de Bloomberg Línea a partir de las cifras del BCV.
Por eso, la evolución del ingreso nominal no necesariamente equivale a una recuperación del poder adquisitivo. Para los trabajadores, la variable determinante es cuánto pueden comprar con ese dinero después del aumento de los precios.
El propio diseño del ingreso integral refleja esa dificultad: el Gobierno establece una referencia en dólares para las bonificaciones, aunque estas son pagadas en bolívares y el salario legal continúa expresado en la moneda nacional.
Rodríguez mira ahora hacia 2027
El anuncio de noviembre se suma a una propuesta de mayor alcance para el próximo año.
Rodríguez dijo ante Fedecámaras que ha pedido al equipo económico que, a partir de 2027, todo crecimiento de las remuneraciones de los trabajadores esté por encima del crecimiento del PIB.
La presidenta encargada no estableció una fórmula ni precisó si esa referencia implicará modificar directamente el salario mínimo.
La propuesta está vinculada al escenario de mayor inversión que el Gobierno espera para los próximos años, especialmente en petróleo y gas. Rodríguez aseguró que Venezuela ya tiene 61 acuerdos en materia de hidrocarburos suscritos y otros 44 en negociación, lo que elevaría a 105 el número de convenios en proceso.
Según la mandataria, esa expansión de la actividad energética tendrá efectos sobre otras áreas de la economía, desde proveedores de bienes de capital hasta hotelería y restaurantes, y podría generar unos 320.000 empleos directos, indirectos y derivados durante los próximos cuatro años.
El gobierno también ha colocado en el centro de esa estrategia su nuevo acercamiento con Estados Unidos. Washington y Caracas han avanzado en una agenda de cooperación energética y económica después de años de confrontación, mientras empresas estadounidenses participan en los nuevos proyectos petroleros.
El acuerdo binacional anunciado en agosto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros, con reservas estimadas en unos 65.000 millones de barriles y una inversión proyectada superior a US$100.000 millones, según las estimaciones divulgadas por Rodríguez.
La mandataria ha presentado este giro energético como una de las bases para aumentar la producción y generar nuevas fuentes de empleo y divisas. La producción petrolera, dijo ante Fedecámaras, acumula un crecimiento de 8% este año y ronda los 1,2 millones de barriles diarios.
El dólar no será la referencia oficial
En paralelo con esa estrategia, Rodríguez descartó que la dolarización sea el camino para la economía venezolana, pese al peso que tiene la moneda estadounidense en las transacciones y remuneraciones privadas.
“No es la dolarización la que va a resolver el problema de Venezuela”, afirmó, al defender el fortalecimiento del bolívar y la soberanía monetaria como parte de la estrategia económica.
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La posición introduce otra variable en la discusión salarial. Mientras el ingreso mínimo integral se presenta en una referencia de US$240 y parte de las remuneraciones privadas se negocia tomando el dólar como referencia, el Gobierno insiste en mantener al bolívar como moneda nacional y en reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.
Rodríguez aseguró que esa brecha pasó de más de 60% en enero a 11,7% actualmente, según las cifras manejadas por el Ejecutivo.
