Bloomberg Línea — El dinero que se mueve por una cuenta bancaria en Venezuela podría quedar más estrechamente conectado con la información que utiliza el Estado para determinar si una persona o empresa está cumpliendo con sus obligaciones tributarias.
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) formalizaron esta semana una alianza para el intercambio de información y la interconexión con el sistema financiero nacional, una medida que apunta a automatizar parte de los procesos de fiscalización y fortalecer la recaudación de impuestos.
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El anuncio, realizado el 7 de octubre, no establece que el Seniat vaya a tener acceso irrestricto a todas las cuentas bancarias de los venezolanos ni detalla qué datos estarán disponibles para consulta automática. Las autoridades hablan de intercambio seguro de información, bajo estándares técnicos y criterios de confidencialidad, para mejorar la planificación y seguimiento de la recaudación e identificar posibles inconsistencias tributarias.
Pero el cambio sí puede ser relevante para contribuyentes, comerciantes, trabajadores independientes y empresas: el sistema financiero puede convertirse en una fuente más integrada para contrastar lo que una persona o compañía declara ante el fisco con la actividad económica que efectivamente registra a través de los bancos.
¿Qué significa en la práctica?
El ejemplo más sencillo es el de un comerciante que declara determinado nivel de ingresos ante el Seniat, pero registra de manera recurrente operaciones financieras que no parecen guardar relación con esa declaración.
La interconexión anunciada permitiría hacer ese tipo de cruces de información de una manera más automatizada. El propio Seniat señala que el objetivo es fortalecer su capacidad para detectar “desviaciones o inconsistencias” en los procesos tributarios de los contribuyentes.
Eso no significa que cada transferencia bancaria vaya a generar automáticamente un impuesto o una fiscalización.
La diferencia está en que el Estado busca contar con mejores herramientas para identificar operaciones que requieran una revisión tributaria y reducir la dependencia de procesos manuales para obtener y comparar información.
El alcance exacto dependerá de cómo se implemente el convenio y de los mecanismos técnicos que finalmente conecten al Seniat con las instituciones financieras. Hasta ahora, las autoridades no han publicado un detalle de qué campos de información serán compartidos, con qué frecuencia ni bajo qué parámetros se activarán los cruces.
Una facultad que ya existía
La alianza tampoco parte de cero desde el punto de vista legal.
El Código Orgánico Tributario establece que bancos e instituciones financieras están obligados a colaborar con la Administración Tributaria y suministrar la información que sea requerida por los funcionarios competentes. La norma también establece que esta obligación no puede ser impedida invocando el secreto bancario.
Al mismo tiempo, la legislación señala que la información obtenida por la Administración Tributaria tiene carácter reservado y que su utilización y comunicación están sujetas a las condiciones establecidas en la ley.
Por eso, el anuncio de Seniat y Sudeban puede entenderse menos como la aparición de una nueva facultad y más como un intento de digitalizar y hacer más eficiente una capacidad de fiscalización que ya existe.
¿A quién puede afectar más?
El impacto potencial es mayor para quienes desarrollan actividades económicas dentro del sistema financiero formal.
Un trabajador independiente que recibe pagos de clientes en una cuenta bancaria, un pequeño comercio que cobra por transferencias, una empresa que mantiene cuentas en distintos bancos o una persona que realiza operaciones comerciales de manera frecuente pueden formar parte de ese universo de información que el Estado busca integrar.
El propio Seniat afirma que la alianza también pretende fomentar la formalización de las actividades comerciales que registran compras y ventas dentro del ecosistema financiero nacional y que esa formalización puede facilitar un mayor acceso a los servicios ofrecidos por la banca.
En otras palabras, la misma trazabilidad que puede servir para fiscalizar también puede convertirse en una herramienta para demostrar actividad económica y construir un historial más formal frente al sistema financiero.
El Estado está buscando recaudar más
La medida llega además cuando el Seniat está mostrando un aumento importante de sus ingresos.
En septiembre, el organismo reportó una recaudación de 1.003.772 millones de bolívares, equivalentes a US$1.198 millones, un incremento de 37,6% frente a septiembre de 2025 y de 13% respecto a agosto. Los tributos internos aportaron Bs. 679.123 millones, mientras que la recaudación aduanera alcanzó Bs. 306.452 millones.
El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), por su parte, aportó Bs. 18.197 millones durante el mes, unos US$21,7 millones según el reporte divulgado por el organismo.
La conexión entre el sistema tributario y el financiero encaja, por tanto, dentro de una estrategia más amplia de digitalización, automatización y formalización de la economía.
Lo que todavía no está claro
La pregunta central ahora es qué información circulará realmente entre ambas instituciones.
El anuncio oficial habla de “intercambio de información e interconexión con el sistema financiero nacional”, pero no precisa públicamente si se tratará de consultas sobre determinadas operaciones, reportes periódicos, cruces automatizados de bases de datos u otro mecanismo tecnológico.
Tampoco se ha informado públicamente qué tipo de operaciones podrían activar una revisión ni cuáles serán los criterios utilizados para distinguir una inconsistencia tributaria de una operación financiera ordinaria.
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Por eso, para los venezolanos, el efecto más inmediato no es que una transferencia bancaria pase automáticamente a convertirse en un impuesto. Es que la distancia entre la actividad financiera que queda registrada en los bancos y la información que maneja el fisco puede hacerse cada vez menor.
Y para una economía en la que una parte importante de las operaciones comerciales se ha desplazado hacia medios electrónicos, esa trazabilidad puede convertirse en uno de los principales instrumentos de fiscalización del Estado.
