Bloomberg Línea — La reconstrucción de Venezuela no dependerá únicamente de la llegada de inversiones ni de la recuperación de su industria petrolera. También exigirá una transición política con plazos verificables, instituciones independientes y garantías para evitar que los activos del país terminen bajo el control de nuevos grupos de poder. Esa fue una de las principales advertencias de la cumbre sobre la reconstrucción venezolana celebrada el 13 de octubre en el Parlamento Europeo, en Bruselas.
El encuentro, organizado con participación del eurodiputado croata Stephen Nikola Bartulica, el eurodiputado polaco Adam Bielan y el economista venezolano Jorge Jraissati, presidente del Economic Inclusion Group, reunió a políticos, economistas y especialistas para discutir los desafíos de una eventual transición, las oportunidades de recuperación económica y las reformas institucionales que necesitaría el país.
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La discusión estuvo cubierta bajo la premisa de que la apertura económica no puede avanzar al margen de la democratización. Para los participantes, el desafío consiste en aprovechar la oportunidad política para reconstruir una economía que ha perdido buena parte de su capacidad productiva, sin permitir que las estructuras de poder existentes condicionen el reparto de sus beneficios.
“La estabilización debe abrir el camino a la democracia. No puede convertirse en una excusa para aplazarla”, sostuvo el diputado venezolano Armando Armas, al plantear uno de los principales riesgos del proceso: que las redes que han controlado el Estado sobrevivan a los cambios políticos y conserven su capacidad de influencia.
Armas, integrante de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y recientemente retornado a Venezuela tras más de seis años en el exilio, defendió la necesidad de desmontar las estructuras que, a su juicio, han convertido las instituciones públicas en instrumentos de control, enriquecimiento e impunidad. La independencia judicial, la profesionalización de los organismos de seguridad y la transparencia de las finanzas públicas figuran entre las condiciones que considera indispensables.
El parlamentario también insistió en que los avances políticos deben traducirse en mejoras concretas para la población. “Una familia que espera agua, electricidad o medicinas no puede esperar indefinidamente”, afirmó, al reclamar una secuencia creíble de reformas, hitos medibles y resultados tangibles.
La advertencia conecta la dimensión institucional con la económica. Para los participantes, la reconstrucción no puede medirse únicamente por el volumen de capital que entre en el país, sino por su capacidad para generar empleo, recuperar los servicios públicos y ampliar las oportunidades de los venezolanos.
Una transición sin calendario definido
La urgencia de establecer garantías y plazos también estuvo presente en la intervención de Bárbara de Jesús, estratega de comunicación política del Economic Inclusion Group, quien llevó al debate la perspectiva de los venezolanos que permanecen en el país.
De Jesús reconoció avances posteriores al 3 de enero, entre ellos la liberación de presos políticos, el retorno de dirigentes y activistas y una mayor apertura del espacio público. Sin embargo, advirtió que esas señales no equivalen a una transición consolidada. En su intervención señaló que todavía había más de 300 presos políticos, restricciones para personas excarceladas, medios independientes con sus dominios bloqueados y un aparato represivo que, según dijo, no había sido desmantelado por completo.
La falta de un calendario electoral definido fue otro de los puntos que destacó como una fuente de incertidumbre. A su juicio, la permanencia del chavismo en el poder obliga a vigilar que el proceso no se convierta en una estrategia para prolongar su supervivencia política.
“El momento Muro de Berlín en Venezuela será el momento en el que los venezolanos seamos realmente libres”, afirmó De Jesús, al cuestionar que el cambio del 3 de enero pueda considerarse, por sí solo, el punto de llegada de la transición.
La dirigente también alertó sobre el riesgo de que quienes promovieron controles económicos, nacionalizaciones y ataques a la propiedad privada sean los mismos encargados de dirigir la recuperación. Para atraer inversión, sostuvo, será necesario restablecer la confianza y crear condiciones para que tanto el capital extranjero como el talento venezolano en el exterior puedan participar en la reconstrucción.
La diáspora ocupó un lugar central en ese planteamiento. De Jesús cifró en nueve millones los venezolanos que viven fuera del país y defendió la necesidad de generar incentivos para su retorno. La recuperación, en esa perspectiva, no dependerá exclusivamente de recursos financieros, sino también de la posibilidad de reincorporar profesionales y emprendedores que han desarrollado su experiencia fuera de Venezuela.
¿Qué piden los expertos para la transición: justicia, elecciones o inversión?
La discusión sobre la justicia y el futuro de las instituciones tuvo un contrapunto en la experiencia de Europa central y oriental. Bartulica recordó que, tras la caída del comunismo, antiguos integrantes del aparato estatal lograron conservar influencia económica y política en varios países, incluso después de las transformaciones institucionales.
El eurodiputado defendió que Venezuela debe aprender de esas experiencias para evitar que quienes participaron en la destrucción de las instituciones se beneficien de la reconstrucción. Sin embargo, también reconoció que las medidas para apartar a antiguos funcionarios del poder deben aplicarse con cuidado para evitar abusos.
Desde Suecia, el parlamentario Markus Wiechel resumió el problema con otra advertencia: “La amnesia no es estabilidad. Es un conflicto aplazado”. Su argumento fue que una transición necesita combinar rendición de cuentas por los delitos más graves, esclarecimiento de la verdad y posibilidades de reconciliación, sin confundir esta última con la impunidad.
Wiechel también subrayó que el mandato democrático de la oposición debe traducirse en un Estado funcional. Para ello, consideró prioritario contar con tribunales independientes y una autoridad electoral creíble antes de celebrar nuevos comicios, además de abordar el papel de las fuerzas de seguridad y los intereses económicos vinculados al antiguo orden.
La reconstrucción institucional, por tanto, fue presentada como una condición para que la recuperación económica resulte sostenible y para que sus beneficios no terminen concentrados en grupos conectados políticamente.
¿Por qué la luz frena la recuperación económica de Venezuela?
La dimensión económica de la cumbre puso el foco en una limitación inmediata: la incapacidad del sistema eléctrico para abastecer de manera fiable a hogares e industrias.
Alessandro Cecere, ingeniero industrial y economista especializado en infraestructura energética y centros de datos, sostuvo que no es posible hablar de recuperación productiva sin aumentar la generación eléctrica. En su intervención recordó que millones de venezolanos en algunos estados pasan más de diez horas al día sin servicio y advirtió que esa precariedad condiciona tanto la creación de empleo como la expansión de sectores industriales y tecnológicos.
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“Sin un aumento de la producción eléctrica en Venezuela, no podemos hablar de recuperación económica”.
Cecere contrastó la capacidad instalada del sistema, que estimó en 34 gigavatios, con una producción aproximada de 13 gigavatios frente a una demanda de 16. También señaló que varias instalaciones hidroeléctricas e industriales funcionan muy por debajo de su capacidad, mientras que parte de la infraestructura requiere inversiones, equipos y personal especializado.
El problema, explicó, no se limita a reparar centrales o incorporar nuevas turbinas. También comprende años de desinversión, fallas de gestión y pérdida de capital humano. Cecere sostuvo que Venezuela necesita recuperar la capacidad técnica para operar su sistema eléctrico y crear condiciones que permitan el regreso de ingenieros y profesionales que hoy trabajan fuera del país.
La oportunidad, en su opinión, está en combinar capital y experiencia europea con el conocimiento de quienes construyeron parte de la infraestructura venezolana. “Europa ayudó a construir Venezuela una vez. Estamos aquí porque somos optimistas en que puede hacerlo de nuevo”, señaló.
La propuesta conecta con una visión más amplia de la recuperación energética. En lugar de limitarse a incrementar la producción de petróleo y gas, los participantes plantearon aprovechar los recursos disponibles para impulsar industrias de mayor valor agregado, desde el aluminio y los fertilizantes hasta los centros de datos.
Jraissati defendió que la energía puede convertirse en una ventaja competitiva para Venezuela en un momento en el que la expansión de la inteligencia artificial aumenta la demanda de electricidad y gas natural. El país, sostuvo, dispone de recursos que podrían contribuir a abastecer esa demanda, siempre que consiga resolver sus restricciones de infraestructura y atraer inversiones.
Crédito, deuda e inversión para reactivar el resto de la economía
El diagnóstico energético estuvo acompañado por una discusión sobre las dificultades para financiar la recuperación. El economista Ángel Alvarado señaló que la contracción de la economía venezolana ha sido excepcionalmente profunda y que la recuperación exige corregir desequilibrios fiscales, reducir la inflación y abordar una deuda pública que describió como una de las principales restricciones para acceder a nuevo financiamiento.
Alvarado defendió la necesidad de avanzar en una reestructuración de la deuda que permita recuperar el acceso al crédito público y financiar proyectos como la rehabilitación del sistema eléctrico. También planteó que el país debe superar la dependencia de la exportación de hidrocarburos y convertirse en un centro de energía capaz de alimentar actividades industriales y tecnológicas.
“No se trata solamente de producir petróleo y gas en Venezuela”, sostuvo. La oportunidad, explicó, consiste en utilizar esa energía para desarrollar aluminio, amoníaco, urea y centros de datos, ampliando las fuentes de crecimiento y exportación.
La reactivación financiera fue otro de los ejes del debate. Jesús Lander, especialista en financiación estructurada y cofundador de Parabolik, sostuvo que el reducido acceso al crédito impide que la recuperación petrolera se extienda al resto de la economía, incluidos el transporte, la agricultura y la vivienda.
Lander propuso que las instituciones europeas utilicen mecanismos de garantía para reducir los riesgos que enfrentan los primeros inversores. La idea consiste en respaldar proyectos y empresas que cumplan determinados criterios, de modo que puedan acceder a financiación sin que los organismos europeos tengan que desembolsar todo el capital por adelantado.
El especialista también destacó el potencial de las nuevas tecnologías para reconstruir parte de la infraestructura financiera. La inteligencia artificial y la cadena de bloques, planteó, podrían facilitar la recuperación de bases de datos y sistemas de crédito, aprovechando la experiencia de empresas financieras tecnológicas que ya operan en Venezuela.
La apuesta por la inversión, no obstante, estuvo acompañada de una advertencia. Alvarado insistió en que las privatizaciones deben realizarse mediante procesos transparentes, con garantías judiciales y reglas que impidan que antiguos grupos de poder se apropien de los principales activos.
“La prioridad del nuevo Gobierno de Venezuela debe ser el Estado de derecho, un Tribunal Supremo independiente y la independencia de poderes”, sostuvo. Solo después, argumentó, podrá avanzar un proceso de privatización que evite reproducir esquemas de capitalismo de amiguismo.
El papel de Europa en la reconstrucción
La cumbre también planteó que Europa tiene margen para ampliar su participación económica en Venezuela, en un momento en el que la seguridad energética, el acceso a minerales críticos y la diversificación de las cadenas de suministro ocupan un lugar creciente en la agenda europea.
Jraissati sostuvo que el continente puede aportar capital, conocimiento técnico y estabilidad regulatoria, pero advirtió que necesita coordinar mejor sus instrumentos financieros y sus políticas hacia Venezuela.
Entre las áreas de interés mencionó la energía, las telecomunicaciones, la logística y las finanzas.
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La propuesta no se limita a facilitar la entrada de empresas europeas. También busca que la inversión contribuya a crear condiciones para una economía más abierta, con derechos de propiedad protegidos y oportunidades para emprendedores que no dependan de sus conexiones políticas.
En esa línea, Armas defendió que Europa apoye la reconstrucción institucional, la sociedad civil, el desarrollo regional y la observación electoral, sin sustituir la capacidad de decisión de los venezolanos. “Los venezolanos deben determinar, en última instancia, el futuro de Venezuela”.
